Esteban Maccari, ex directivo de Trenes de Buenos Aires, fue reemplazado en la gerencia general de Aerolíneas Argentinas por el español Enrique Meliá. El dato tiene una relevancia singular, ya que coincide con el momento en que el Estado acaba de comunicar su decisión de aumentar la participación accionaria en una empresa que busca afanosamente mejorar su performance operativa y económica cambiando el management. Al margen de esta situación crítica, la voluntad del Estado de avanzar en la parcial reestatización fue muy celebrada por la CGT.

“Vemos con tremendo beneplácito que el Estado comience a tomar mayor participación en las cosas de Aerolíneas Argentinas”, se entusiasmó ayer Julio Piumato, secretario general de los judiciales. Una celebración que la noche anterior habían hecho ante el propio Julio De Vido otros líderes sindicales de la CGT. Según expresan en público los líderes sindicales, parte de esa dicha se fundaría en la esperanza de que la privatizada no abandone aquellas rutas no rentables pero que permiten evitar el aislamiento aéreo de muchos puntos del interior del país. Esta es quizás una de las únicas potestades que tiene el Estado desde que recuperó la acción de oro, con la que puede vetar el levantamiento de rutas.

Pero aunque la participación estatal subiera del actual 5 por ciento al 20 –máximo previsto en el acuerdo celebrado con los accionistas privados, del grupo Marsans–, los dos directores estatales no ganarían más atribuciones. Esta es una de las razones por las que desde Transporte se siguió con mucha atención el cambio de autoridades en Aerolíneas, que en las últimas semanas estuvo comandada por un comité gerencial fiscalizado por los propios españoles Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán.

La institución de un comando colegiado fue un recurso de emergencia al que se apeló ante el desgaste dramático que sufrió la gestión de Maccari, después de una seguidilla de medidas de fuerza y, básicamente, luego de devenir de amigo en enemigo de los pilotos nucleados en Apla. Un plan de retiros voluntarios instrumentado por la empresa para los pilotos de aviones le habría costado a la gestión de joven ejecutivo algo más de 12 millones de pesos. Pero no alcanzó para mejorar al ánimo del gremio, que en las últimas semanas reclamó por un programa de licencias atrasadas que forzó a reprogramar todos los vuelos y puso a la compañía en situación de ser sancionada por los levantamientos y demoras.

El español Enrique Meliá llega con buenos antecedentes. Viene de dirigir exitosamente Air Comet Chile, firma del grupo Marsans que consiguió ascender en el mercado trasandino: quedó en segundo lugar luego de comprarle Sky a Jürgen Paullman, hermano de Horst, dueño de Jumbo. En los corrillos aeronáuticos se lo sindica también como un hombre de “muñeca política”, útil para manejar una compañía con casi ocho mil empleados e imperiosa necesidad de renovar equipamiento.

Ayer también se tejían especulaciones de que el cambio gerencial pudiera hacer factible la firma del pacto social por cinco años que reclaman los españoles como condición para invertir en flota. Ese paraguas tal vez facilitaría también ponerle de una vez precio a las acciones de la compañía que el Estado hoy prevé sumar al patrimonio público capitalizando acreencias que los accionistas privados desconocen. Otro punto de desencuentro entre el Estado y esta privatizada de suerte errática.