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Tres tipos de objeciones plantearon las fuerzas de oposición en el debate de la semana en la Cámara de Diputados, que continuará ahora en el Senado: la inutilidad de la baja de aportes patronales para estimular la creación de empleo, el premio a la evasión y correlativo castigo al pago puntual de impuestos que implica toda moratoria y la posibilidad de que el blanqueo de capitales favorezca el ingreso al país de fondos provenientes de diversos delitos, cuya nómina popularizan diversas agencias del gobierno de los Estados Unidos, con incomparable experiencia en la materia.

Medios y fines

Ante la crisis financiera iniciada en Estados Unidos y propagada con alarmante velocidad al resto del mundo desarrollado y a la economía real, la inyección de recursos que atemperen las consecuencias de una recesión que se prevé larga y profunda es la respuesta más sagaz. El gobierno se siente cómodo apretando ese acelerador, porque esas medidas que hoy son contracíclicas coinciden con el núcleo duro de la política adoptada desde 2003, que se mantuvo pese a las recomendaciones y advertencias del pensamiento ortodoxo que, desde Miguel Angel Broda hasta Alfonso de Prat Gay, pedían pisar el freno. La creación de empleo y el incremento del consumo han sido dos obsesiones del kirchnerismo. El crecimiento del Producto Interno en proporciones sin precedentes ayudó también a que el gobierno se legitimara en las urnas en 2005 y 2007.

Lo que se discute son los medios elegidos para expandir la economía formal, promover el empleo registrado e incrementar la inversión. Un gobierno que no cuida demasiado las formas se combina en esta polémica con una oposición cuyas impugnaciones formales disimulan su oquedad sobre las cuestiones de fondo.

La batahola

La baja de los aportes patronales fue probada durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa sin los resultados que se decían perseguir. En vez de blanquear trabajadores preexistentes y/o crear nuevos puestos de trabajo, los beneficiarios incrementaron su rentabilidad, mientras aumentaban el desempleo y la precarización laboral. ¿Por qué habría de ser diferente ahora si la clase empresarial es la misma de entonces?

En todo caso las dudas se ciñen a la eficacia que tendrá esta nueva transferencia de ingresos. En cambio el título acerca de la exteriorización y blanqueo de capitales provocó una batahola. La oposición afirmó que el gobierno lo incluyó en un proyecto global porque no hubiera conseguido su aprobación aislada. Lo sucedido en el recinto no dirime la cuestión, porque no hay acuerdo acerca de si el resultado contó con los votos necesarios, asunto que terminará en los tribunales. La oposición sostiene que era necesaria la mayoría especial de 129 votos, uno más de los que obtuvo el proyecto oficial. Esta diferencia parte de opuestas lecturas del artículo de la Constitución sobre las facultades del Congreso. El proyecto afirma que los fondos que se obtengan se coparticiparán de acuerdo con la ley vigente, es decir sin una asignación específica. Esto parece indicar que bastaba con una mayoría simple, como ocurre con la creación de cualquier impuesto. La confusión la creó el propio bloque victoriano, al reclamar a destiempo que votara el presidente de la Cámara de Diputados, pero igual no alcanzó. Había una confusión porque en la planilla impresa se computó como positivo nada menos que el voto de la Tata Quiroz, la ex presidente del ARI. Pero estos errores de manejo no permiten forzar la interpretación del texto constitucional, que en este punto no parece ambiguo. Más importante es evaluar qué razonabilidad tienen las críticas opositoras respecto del riesgo de lavado de dinero. Por lo menos tres artículos, el 26, el 28 y el 31, detallan los recaudos para impedirlo. Consisten básicamente en la exigencia de que los fondos que se acojan al nuevo régimen hayan sido depositados en el sistema bancario de algún país donde se ejerzan los controles por parte del respectivo Banco Central. Y su exposición de motivos dice en forma expresa que no liberará a entidades financieras, notarios, contadores, síndicos, auditores o directores de las obligaciones legales para “la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes especiales no tributarias”. Lo único que se indulta es la evasión tributaria, cosa que en comisión se agregó al articulado para hacerlo más explícito.

Contrapunto

Parecería entonces que el problema no está en la ley, sino en los controles administrativos, rubro en el que la Argentina no se ha destacado bajo ningún gobierno. Durante las audiencias realizadas por las comisiones del Senado el tema surgió en el contrapunto entre dos expertas: la titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Rosa Falduto, y su ex integrante Alicia López. Falduto realizó un detallado informe de gestión, con la cantidad de expedientes iniciados cada año. Pero López, quien todavía resuella por la metamorfosis del organismo de colegiado en unipersonal, y, sobre todo, por la finalización de su tarea allí, replicó que no importaba la apertura de casos sino su resultado. Es sabido, en la Argentina no hay condenas por lavado de dinero. Pese a todo, cuando le preguntaron si alguno de los países que integran el organismo correspondiente internacional, el GAFI, había hecho alguna objeción al proyecto de ley, Alicia López respondió que no. Lo relativizó luego con una frase notable: “Habría que ver qué es el GAFI con la actual situación internacional”. En forma implícita dijo así que en todo el mundo la crisis ha alterado el orden de las prioridades. Otros artículos que levantaron roncha fueron aquellos que disponen la extinción de la acción penal en las causas iniciadas contra quienes se beneficien con la nueva ley, salvo en caso de que hubiera sentencia firme. Esto no implica ninguna novedad: así ha sido desde 1990, cuando se sancionó la ley penal tributaria, modificada en 1997. Hasta entonces, los controles eran administrativos, reglados por la ley de procedimiento tributario. Transferir esos controles al derecho penal no sirvió de nada. Por el contrario, al responsabilizar al contribuyente, desdeñó las funciones de control, percepción y fiscalización del organismo recaudador. Como lo que importa no es el proceso penal, sino el pago, quien pretenda el beneficio debe aceptar sin discusión el reclamo del organismo recaudador. En los años transcurridos no abundaron las condenas contra grandes evasores ni las causas por balances falsos. Esa es la cultura nacional, de la que la nueva ley no se aparta. El procedimiento administrativo está previsto por la ley 11.683, que sólo fue derogada en forma parcial. La nueva ley no deroga la que castiga el lavado de dinero ni los tipos penales que permiten perseguir los delitos contra la Administración Pública, el peculado, el cohecho, la malversación o el enriquecimiento ilícito. Igual que en la meneada cuestión de la inseguridad, los controles administrativos son más importantes que los tipos penales. El Banco Central, la Inspección General de Justicia, los distintos registros, la AFIP, el Mercado de Valores, la UIF deberían mejorar la agresividad y eficacia del control del lavado de dinero.

Buzzi lo hizo

Los dos emergentes mediáticos de las cámaras patronales agropecuarias reaparecieron en el espacio público, cada uno a su manera. Eduardo Buzzi llevó al Congreso un proyecto de ley que propone suprimir las retenciones, salvo para los más grandes. Alfredo De Angeli encabezó una procesión de tractores y cosechadoras que volcaron apreciable cantidad de trigo en la entrada de la casa de gobierno de Entre Ríos. Buzzi había fijado la meta: desgastar al gobierno. La fecha elegida para comenzar una nueva etapa del plan de lucha corrobora esa lógica: el primer aniversario de la presidencia de CFK. Pero la escasa repercusión de la jugada sugiere que los líderes de la Federación Agraria están sufriendo un desgaste mayor que el gobierno. Se comprende: con la baja de los precios internacionales crece el desfasaje entre los ingresos de sus asociados en la situación actual con los que recibirían si no hubieran volteado la resolución 125 y sus modificaciones. Los voceros de las cámaras patronales señalan que la caída de los precios internacionales de cereales y oleaginosas se combina con el incremento de los costos para producir quebrantos en las empresas agrícolas. Lo que omiten es que esas alternativas habían sido previstas por el Poder Ejecutivo al proponer el sistema de retenciones móviles en lugar de fijas y que fue la enconada resistencia de las cámaras patronales la que impidió su adopción. De haberse aprobado la propuesta oficial, con las correcciones de la Cámara de Diputados, los porcentajes de retenciones serían más bajos ahora y los márgenes brutos de las explotaciones más altos. Las estimaciones que aquí se publican, sobre datos de la Secretaría de Agricultura y de la revista Márgenes Agropecuarios no incluyen la rebaja del 5 por ciento para trigo y maíz anunciada hace diez días, ya que aún no se publicó en el Boletín Oficial. Incluso con esas reducciones todas las alícuotas, salvo la del trigo, superan a las que se pagarían si Cobos no fuera un papá tan atento a las opiniones de su mujer y sus hijas. En maíz se igualarían, en 20 por ciento. (Ver cuadro 1.)

Los márgenes brutos se calcularon para las regiones del país más aptas para los distintos cultivos, con los precios de insumos y diversos costos de noviembre de este año y el precio FOB del jueves 11 de diciembre de 2008. El cálculo es conservador: considera un productor que no posee maquinaria para labranza y cosecha y paga por su uso hasta un 20 por ciento más que los costos del contratista; supone un rinde efectivo máximo al momento de la cosecha de las zonas más productivas igual al esperado al sembrar; sobreestima los costos de producción a su valor de reposición y subestima los ingresos porque imagina un productor que no combina la soja con otros cultivos. Aun así, los márgenes brutos para los grandes productores de trigo en la zona núcleo mejorarían un 20 por ciento con la resolución 125 y para los pequeños productores un 120 por ciento. (Ver cuadro 2.)

En el caso del maíz la situación es más nítida aún. Tanto los grandes como los pequeños productores tendrían márgenes brutos muy superiores a los actuales (+ 175 por ciento y + 160 por ciento). Pero mientras los grandes siguen obteniendo una rentabilidad de 68 dólares por hectárea en la zona núcleo (norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe) los pequeños tienen ahora un quebranto de 56 dólares por hectárea y si se hubiera aprobado la resolución 125 tendrían un margen bruto de 33 dólares por hectárea. (Ver cuadro 3.)

En el tan disputado caso de la soja, los grandes productores de la zona núcleo tendrían márgenes brutos un 7,6 por ciento más altos. Para los pequeños de hasta 1500 toneladas anuales la mejora sería del 9,2 por ciento; para los de hasta 750 toneladas, 10,3 por ciento y para los de hasta 300 toneladas, 11,5 por ciento. (Ver cuadro 4.)

Para los grandes productores de girasol de la zona núcleo (sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, la 125 hubiera implicado márgenes brutos 71 por ciento mayores que los actuales y para los pequeños del 265 por ciento. (Ver cuadro 5.)

Arriba o abajo

Sobre la base de estos datos, salvo en el caso del maíz carecería de sentido económico cualquier nuevo ajuste de las retenciones. La cuestión es saber si para el gobierno también carecería de sentido político, o mejor dicho electoral. Tal vez no, si se atiende a la baja de los aportes patronales que la presidente anunció a la UIA. Una de las observaciones más repetidas en el segundo trimestre de este año fue que el gobierno cometió el error de confrontar con sectores sociales que en forma masiva habían votado por CFK. Esa hostilidad de las clases medias rurales contra un gobierno que las benefició como ninguno, se expandió luego a las ciudades, donde la presidente no es menos odiada de lo que lo fuera Evita. La fantasía de recuperar esas adhesiones puede inspirar políticas distributivas en una dirección errónea. Entre los planes de financiamiento para automotores de 50.000 pesos y la canasta navideña de 9 pesos hay un abanico de posibilidades enorme y no es seguro que el gobierno lo apunte hacia la parte inferior de la escala. Estimaciones aún inéditas de Artemio López afirman que entre octubre de 2007 y de 2008 la población bajo la línea de la pobreza creció, de 19 a 24 por ciento. Dicho en términos menos fríos, que 11,1 millones de personas padecen esa situación. Para llegar a esa cifra, López estimó el valor de la línea de pobreza para un hogar tipo en 1188 pesos mensuales, contra 999 pesos de la medición del Indec. Los últimos datos oficiales sobre ascenso de la desocupación en aglomerados urbanos corroboran este cuadro. Como norma el primer y mayor impacto se produce en los sectores informales más vulnerables. El gobierno fundamentaba la reducción de planes de ayuda en una postura ideológica, que privilegiaba el trabajo sobre la asistencia. Si eso pudo sostenerse en el momento de mayor creación de empleo, es más dudoso ahora. En ese contexto es difícil percibir la ventaja de la anunciada eliminación de la llamada Tablita de Machinea, cuyo efecto será una desgravación del impuesto a las ganancias para el tramo superior de los asalariados, entre el 5 y el 10 por ciento de los trabajadores, con ingresos mensuales superiores a 7000 pesos. CFK dijo que la escala que derogará era regresiva y equivocada y que el dinero extra que percibirán esos trabajadores irá al consumo. El mismo destino tendrían esos fondos si se distribuyeran en la amplia base de la pirámide salarial donde los apremios vuelven a crecer. Constituiría además una política de minoridad, tema tan trajinado por jueces, periodistas y políticos: en la estructura hogareña del Gran Buenos Aires hay un chico por cada cuatro hogares no pobres y también uno por cada hogar indigente. Mañana, Néstor Kirchner asistirá a la asunción de las nuevas autoridades del Partido Justicialista bonaerense. Tal vez su titular, el ex intendente de La Matanza Alberto Balestrini, podría ilustrarlo acerca del previsible impacto social (y electoral) de estas novedades en el crítico segundo cordón del Gran Buenos Aires.