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Aunque en algunos casos por razones muy particulares, como la paradójica escasez de vacas de un país privilegiado para la ganadería extensiva, los precios de bienes y servicios que integran la canasta básica para los sectores de ingresos bajos y medios comenzaron a subir: carnes de vaca, pollo, pescado, cigarrillos, prepagas, colegios privados y taxis integran la nómina de productos que en estos días se encarecieron. Para algunos economistas es parte del ajuste “natural” y rezagado de precios que debe producirse tras la devaluación y la situación será peor dentro de unas semanas, cuando se concrete el inevitable aumento en el precio de la luz y el gas, mayor costo que invariablemente las industrias transferirán. En un régimen de precios libres, no hay prevista ninguna intervención oficial que apunte a frenar la seguidilla de subas.
Sandra González (Adecua) los identificó casi intuitivamente como los primeros ajustes de una serie. La dirigente de esa asociación de defensa de los consumidores aludía, entre otros, al incremento del 25 por ciento en el precio de los cigarrillos vigente desde ayer. O a la remarcación del precio del pescado, que llevó la lata de atún a 3,70 pesos e hizo trepar el bacalao de 30 a 44 pesos, valor que podría ser aún mayor en vísperas de Semana Santa.
Aunque quizás es más notorio el aumento del 20 por ciento que sufrió la carne vacuna desde enero a la fecha, básicamente por una restricción en la oferta: los productores prefieren retener el animal y engordarlo con miras a la exportación o bien destinan el lugar de las pasturas a sembrar soja. La tentación de los hombres de campo a reforzar los ingresos en dólares terminaron llevando el precio de algunos cortes finos a casi 7 pesos el kilo, alejando el producto de aquellas mesas a las que podría haber retornado gracias a los aumentos salariales ordenados por decreto.
También los taxis son desde ayer un 12,5 por ciento más caros, ajuste que llevó la bajada de bandera de 1,28 a 1,44 peso y el de la ficha de 16 centavos a 18. Esta actualización, sin embargo, no contenta a los propietarios de unidades que a través del titular de la Federación que los nuclea ayer levantaban una queja contradictoria: el aumento “es totalmente insuficiente” para cubrir la suba de costos que sufrió esta prestación pero, al mismo tiempo, “ahuyentará clientes”. Lo que aspiran, según el dirigente Humberto Moretti, es que el Estado auxilie a la actividad con una desgravación.
La lista sigue con ajustes de prepagas o cuotas de colegios privados que, en todos los casos, se reacomodaron a una nueva estructura de costos. Es decir, que reflejan aumentos en otros bienes y servicios. En un régimen de precios libres es poco lo que el Gobierno puede hacer para evitar esos reacomodamientos, que para especialistas como Roberto Dvoskin son absolutamente previsibles, en particular, cuando “hay una recuperación de la demanda” como la que se habría planteado hoy.
En función de esto, aquellas subas no sólo no son excepcionales sino que apenas muestran la punta del iceberg. Con una economía que crece al 8 por ciento anual, una inflación del 3,4 por ciento deja margen para otros incrementos. Amén de que resulta insostenible la actual brecha entre precios mayoristas, que subieron más de un 120 por ciento, y minoristas, que treparon poco más del 50.
El último empujón a este ascenso lo dará la actualización en las tarifas de los servicios públicos, que comenzará por un ajuste en el precio mayorista del gas y electricidad. Esos mayores costos de las industrias, sin lugar a dudas, terminarán trasladados a los precios finales, reforzando el golpe que han sufrido los salarios tras la devaluación.