Las recientes revelaciones de los métodos de vigilancia de Estados Unidos están brindándoles a los que se oponen a los programas clasificados una ventana para desafiar su constitucionalidad. Por lo menos cinco casos han sido presentados en los juzgados federales desde que fue revelado el masivo espionaje de conversaciones y páginas de Internet el mes pasado. Los juicios principalmente eran contra un programa que reúne todos los informes telefónicos de millones de usuarios de las empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos.

Los casos se enfrentan a enormes obstáculos. Casi todos los 70 juicios presentados después de que las escuchas de la administración George W. Bush fueron reveladas en 2005 fueron desechados. Pero el panorama legal puede estar cambiando, a raíz de las revelaciones de Edward Snowden, el ex topo de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y la principal fuente de las filtraciones, y el gobierno de Obama se vio obligado a reconocer los programas y discutirlos. “Hay una diferencia importante con la era Bush. Ahora se tiene la indiscutible evidencia física de que la conducta cuestionada realmente está pasando”, dijo Stephen Vladeck, experto en seguridad nacional. Dijo que las revelaciones de Snowden hacen “más probable” que los casos pondrán seguir adelante en la corte, llevando a años de batallas legales sobre vigilancia y privacidad.

El debate político sobre esos temas ha estado dando vuelta en Washington desde que el periódico inglés The Guardian informó sobre el programa de escuchas telefónicas. La información incluye los números de teléfonos y la extensión de las llamadas. Luego The Washington Post y The Guardian revelaron la existencia de un programa separado, conocido como PRISM, que apunta a recoger las comunicaciones de determinados objetivos extranjeros de las mayores empresas de Internet. Desde entonces se presentaron tres demandas desafiando la constitucionalidad del programa: una por el Sindicato de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) en una corte federal en Nueva York; otra en una corte federal en Idaho por una enfermera que es clienta de Verizon Wireless, y la tercera en una corte federal en el distrito por Larry Klayman, fundador del grupo conservador Judicial Watch. Klayman también presentó una demanda en una corte federal en DC. sobre el programa PRISM.

La semana pasada, el Centro de Información Electrónica Privada presentó un pedido a la Corte Suprema para que anulara lo que llamó una orden ilegal a Verizon Business Network Services. “Los informes adquiridos por NSA bajo esta orden detallan las actividades diarias de interacciones, relaciones personales y de negocios, afiliaciones religiosas y políticas y otros detalles íntimos de millones de estadounidenses”, decía la petición. Los expertos legales dijeron que sería altamente improbable que la Suprema Corte se involucrara antes que las otras cortes hayan considerado el tema. El gobierno no ha contestado aún a los casos, que fueron presentados en su mayoría contra varios funcionarios gubernamentales y sostienen que los programas violan la Constitución e invaden la privacidad estadounidense. La demanda de ACLU, por ejemplo, pide que un juez ordene que se detengan los programas y que los informes de los demandantes sean quitados de la base de datos del gobierno. Cindy Cohn, directora legal de Electronic Frontier Foundation, un grupo de derechos digital, dijo que su organización planea presentar una demanda esta semana que surge de las recientes revelaciones de Snowden y que ya escuchó de dos demandas más que están a la espera. El senador Ran Paul también presentará una acción legal contra el gobierno sobre su amplia vigilancia, Una vocera de Paul dijo que está evaluando sus opciones.