Las cuatro entidades del campo realizarán hoy y mañana un lockout agropecuario en repudio a la decisión del Gobierno de subir las retenciones a la exportación de soja y girasol. Durante ese lapso no se comercializarán granos, carnes ni leche. El consumidor no sentirá el impacto porque se necesitarían más días para poner en riesgo el abastecimiento. De hecho, el último lo-ckout rural, realizado en diciembre de 2006, duró más de una semana y no tuvo efecto en las góndolas. Tampoco perjudicará a la producción porque los chacareros seguirán trabajando, como lo hacen habitualmente. Lo único que no harán es comercializar la mercadería. Distinta sería la situación, si decidieran sostener la protesta por más tiempo, pero por ahora lo único que buscan los dirigentes rurales es expresar su disconformidad a través una medida que busca tener más impacto simbólico que real.

Esta vez los encargados de formular las críticas más duras hacia el Gobierno no fueron los sectores liberales nucleados en Carbap sino la Federación Agraria, entidad que agrupa a los pequeños y medianos productores. Su presidente, Eduardo Buzzi, aseguró ayer que “la actitud del Gobierno muestra que no tiene límites en la distorsión de la realidad”. “Se trata de un anuncio de corte fiscalista, recaudatorio y hasta autoritario, que lo único que hace es agrandar la caja que maneja discrecionalmente el gobierno nacional”, agregó. El dirigente incluso llegó a definir al ministro de Economía, Martín Lousteau, como alguien que “está lejos de entender de lo que se habla: ya que repite como un papagayo, y así habla del campo”. “No es contra la sociedad sino para cambiar la política agropecuaria”, agregó Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales Argentinas.

Los máximos dirigentes rurales de las otras dos entidades (Sociedad Rural y Coninagro) también criticaron el tono fiscalista de las retenciones, durante la conferencia de prensa en la que se anunció la protesta. Para ellos, lo único que busca el Gobierno es recaudar, pues desestimaron los argumentos de los funcionarios que justifican la medida como la mejor opción para mantener a raya el precio de los alimentos.

También criticaron que las retenciones móviles se hayan anunciado para un período de cuatro años, pues afirman que a partir de ahora no se beneficiaran con las eventuales subas de precios internacionales que se produzcan y encima deberán afrontar un aumento paulatino de los costos.

Las palabras de los dirigentes rurales podrían haber llevado a algún incauto a pensar que la situación del campo es desesperante, pero lo cierto es que lo único que hizo el Gobierno fue retrotraer el valor neto que recibían los productores por las exportaciones al nivel de diciembre de 2007, cuando ya regían precios y ganancias extraordinarias. El precio del girasol, por ejemplo, subió 91 por ciento en los últimos seis meses. En el mismo período la soja subió 68 por ciento, el maíz 39 y el trigo 38 por ciento.

El porcentaje de la retención también es fuertemente cuestionado, pues en el caso de la soja afirman que el Gobierno se queda con casi la mitad de cada barco exportado y ese margen puede seguir subiendo. Lo que no dicen es que el 55,9 por ciento que reciben ahora por cada barco que sale del país lleno de soja equivale a mucho más dinero que el que les tocaba cuando se quedaban con el 65 por ciento.

Otra crítica apuntó a que las retenciones no son coparticipables. Por lo tanto, el gobierno nacional se queda con una riqueza que se genera en las provincias y les gira a las mismas sólo una parte de ese beneficio. Los productores sostienen que en el campo faltan obras de infraestructura necesarias para seguir creciendo porque el dinero no vuelve “al interior”. Por eso prometieron que van a reunirse con los gobernadores para tratar de articular una acción que los incluya y que a la vez se potencie con su presencia. El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, es visto por los dirigentes rurales como su mayor esperanza dentro de ese grupo. En este punto, el más escéptico resultó Buzzi, quien dijo reconocer las limitaciones de los gobernadores que de vez en cuando se deben “arrodillar” ante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para pedir dinero. Por el lado del Gobierno, quien ayer habló fue el secretario de Agricultura, Javier De Urquiza, quien se manifestó a favor del diálogo y sostuvo que “todo sector está facultado para hacer lo que crea” en referencia a la protesta. Además aseguró que mañana se volverán a abrir los registros de exportación.