A media mañana del 4 de mayo de 2017, el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, entró a la Casa Rosada y enfiló hacia el despacho de Mauricio Macri. Allí estaba el entonces presidente reunido con un grupo de sus ministros más influyentes: Patricia Bullrich (Seguridad), Rogelio Frigerio (Interior) Germán Garavano (Justicia), Guillermo Dietrich (Transporte) y Jorge Triaca (Trabajo). También estaba sentado Gustavo Arribas, por entonces director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Ese encuentro fue el huevo de la serpiente de la “Gestapo” antisindical, cuando las autoridades nacionales y provinciales de Cambiemos decidieron impulsar causas penales contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina que terminaron con él preso. Hacia ese punto inicial se encamina la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI), que tiene previsto empezar a citar a los exfuncionarios del macrismo que participaron de ese cónclave, según pudo saber Página/12.
Gran parte de lo que sucedió en la reunión de la Casa Rosada se conoció por el descargo que hizo el propio Villegas al ser indagado por el juez federal Ernesto Kreplak en el marco de la causa conocida como “Gestapo”. Villegas dijo que lo convocaron a la Casa de Gobierno y que la gobernadora María Eugenia Vidal le encomendó explicar el contexto de la disputa con Medina, líder de la Uocra en La Plata.
El mismo Villegas relató qué dijeron los ministros nacionales y recordó particularmente que Bullrich había dicho que ella logró encarcelar al Pata, pero que ahora se había convertido en un “intocable”. Según Villegas, la reunión se cerró con Macri diciéndole: “Si necesitás algo de los que están acá, hacelo saber”.
La sugerencia de colaboración habría estado enfocada directamente hacia Arribas, según reveló el periodista Raúl Kollmann en este diario. La AFI ya venía mirando las bases de datos estatales del Pata y de su esposa, pero los controles se intensificaron después del encuentro en la Rosada. Esa misma semana comenzaron los seguimientos de los espías conocidos como Súper Mario Bros.
La determinación de avanzar con la citación a quienes podrían haber participado de esa etapa inicial de persecución a los sindicatos se tomó este jueves después de un plenario de la CBI, que no estuvo falto de trifulcas entre el Frente de Todos y el PRO particularmente. Dos de sus referentes, Cristian Ritondo y Gerardo Milman, habían objetado que el presidente de la comisión, Leopoldo Moreau, pidiera informes a la Justicia de San Nicolás para saber si se había violado la ley de inteligencia en una investigación sobre dirigentes del gremio de Camioneros que habían bloqueado una distribuidora.
Desde el macrismo se presentó el pedido de informes como una interferencia indebida a la Justicia. A nivel de la Bicameral, lo que decían Milman y Ritondo era que Moreau había actuado por su propia cuenta. Ese argumento quedó bastante relegado este jueves después de que la Bicameral respaldara su actuación. Además, en el organismo también destacaban que el juez que actualmente está a cargo del expediente, Román Parodi, entendió que debía investigarse si hubo tareas de inteligencia ilegal en la causa contra los referentes de Camioneros.
En la previa del plenario, se presentaron tres denuncias contra Moreau e integrantes de la Bicameral en los tribunales de Comodoro Py: la primera la hizo un denunciador frecuente, Santiago Dupuy de Lome; la segunda fue de diputados de la Coalición Cívica de Elisa Carrió y la tercera de la propia Florencia Arietto, que oficia de abogada del dueño de la distribuidora.
“Esta multiplicidad de denuncias la habíamos preanunciado. Dijimos que habría una ofensiva judicial con apoyo mediático. Es la práctica de una vendetta mafiosa”, le dijo Moreau a Página/12 al finalizar la sesión en la CBI. “Yo atribuyo esta ofensiva al avance de la causa Gestapo porque, por primera vez, se rompió el pacto de silencio: exagentes y el exdirector de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra dijeron que practicaron el espionaje por orden de Arribas y de Silvia Majdalani. Esto pone la causa a las puertas mismas del despacho de Macri”, agregó el diputado del FdT, que resaltó que la CBI está llegando a la responsabilidad política del espionaje durante la era Cambiemos.
La causa de la Gestapo se inició en diciembre pasado después de que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunciara el hallazgo de un video en el que se veía cómo funcionarios del gobierno de Vidal, el intendente Julio Garro, espías y empresarios concertaban cómo impulsar las causas contra Medina.
En el plenario también se decidió invitar a Caamaño a exponer a la Bicameral en una reunión abierta, según explicaron fuentes del cuerpo. Por el momento, no hay fecha para la presentación de la exfiscal. Caamaño ya visitó la CBI en octubre de 2020, cuando dijo que el espionaje ilegal fue parte de la política de inteligencia del macrismo. El martes último, la interventora compartió un panel con la exministra de Seguridad Sabina Frederic, que lanzó un instituto de políticas en materia de seguridad, delito y violencias. Ante ese escenario, Caamaño insistió en la necesidad de reformar la ley de inteligencia, que fue uno de los anuncios que hizo Alberto Fernández al inaugurar el año legislativo.