Ayer fue un día de rumores en Bolivia: el anuncio del Plan Nacional de Desarrollo desató una serie de versiones sobre un posible corralito bancario y una baja del dólar a cinco bolivianos (actualmente se cotiza a ocho) que, finalmente, no pasaron a mayores pero encendieron luces de alarma en el gabinete económico. Como símbolo de los nuevos vientos que soplan, en el gobierno de Evo Morales denominan “plan quinquenal” al paquete de medidas económicas anunciado ayer y que, según se anunció, se aplicará de manera gradual.

“El país necesita recuperar una visión de mediano y largo plazo y ésta es la meta del plan ‘Bolivia digna, soberana, democrática y productiva, para vivir bien’. Necesitamos desmontar el colonialismo de 500 años y el neoliberalismo que se impregnó en estas dos últimas décadas en Bolivia”, comenzó su discurso en el Palacio Quemado a las ocho en punto de la noche el ministro de Planificación Económica, Carlos Villegas. Durante su presentación, que duró una hora y fue transmitido en directo por el canal estatal, Villegas enfatizó la necesidad de un Estado promotor del desarrollo, a partir de la economía estatal, privada y comunitaria. Es decir, una suerte de nuevo desarrollismo combinado, en lo político, con un Estado “multicultural”. Durante la campaña electoral, el ahora vicepresidente Alvaro García Linera definió esta mezcla como “capitalismo andino”.

Los funcionarios económicos se entusiasman con que, después de la nacionalización de los hidrocarburos, podrá ponerse “un punto final a la querella por el excedente (ganancias)” con el sector privado, mayoritariamente transnacional. E identifican entre los sectores estratégicos de la economía responsables de generar esos excedentes a los de hidrocarburos, minería, energía eléctrica y recursos ambientales como la biodiversidad, agua y bosques. El objetivo declarado es poner esa renta al servicio de un plan de desarrollo digitado desde el Estado.

La cara social-productiva del plan prevé la creación de 90 mil nuevos empleos al año, la alfabetización de 1,23 millón de bolivianos, el acceso al agua potable de 3,9 millones, junto con la conexión eléctrica de más de 600 mil viviendas en el campo y la ciudad y el gas domiciliario para otros 160 mil hogares. Con estas medidas, complementadas por los programas Bolivia sin hambre, Desnutrición cero (para niños y mujeres embarazadas) y Municipios saludables, se espera “erradicar de manera integral la pobreza garantizando el acceso pleno a la ciudadanía para las mayorías nacionales excluidas”.

Una de las líneas macro del plan es concentrar los ingresos adicionales que obtendrá el Estado como consecuencia de la nacionalización del gas en un “fondo nacional de desarrollo productivo y social”.

“Estamos queriendo generar un escenario adecuado para que la inversión privada apueste al sector productivo con generación de empleo”, explicó Villegas. Una de las líneas fundamentales del programa económico es la recuperación de las empresas capitalizadas en los ’90, mediante el traspaso al Estado de las “acciones de los bolivianos” en manos de las AFJP y la venta obligatoria de la cantidad de acciones necesarias para lograr por los menos el 51 por ciento para el Estado. Esas mismas medidas se tomaron en el caso petrolero con el decreto de nacionalización del 1º de mayo pasado. Entre las empresas capitalizadas está la telefónica Entel, la ferroviaria Enfe, la Empresa Nacional de Electricidad y el Lloyd Aéreo Boliviano, hoy en quiebra. También se anunció la eliminación de las superintendencias que regulan los servicios públicos (con excepción de la superintendencia de bancos) y su reemplazo por direcciones generales de regulación. La sospecha subyacente es que las superintendencias habían sido cooptadas por las propias empresas privatizadas.

“En este plan consideramos al Estado un actor fundamental del desarrollo”, insistió Villegas. “La empresa grande nacional y la empresa extranjera tendrán un papel fundamental, pero respetando al Estado y asegurando transferencia tecnológica y reinversión de utilidades”, aclaró el ministro.