El presidente Tabaré Vázquez estaría por abrir un nuevo frente de batalla dentro de su coalición. Los legisladores del Frente Amplio (FA) mantuvieron silencio ayer sobre el proyecto que ley, que con el apoyo del gobierno propone otorgar una indemnización de 150 mil dólares a las familias de los asesinados y desaparecidos entre 1962 y 1976. La controversia surgió porque la iniciativa equipara como víctimas a militares, policías y militantes de izquierda. Los organismos de derechos humanos ya calificaron la iniciativa de repudiable y prometieron combatirla en las calles. En el FA, la única voz disidente se escuchó en el Movimiento de Participación Popular (MPP), fundado por los ex dirigentes del movimiento guerrillero Tupamaro. “El proyecto tiene un problema de interpretación histórica”, aseguró el diputado Javier Salsamendi.

Lo que irrita a muchos frenteamplistas es que el proyecto no sea siquiera de la autoría del gobierno. Fue redactado por el diputado colorado ultraconservador Daniel García Pintos. “Había una suerte de discriminación hacia los nuestros y hoy hemos puesto un fin a esto”, sostuvo el legislador al anunciar su proyecto y agradecer el apoyo del presidente. Pintos es un reconocido defensor de los militares que actuaron “en defensa de la nación”, reprimiendo, torturando y asesinando durante la última dictadura. El año pasado sus propios compañeros de partido lo acusaron ante una comisión de ética del Congreso luego de que elogiara públicamente al coronel Antonio Rodríguez Buratti, quien se suicidó cuando la Policía lo venía a buscar para declarar en el caso de un desaparecido.

A pesar del obvio malestar que esta nueva iniciativa del gobierno creó entre las filas del FA, la coalición progresista se mantuvo en general callada, fiel a su creencia de que la cohesión interna y el apoyo al presidente vienen primero. Los que no dudaron en hacer escuchar sus críticas fueron los organismos de derechos humanos, tradicionales aliados del FA y del gobierno de Vázquez. “Este proyecto parte de una falsedad porque desconoce la existencia del terrorismo de Estado y reinstala la teoría de los dos demonios. Este es un grueso error del gobierno, que cree que hay que ceder en pos de la reconciliación”, aseguró en diálogo telefónico con Página/12 el secretario de Derechos Humanos de la gremial sindical PIT-CNT, Luis Puig.

La medida también irritó a los defensores de los derechos humanos porque no hace mucho el Congreso aprobó una ley que indemnizaba a las personas que habían estado presas de forma ilegal durante la dictadura. El monto establecido fue de 500 dólares mensuales, lo que significaría que recién en 20 años recibirían la misma indemnización que las 70 familias de policías y militares muertos a manos de la guerrilla. Además, cuestionan que el proyecto de Pintos sólo alcanza a los que murieron hasta 1976. Llamativamente, destacan, a partir de esa fecha las fuerzas de seguridad no perdieron más hombres a manos de la “lucha interna”. Sin embargo, la dictadura duró casi una década más y dejó otros ciento y pico de uruguayos muertos.