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Los deudores y acreedores hipotecarios en conflicto por la pesificación de los préstamos tendrán pronto una resolución sobre el tema. Así lo adelantó ayer la Corte Suprema de Justicia, al informar a través de un comunicado que decidió pedirle al procurador general de la Nación, Esteban Righi, que se expida sobre la constitucionalidad o no de la medida. Hace tiempo que la pesificación dejó de ser un tema prioritario en la agenda de debate público. Sin embargo, muchos de quienes se vieron afectados o beneficiados por ella, así como el Gobierno y hasta el FMI siguen pendientes del asunto. Todos aguardan que el máximo tribunal resuelva acerca de su legalidad, a más de dos años y medio de la aplicación de la norma.
El proceso de renovación de la Corte explica en parte la demora. A pesar de ello, los supremos vienen dando pequeños pasos hacia la resolución del tema. Ayer sumaron otro: con la firma de los ministros Augusto Belluscio, Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco, insistieron ante Righi para que dictamine sobre el fondo de la cuestión, lo que fue interpretado por fuentes oficiales como una señal de que los supremos quieren apurar un fallo.
La reiteración del pedido al procurador se hizo ante “la gran cantidad de juicios” en trámite y con la intención de “obtener una decisión sobre una cuestión –moneda de pago– que tiene en vilo a una gran cantidad de acreedores y deudores hipotecarios”.
El comunicado del tribunal agrega que los ministros “avanzan hacia la decisión del tema pesificación en materia de ejecuciones hipotecarias, aspecto ya decidido en las instancias ordinarias y sobre el cual se espera resolución después de que se expida el señor procurador general”. Ante un pedido similar, remitido anteriormente por la Corte, la Procuración estimó que primero debían pronunciarse las instancias ordinarias, “porque de lo contrario se convertiría a la Corte en juzgadora originaria de una temática sobre la cual no posee dicha habilitación formal”.
En general, en las instancias inferiores se aplicó la teoría del “esfuerzo compartido”. Es decir, que tanto los prestamistas –en especial las escribanías que concedían créditos hipotecarios– como los deudores repartieran la carga. La pesificación se hizo, por ejemplo, dos a uno. Pero muchos no aceptaron esa solución y apelaron, llegando los casos finalmente a la Corte.
En el Gobierno dicen sentirse confiados de que el máximo tribunal terminará por avalar la pesificación. Se basan en que ya en dos oportunidades los supremos rechazaron planteos de redolarización, aunque lo hicieron amparándose en cuestiones procesales y evitaron fallar sobre la cuestión de fondo. El equipo económico, por otra parte, reconoció que el FMI espera que la Corte termine cuanto antes con la incógnita sobre la legalidad de la pesificación.