El Estado nacional “no le debe ni un solo centavo” al Grupo Greco, afirmó el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), mediante un escrito presentado al juez federal Sergio Torres. Se trata de la causa iniciada por la ministra de Economía, Felisa Miceli, contra algunos de sus funcionarios subalternos, que habían gestionado un multimillonario pago del orden de los 600 millones de pesos.

La ONG, dedicada a “trabajar en temas de corrupción y lavado de dinero para recuperar dinero sustraído de las arcas del Estado”, avaló de esa manera la presentación judicial efectuada días atrás por la titular del Palacio de Hacienda tendiente a impedir que se concretara la operación.

Mediante un escrito de cinco carillas que suscriben los abogados David Baigún, Claudio Castelli, Alberto Binder y Pedro Biscay, el Cipce enfatiza que “no se les debe un peso a estos empresarios inescrupulosos”.

Los expertos recuerdan que “el Estado se hizo cargo de una deuda de unos 9000 millones de pesos que nunca fue saldada por el grupo económico, ocasionando un perjuicio irreparable” el erario. Los firmantes dijeron que el Banco Andes fue el “agente financiero del grupo”, liquidado mediante un “fraude que provocó perjuicios por miles de millones de pesos atento a los 74 préstamos que el Banco Central le otorgó a la entidad fraudulentamente vaciada”. Añaden al respecto que “a casi treinta años de haber vaciado la entidad bancaria y todas las empresas que formaban el grupo, sus empresarios pretenden perjudicar nuevamente al país por sumas millonarias de dinero”. Atribuyen la caída del “Grupo Greco” al “abuso de los mecanismos de garantía estatal de los depósitos con los que se beneficiaron los miembros” de esas empresas, y recuerdan que el reclamo (al que califican de “espurio”) se originó en un acuerdo firmado en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.