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Nadie podría negar que el Gobierno hizo un gesto fehaciente para limitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo a la hora de manejar los recursos presupuestarios, autosujetándose a los parámetros de la Ley de Administración Financiera. Pero es igualmente indiscutible que, aun así, se conservó un amplio margen para preservar partidas a su arbitrio, básicamente a través de la subestimación de ingresos, fuente que nutre una especie de caja oculta luego administrada a través de decretos de necesidad y urgencia.
Después de las objeciones a los denominados “superpoderes”, Economía y Jefatura de Gabinete decidieron incluir en el proyecto girado ayer la voluntad de ceñirse a la Ley de Administración Financiera, práctica corriente en los últimos años pero que había sido omitida explícitamente este año y que limita las facultades extraordinarias pero no las erradica. Ese corsé impondrá varias restricciones para el manejo de los recursos durante este año. Una: desviar recursos de capital a cubrir gastos corrientes (dinero presupuestado para obra pública para el pago de salarios, según el ejemplo típico). Otra: transferir dinero de una jurisdicción a otra (recursos de la Anses a Economía).
Pero quedan en pie otras varias herramientas para que tanto el jefe de Gabinete o –“el Poder Ejecutivo Nacional, en su carácter de responsable político de la administración general del país”, según el artículo 11 de la iniciativa remitida ayer al Parlamento– rehagan el esquema de ingresos y gastos con libertad, en uso de una serie de potestades que siguen estando delegadas, como lo estuvieron en todos los ejercicios de los últimos años y, para ciertas ocasiones, por simples razones operativas.
Un recurso habilitado es el que permite redireccionar el dinero dentro de una misma jurisdicción. Planificación bien podría destinar a contratos profesionales recursos previstos para pagos de salarios, como Salud puede resolver renovar su stock de computadoras en lugar de montar un nuevo quirófano, por citar algunos ejemplos al azar.
La verdadera ventana, sin embargo, se abre a la hora de generar un excedente de fondos que no tienen asignación, porque están por encima de lo que se calculó recaudar. O, a la inversa, subejecutando gastos, con lo que quedan recursos disponibles para distribuir libremente en el ejercicio siguiente: Trabajo “liberó” 3000 millones el año pasado.
Según surge del proyecto girado ayer al Congreso, este año la Nación tendrá recursos por 83,6 mil millones de pesos contra los 77,4 previstos, lo que amplía el margen para gastar a través de decretos de necesidad y urgencia, tal como se hizo, en lugar de pedir la debida aprobación parlamentaria. Algo idéntico a lo que ocurrió el año anterior, cuando los legisladores habían autorizado gastos por 59 mil millones y el Ejecutivo terminó desembolsando 10 mil millones más.
Los propios parlamentarios del oficialismo abundan en anécdotas acerca del uso discrecional de los fondos que no siempre tienen la misma disponibilidad. El Gobierno ya utilizó dinero de los fondos fiduciarios –que por ley sólo deben gastarse para el fin específico que se recaudaron– para pagar deuda. O en sólo una semana derivó a Vialidad dinero que debía ir a cubrir un plan de viviendas. Todo por simples decisiones administrativas o DNU, según los casos.
Estas mañas podrían ser complementadas con los manejos que expresamente autorizaría el Congreso al Ejecutivo para ampliar créditos presupuestarios contra préstamos de organismos internacionales y el aumento de otras fuentes internas. Finalmente, el juicio acerca de cómo y en qué se gastó puede demorar años, como prueba el rezagado análisis de las cuentas de inversión, detalle de lo efectivamente ejecutado. La Comisión Mixta Revisora de Cuentas aún tiene pendiente de análisis qué pasó en los ejercicios de 1997 y 1998. Este rezago podría superarse si prospera una iniciativa bajo análisis en esa bicameral: empezar de atrás para adelante, abocándose ya a revisar qué se hizo en el 2004.