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“Ellos están libres gracias a Dios.” Así confirmó la ministra de Defensa colombiana Martha Lucía Ramírez la exitosa operación militar que rescató “sanos y salvos” al presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), monseñor Jorge Jiménez y al sacerdote Desiderio Orjuela, secuestrados el lunes por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La operación conjunta del ejército y la policía, llevada a cabo en la localidad de Topaipí, unos 40 kilómetros al norte de Bogotá, contó con informantes de la zona y la revelación del lugar por parte de tres rebeldes que fueron capturados; otro fue abatido. “Felicito a la ciudadanía, a los soldados y a la policía; estos delincuentes deben ser derrotados”, fue la reacción del presidente desde la cumbre iberoamericana en República Dominicana.
Los secuestradores habían recluido a los dos religiosos en una precaria vivienda de un paraje rural de Topaipí, en el central departamento de Cundinamarca, donde irrumpieron las tropas en medio de un intenso combate. Según Ramírez, los dos rehenes eran custodiados por cuatro hombres y una mujer, integrantes de la columna Policarpa Salavarrieta de las FARC. La ministra comentó que las acciones habían empezado el mismo lunes e incluyó la operación de aviones de combate. El comandante de la V División, el general Reinaldo Castellanos, encabezó personalmente la maniobra de rescate, que incluyó a unos 500 uniformados. El coronel Javier Flórez, jefe de operaciones de la Brigada Nº 13, informó que la liberación de los religiosos se produjo tras la captura de tres guerrilleros que informaron a las autoridades sobre el paradero de los rehenes.
Los dos religiosos arribaron a Bogotá en un helicóptero del batallón militar, donde monseñor Jiménez, con la barba crecida y los ojos lacrimosos, visiblemente contento, dio sus primeras declaraciones: “Siempre confié en Dios”, y se refirió a su rescate como “un momento admirable por parte del ejército”. También agradeció a “todos los que con su oración y su simpatía nos acompañaron”. En el momento en que se supo de la liberación se celebraba una reunión en la sede del Celam en Bogotá. De inmediato, el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Pedro Rubiano, y demás obispos reunidos en la sede de esa organización sacerdotal celebraron el acontecimiento. Monseñor Rubiano agradeció al gobierno, a la población y a los medios de comunicación porque unieron al país en torno de la liberación de los dos representantes de la Iglesia.
“Se trata de un hecho positivo que le da un gran alivio al pueblo colombiano, que demuestra que todos juntos y en apoyo a la fuerza pública podemos derrotar a este puñado de violentos que nos quiere acorralar, pero que no la va a conseguir”, manifestó por su parte el vicepresidente Francisco Santos. Además, agradeció a la familia del obispo el haber autorizado la operación de rescate, así como a los pobladores de Topaipí, quienes indicaron a la fuerza pública el lugar del cautiverio. Algunos de esos pobladores recibirán recompensas por su información: “El tema de las recompensas es fundamental y la fuerza pública está preparada y muy bien entrenada para rescatar a los secuestrados”, dijo Santos. El gobierno había anunciado una recompensa de 100 millones de pesos (unos 36.000 dólares) para quien suministrara información que permitiera el “rescate sano y salvo” de los capturados.
Monseñor Jiménez, de 60 años, y el padre Orjuela, de 66, fueron secuestrados el lunes cuando desarrollaban labores pastorales cerca de la población colombiana de Pacho, unos 50 kilómetros al noroeste de Bogotá. Los religiosos fueron interceptados por un comando rebelde armado que los condujo hacia una zona montañosa con la promesa de que serían liberados en las horas siguientes. Su secuestro produjo una oleada mundial de reacciones de repudio, encabezada por el papa Juan Pablo II, quien en dos ocasiones pidió a los captores la liberación de los dos religiosos. En el mismo sentido se pronunciaron la comunidad internacional y las iglesias de toda América latina. La información de la liberación de los dos religiosos se produjo pocos antes de que el presidente Alvaro Uribe partiera hacia laRepública Dominicana, donde atenderá hasta hoy a la Cumbre Iberoamericana. El presidente colombiano ha puesto en marcha un programa de seguridad que, además de la red de un millón de cooperantes que desea cooptar, incluye el reforzamiento de la fuerza pública y el otorgamiento de facultades especiales al ejército en zonas especialmente conflictivas. Uribe decretó el estado de excepción el pasado 12 de agosto para poner en marcha el plan de “seguridad democrática”.