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El presidente Eduardo Duhalde y el vicejefe de Gabinete, Juan Pablo Cafiero, admitieron ayer la posibilidad de aplicar un impuesto extraordinario sobre ciertos sectores con alta renta con el objetivo de financiar planes sociales. Ni uno ni otro precisaron quiénes serían las empresas aportantes, ni cuál la magnitud de ese gravamen. Quizá, porque se trata, apenas, de una expresión de deseos que sólo se cristalizaría en un proyecto concreto cuando el Gobierno logre sustraerse a la poderosa acción de los lobbies.
Agobiado por el derrumbe de la recaudación y, al mismo tiempo, por la necesidad de financiar los programas de auxilio social, Duhalde comenzó a darle vueltas a la idea, en particular luego de que la Iglesia presionara públicamente con una solución al estilo Robin Hood. El propósito es, en rigor, poco novedoso. En diciembre, poco antes de que el gobierno de Fernando de la Rúa estallara por los aires, la propia Alianza impulsaba la aplicación de un impuesto a las empresas y personas que hubiesen tenido durante los tres últimos ejercicios utilidades superiores a los 10 y 1 millón de pesos, respectivamente.
La iniciativa aliancista para recaudar entre 700 y 1000 millones de pesos tuvo el visto bueno del justicialismo y consiguió media sanción de Diputados, pero el derrumbe político y los drásticos cambios en las reglas de juego económicas la condenaron a un cajón. Días atrás comenzó a circular por los despachos oficiales otra que surgió del propio riñón duhaldista: Carlos Brown, ex ministro de la Producción bonaerense, sugirió aplicar un tributo del 5 por ciento sobre todas las deudas empresarias pesificadas, que superasen los 3 millones de pesos, para recaudar un monto similar a la iniciativa propuesta por la Alianza. Esta idea no terminó de cuajar y aquélla tampoco parece fácil de instrumentar.
Las empresas privatizadas, que por su rentabilidad surgen como candidatas naturales a realizar un aporte solidario, parecen haber dejado de serlo. El ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, no es partidario de aplicarles un impuesto excepcional justo cuando está a punto de abrirse con ellas una negociación para que no suban por un tiempo sus tarifas pesificadas.
Los técnicos partidarios aportan otros argumentos, como el hecho de que la legislación argentina no es retroactiva y si bien muchas adjudicatarias de servicios públicos tuvieron elevadas rentas años pasados, podrían no tenerla de ahora en más. El propio diputado frepasista Darío Alessandro, otrora promotor de un impuesto sobre estas empresas, cambió de parecer, en parte desalentado por la modesta recaudación que procuraría. Sobre los 1500 millones de pesos en utilidades declaradas durante el último ejercicio, calcula, difícilmente el Estado podría capturar más de 300 millones.
A juicio del legislador, la única chance es apuntar hacia los exportadores, favorecidos con la devaluación. Para Alessandro, con un 10 por ciento de retenciones a todas las exportaciones podría recaudarse cerca de 3000 millones al año.