El fiscal federal Federico Delgado dio curso a una denuncia de la diputada Elisa Carrió y de su compañera de partido y precandidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires María Fernanda Reyes, contra el titular de la Anses, Diego Bossio; el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa. Las legisladoras acusaron a los funcionarios por una demora de ocho meses en oficializar la compra de letras del Tesoro por parte de la Anses por un total de 835 millones de pesos. Fuentes oficiales indicaron a este diario que demoras semejantes en la publicación de las resoluciones en el Boletín Oficial son moneda corriente. Añadido a esto, como el día en que se dieron a conocer esas medidas también se dictaron otras dos resoluciones para asignar fondos a Cammesa y Enarsa para que cancelaran una deuda con la petrolera venezolana Pdvsa, las denunciantes pidieron que se investigue si hubo un desvío de fondos del organismo previsional a esas empresas bajo control estatal, lo cual no estaría permitido en sus estatutos.

Delgado lo que hizo fue tomar el escrito de las candidatas de UNEN y habilitar la investigación. Esto ocurrió la semana pasada, pero recién ayer tomó estado público. Ninguno de los funcionarios fue imputado hasta el momento ni llamado a declarar. Las fuentes del Gobierno consultadas por Página/12 restaron toda trascendencia al tema, aseguraron que la denuncia sobre supuesto desvío de fondos es “absurda”, porque se están confundiendo dos temas separados, la compra de letras del Tesoro por la Anses y la cancelación de pagos a Pdvsa, que corren por carriles distintos. La Anses, dijeron las fuentes, compró títulos públicos permitidos dentro de la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), como lo hace habitualmente. Fue una suscripción de letras a un año. Algo más del 60 por ciento de los recursos del FGS están invertidos en títulos públicos, el mismo nivel que antes tenían las AFJP.

Por otra parte, el Ministerio de Economía emitió el mismo día en que se oficializó la compra de las letras del Tesoro por la Anses otras dos resoluciones para colocar letras a dos años y once meses en favor de Cammesa (la empresa de administración del mercado mayorista eléctrico) y Enarsa, a fin de cancelar la importación de combustibles comprados a la venezolana Pdvsa. Esa también es una operación habitual, según el Gobierno. Los montos fueron de 1378 millones de dólares en el primer caso y de 21 millones en el segundo. Como se ve, las cifras no tienen nada que ver con los 835 millones de pesos colocados a la Anses. Este organismo lo único que hizo fue suscribir una letra del Tesoro como ocurre numerosas veces a lo largo del año.

El fiscal Delgado se centró en que la deuda para Cammesa y Enarsa data del 18 de octubre de 2012, pero recién fue publicada el 28 de junio de 2013. También aceptó el planteo de Carrió y Reyes para verificar si hubo o no un desvío de fondos de la Anses y propuso que la Auditoría General de la Nación “designe un grupo de expertos que brinden su opinión técnica sobre el procedimiento que denuncian” las candidatas opositoras. Sin embargo, este último punto ya fue rechazado por el juez de la causa, Julián Ercolini, quien entendió que no es función de la AGN encarar ese tipo de investigaciones.

Este diario se comunicó con María Fernanda Reyes, pero la ex legisladora pidió remitirse al texto de la denuncia, sin más aclaraciones. Desde el Gobierno atribuyeron la denuncia a la campaña electoral y manifestaron que no tiene ningún sustento.