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@Una inédita propuesta del gobierno de Alvaro Uribe a la mayor guerrilla del país impone dudas para su puesta en práctica: la exigencia del gobierno colombiano de que los 50 presos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que canjearía por 59 secuestrados se desmovilicen y que no estén procesados por crímenes de guerra. Ayer se reveló también que Uribe envió un nuevo plan a la segunda guerrilla en importancia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que incluye un cese de hostilidades y un intercambio de secuestrados por rebeldes encarcelados. Felipe Torres, dirigente del ELN, lo calificó de "limitado".
Al hacer pública anteayer su oferta de canje (enviada el 23 de julio), el gobierno de línea dura señaló que los rebeldes que excarcele deben desmovilizarse y para ello ofreció dos alternativas en las que Francia y Suiza actuarían como garantes: que lo hagan a través del programa oficial de reinserción o que viajen al exterior. Esta última posibilidad, que respalda el propio presidente francés, Jacques Chirac, fue rechazada en marzo último por las FARC.
Las FARC aún no se han pronunciado sobre la iniciativa gubernamental, pero ayer aseguraron que “no existe un política de paz en el gobierno de Uribe”. Un dato: los insurgentes que se incluyan en el llamado acuerdo humanitario sólo deben estar procesados o condenados por rebelión, con lo que quedarían fuera los llamados “peces gordos” de las FARC, acusados de terrorismo, secuestro y narcotráfico, entre otros delitos. El grupo armado ha dicho, sin embargo, que el canje debe beneficiar a todos sus militantes presos, que se estiman en más de 300. Dirigentes políticos y analistas coincidieron en que, si bien los anuncios del gobierno suponen un viraje y un paso positivo porque flexibilizan su postura, los puntos de desarme y crímenes de lesa humanidad se vislumbran como posibles obstáculos.
Incluso Oscar Silva, abogado de Ricardo Palmera (“Simón Trinidad”) –el guerrillero de las FARC de más alto rango, quien encabeza la lista de canjeables–, previó que el grupo no aceptará que el pacto sólo cobije a los rebeldes acusados de delitos políticos. “La propuesta del gobierno puede interpretarse como un excelente gesto político, pero debe aclarar que el canje se realizaría con personas acusadas de rebelión y delitos conexos”, dijo Silva. Simón Trinidad está pedido en extradición por Estados Unidos. “Si el gobierno pretende que se canjeen sólo las personas acusadas de rebelión, no creo que se lleve a feliz término la propuesta, y creo yo en mi sentir personal que las FARC no van a aceptar esa condición”, advirtió.
El ex presidente Ernesto Samper (1994-98) –quien presiona por un acuerdo humanitario– estimó que el delito de rebelión “no es aislado” y que conductas como el homicidio y el secuestro de militares en combate están “protegidas por esa motivación de carácter político”. Mencionó el narcotráfico y dijo que “no es lo mismo una persona que trafica para su enriquecimiento personal que quien lo hace para financiar una insubordinación armada”. Y consideró “indispensable un encuentro” entre las partes para “clarificar cuáles serían aquellas personas cuya liberación reclaman las FARC”.
El analista y ex guerrillero del ELN León Valencia opinó que el desarme puede no ser atractivo para las FARC: “La salida al exterior puede ser una opción más viable”, declaró y dijo que en el tema de los indultos el cuello de botella está en los rebeldes condenados por delitos atroces, más que en aquellos que hasta ahora están siendo procesados. Según la propuesta del gobierno, el intercambio incluiría a 22 políticos, tres estadounidenses, un ex ministro, un ex gobernador, 12 diputados y seis ex congresistas, así como a 34 militares y policías.