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En la guerra judicial por el canje, el fondo buitre Elliot movió otra pieza. A través de un comunicado divulgado en Nueva York, distrito donde se tramita el litigio contra la Argentina, ese fondo le reclamó al Gobierno que entregue los nuevos bonos a los acreedores que entraron a la operación. El argumento de los abogados de Elliot es que la pelea existe alrededor de títulos por 7000 millones de dólares sobre un total de deuda canjeada de 62.000 millones. En medio de la pelea en los tribunales, el Fondo Monetario volvió a pedir por los que rechazaron la oferta.
El Gobierno decidió suspender el trámite del canje no bien el juez Thomas Griesa trabó un embargo sobre 7000 millones de dólares sobre los viejos papeles de la deuda. La decisión oficial no varió cuando ese magistrado levantó la medida porque Elliot la apeló y ahora tiene que decidir la Corte de Apelaciones de Nueva York. En Wall Street suponen que eso ocurrirá dentro de las próximas dos semanas.
La declaración de ayer de Elliot tiende a contrarrestar la estrategia de los defensores argentinos. Uno de los argumentos que convenció a Griesa de levantar el embargo fue que el Gobierno aseguró que si se mantenía esa medida iba a dar marcha atrás con el canje porque trababa la operación. Los letrados que defienden los intereses argentinos, del buffet Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton, sostuvieron que los viejos títulos embargados no eran propiedad de la Argentina sino de los inversores que los acercaron al canje. Justamente, los abogados señalaron que si el Gobierno seguía adelante con la operación le daría la razón a Elliot porque reconocería que los bonos embargados le pertenecen. La jugada de Elliot es una apuesta a desacreditar, ante los jueces de la segunda instancia, el argumento argentino de que el juicio hace peligrar el canje.
Los defensores de la Argentina, a su vez, replican que si se entregaran los nuevos bonos habría una parte de la deuda (los 7000 millones de dólares en cuestión) que se duplicaría.
Los letrados del fondo Elliot tienen otra visión. En el comunicado difundido ayer señalaron que “el Ministerio de Economía puede completar la oferta de canje en cualquier momento, entregando los nuevos títulos a todos los bonistas que lo aceptaron y tomando posesión de los más de 55 mil millones de dólares en bonos que no están sujetos a embargo alguno”.
Esta pelea de la que se seguirán escribiendo capítulos parece clara. Como también lo es la postura del FMI frente al canje. Ayer, ahora desde Washington, Rodrigo Rato insistió en su reclamo para que el Gobierno presente “una estrategia” para arreglar con los bonistas que no aceptaron la reestructuración de la deuda. El dirigente dio a entender que, recién cuando se logre ese objetivo, la Argentina podrá oficializar que “normalizó” su situación tras la declaración del default.
Rato fue más allá en sus críticas y, si bien volvió a ponderar la marcha de la economía de los últimos dos años, manifestó que la deuda “sigue siendo un gran problema” ya que equivale a un 78,8 por ciento del Producto Bruto.
En la conferencia que protagonizó en la Universidad de Georgetown, Rato dejó en claro que las inminentes negociaciones con Washington serán durísimas. Dijo, sin entrar en detalles, que el Gobierno deberá tomar medidas para controlar la inflación. Un par de semanas atrás, Página/12 reveló que el Fondo le reclamó a Roberto Lavagna un ajuste en las cuentas públicas y una política monetaria contractiva. En un tono diplomático, el español calificó las conversaciones con la administración Kirchner de “fluidas, en niveles positivos y de trabajo coordinado”.
Las próximas semanas serán clave en el vínculo con el FMI. A fin de mes, el organismo organizará su reunión de Primavera. Lavagna estará allí. Y aunque el ministro fue contundente al afirmar que en ese espacio no se reabrirían las negociaciones, está claro que se empezará a definir el nuevo trato con el Fondo.