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Producción: Tomás Lukin.

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Precarización sin equidad

Por Mariano Féliz *

Historiar la distribución del ingreso implica dar contenido histórico y sociológico a la determinación de los salarios (su nivel y dispersión) y la productividad laboral. Es decir, dar un fundamento social a la dinámica de las variables económicas que determinan el reparto de la riqueza social. En la Argentina, entre la Segunda Guerra Mundial y el final del segundo gobierno peronista, la batalla por la distribución fue ganada por aquellos que vivían de su trabajo. En esta etapa, con el desarrollo de su capacidad organizativa, el pueblo trabajador pudo ampliar progresivamente la apropiación de los frutos de su actividad. Entre 1943 y 1955, los salarios reales aumentaron el doble que la productividad, llevando la participación de los trabajadores en el ingreso a sus máximos históricos.

Desde el primer quinquenio de los cincuenta comenzó un proceso de avanzada de los sectores de poder que, viendo disputado su dominio, decidieron iniciar una ofensiva. El golpe del ’55 marcó el comienzo de una etapa en la cual los sectores más concentrados del capital intentaron recuperar el terreno perdido echando mano a la represión abierta del movimiento popular y a la incorporación de nuevas tecnologías. Los resultados hacia mediados de los ’70 marcaron para la gran burguesía los límites de esa estrategia. Si bien pudieron contener parcialmente el avance de los trabajadores (pues los salarios comenzaron a crecer menos que el ritmo de la productividad al tiempo que la desigualdad salarial aumentaba), estaba claro que necesitaban algo más: el descabezamiento de los sectores más movilizados del pueblo trabajador y la desarticulación de la solidaridad de clase construida durante la sustitución de importaciones.

La dictadura militar primero y luego, con otros matices e intensidad, los gobiernos electos que la sucedieron, avanzaron en el deterioro de la capacidad de trabajadores de disputar su participación en la distribución del ingreso. Hoy, a pesar del crecimiento de la economía y la productividad, los niveles de pobreza y desigualdad distributiva son inusitadamente altos y persistentes. Mientras que el ingreso por habitante es mayor que hace treinta años, la pobreza es 10 veces más elevada (alcanzando a más de 25 por ciento de la población), la desigualdad de ingresos aumentó un 50 por ciento (los ingresos del 10 por ciento más rico de la población son 28 veces mayores que el ingreso del 10 por ciento más pobre) y los salarios reales se encuentran aún 20 por ciento por debajo de los niveles de aquellos años. La participación de trabajadoras en el ingreso se redujo por debajo de los niveles de las últimas décadas en el presente modelo neodesarrollista.

Este es el resultado de la proliferación de formas de contratación precarias que dejan a millones de trabajadores desprotegidos y dificultan su organización para luchar por mejores condiciones. Los sindicatos encuentran serios problemas para articular estas diferentes figuras. En general, ni siquiera lo intentan. En este marco, muchos jóvenes trabajadores se ven forzados a navegar como pueden el circuito infernal que ofrecen las empresas de empleos temporarios. Crece la productividad laboral, la intensidad y la extensión de la explotación, pero el pueblo trabajador (disperso y desarticulado) aún busca los medios para disputar en las empresas y fuera de ellas, una mejor distribución de la riqueza.

Pero la desigualdad que resulta de la precarización puede transformarse en una fuente de conflicto cuando se politiza. El crecimiento con desigualdad, como el actual, es crecimiento con pobreza y salarios bajos. Crecimiento que no es desarrollo y conduce inevitablemente a la inestabilidad social y política.

Frente a esto, el Gobierno debería actuar sobre los elementos que fundamentan la pobreza y la desigualdad: atacando la precariedad laboral, los bajos niveles de salarios y una política fiscal y tributaria regresiva. Sin embargo, ha privilegiado otra modalidad de intervención: reprimir para aplacar el descontento de manera directa cuando judicializa la protesta social, e indirectamente a través de la intervención coactiva de sus organizaciones sindicales y políticas afines.

* Economista, docente-investigador de la Universidad Nacional de La Plata.

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Deterioro del salario real

Por Damián Kennedy *

La cuestión de la participación asalariada en el ingreso ha vuelto a ser tema de debate en distintos ámbitos. ¿Cómo fue su evolución en los últimos 15 años? En 1993, era del 46 por ciento, se redujo al 40 por ciento en 2001 y se derrumbó al 28 por ciento luego de la devaluación. Con el crecimiento económico apenas recuperó la mitad de esta caída, alcanzando en 2006 el 33 por ciento. De 2007 no podemos decir nada por la falta de información confiable, producto de la lamentable intervención del Indec y la manipulación de las estadísticas oficiales.

Ahora bien, ¿qué hay detrás de estos números? ¿De qué depende la evolución de la participación asalariada? Fundamentalmente, de la evolución de dos variables: la productividad (que expresa cuánto es lo que en promedio produce cada trabajador) y el salario real (que indica cuánto de lo producido efectivamente recibe). En términos generales, los incrementos de productividad resultan en una mayor producción tal que, sin variar el poder adquisitivo del salario (igual cantidad de bienes), se incrementa el excedente o plusvalía. Así, a priori no sería extraño encontrarse con una tendencia decreciente en la participación asalariada, que sólo puede ser compensada por incrementos del salario real o de la cantidad de trabajadores.

En este marco, desde el principio de los noventa encontramos una expansión de la productividad del orden del 19 por ciento (10 por ciento en la convertibilidad y 9 por ciento en la posdevaluación). Evidentemente, esta evolución no alcanza para explicar la caída de la participación de los trabajadores señalada inicialmente. Lo que además se verifica es un deterioro del poder adquisitivo del salario de más del 22 por ciento, que corresponde un 12 por ciento a “los noventa” y un 10 por ciento al período actual. Es decir, si bien desde 2003 el salario real se recuperó del derrumbe provocado por la devaluación, aún se encuentra un 10 por ciento por debajo de su nivel de 2001. De hecho, es justamente por esta razón que a pesar del gran crecimiento del empleo en el último tiempo, los indicadores de pobreza y desigualdad muestran hoy valores similares a los de mitad de los noventa, cuando la tasa de desocupación era el doble de la actual.

El panorama se torna aún peor cuando extendemos la mirada más atrás: el salario real de 2006 es un 20 por ciento menor que el de mediados de los ochenta y un 33 por ciento menor que el de la primera mitad de los setenta. ¿Qué rol juega esta reducción del salario real? Cuando el salario no alcanza a cubrir los bienes que los trabajadores y sus familias necesitan para su reproducción, éstos están “cediendo” no ya plusvalía en general, sino también una plusvalía extraordinaria. En este sentido, podemos ver cuál debiera haber sido la participación asalariada en el ingreso de haberse mantenido constante el salario real de un año, de modo que la diferencia entre ésta y la participación que efectivamente tienen los asalariados será la plusvalía extraordinaria. Si se parte del salario real de 1993, la porción que se les “escapa” a los trabajadores por la baja de su salario real es, en relación con lo que percibirían sin ningún deterioro, del 12 por ciento en los noventa y del 21 por ciento en 2006. Si, en cambio, el punto de partida es el salario real de principios de los setenta, estas proporciones son de un 25 por ciento y 32 por ciento, respectivamente.

De esta forma, el proceso de acumulación de Argentina tiene como uno de sus rasgos específicos la producción de plusvalía extraordinaria basada en la reducción lisa y llana del salario real. Y esto se encuentra presente desde el Rodrigazo y la dictadura militar hasta la actualidad, más allá del “modelo económico” imperante y del signo político de los distintos gobiernos, independientemente del juicio que nos merezcan las distintas medidas políticas de cada uno de ellos. Un proceso de crecimiento no puede tener al bajo salario real como una de sus bases, no sólo por las obvias razones morales sino porque –fundamentalmente– está minando su propio futuro.

* Conicet/Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo [email protected]