Las sucesivas advertencias del líder justicialista Néstor Kirchner y de la presidente CFK sobre la preservación del empleo constituyen una definición genérica dirigida al empresariado, en medio de la peor crisis global en un siglo y en el año de las decisivas elecciones de la mitad del mandato de cuatro, en las que se definirán las relaciones de fuerza para los 24 meses previos a la renovación presidencial de 2011. Cuando dijeron que no tolerarían un solo despido se dirigían en forma específica a las empresas líderes y, más en particular, a la transnacional italiana Techint, a raiz del default declarado por una de sus compañías, la Transportadora de Gas del Norte, y del anuncio de 2.400 despidos por otra, la siderúrgica Siderar. Mañana vencen los 30 días de conciliación obligatoria dispuestos por el ministerio de Trabajo y en el fin de semana seguían las negociaciones entre Techint, el gobierno nacional y los sindicatos afectados, las uniones de obreros de la construcción y metalúrgicos, ambas de la CGT. El Poder Ejecutivo está dispuesto a disciplinar a las empresas líderes y confía en que no será necesario llegar a rescindir la concesión en caso de TGN o a expropiar la planta de San Nicolás en el de Siderar, aunque está tomando las previsiones que le permitan responder de ese modo en caso de agudización de los conflictos. Ambas empresas tuvieron abultados beneficios en el último lustro, que hacen incomprensibles esas decisiones desde el punto de vista económico. En los dos casos, el grupo italiano presionó con el default y los despidos y/o suspensiones en procura de beneficios del Estado.

Nostalgia del socio bobo

En los últimos meses de 2008 TGN comunicó tres veces al gobierno nacional la posibilidad de no pagar a su vencimiento obligaciones negociables por 22 millones de dólares. En cada ocasión la respuesta fue que si elegían ese camino, que despertaría suspicacias en el país y en el mundo sobre la posibilidad de un nuevo default soberano de la Argentina, la respuesta sería la intervención de la empresa. Cada actor cumplió su parte anunciada. El interventor designado por el Enargas (en realidad un veedor, ya que el directorio y la gerencia siguen en funciones) comprobó mediante el análisis de los libros de la sociedad que según el balance 2008 existían recursos genuinos para hacer frente al compromiso y que el default se había declarado en forma irregular, ya que no consta en el libro de actas del directorio. A raíz de esto el Entre Regulador Enargas presentó una denuncia penal contra los responsables. Pese a ser el socio minoritario, Techint tiene a su cargo la operación de la transportadora. La mayoría del paquete accionario pertenece a la francesa Total y a un fondo de inversión del Bank of America. Ese fondo estadounidense, Blue Ridge, compró la parte de CMS Gas Transmission, que en realidad es un juicio en el CIADI, cuyo resultado la Argentina no reconoce. En las negociaciones posteriores a la intervención, Techint propuso que la Anses comprara la parte de Blu Riche, que es la versión fonética italiana del fondo especulativo. La respuesta fue negativa: no habrá dinero estatal para rescatar una cuarta parte del paquete de una empresa cuyos incumplimientos justifican la rescisión del contrato por el que se le concedió la prestación del servicio. La Comisión de Valores rechazó la declaración del default, pero la compañía no está pagando sus obligaciones. Si no lo hace al concluir los 120 días de la intervención, su contrato será rescindido.

Por lo más delgado

Siderar es la siderúrgica de Techint surgida de la privatización de Somisa, durante el gobierno de Carlos Menem. En su liquidación intervinieron los sucesivos ministros de Economía Erman González y Domingo Cavallo y los ejecutores María Julia Alsogaray y Jorge Triacca, quienes siguieron una hoja de ruta del Banco Mundial, que incluyó miles de despidos de trabajadores metalúrgicos. En los dos años previos a su venta a Techint, Somisa arrojó pérdidas en sus balances, que siempre habían sido superavitarios, entre otras cosas porque subsidiaba la chapa laminada en caliente que vendía a Propulsora, del grupo Techint. Esto le bajó el precio. Como estaba previsto, volvió a dar ganancias luego de su venta al holding de Milán (con sedes legales en Luxemburgo y las Antillas Holandesas). En 2008 sus beneficios llegaron a 1750 millones de pesos en los tres primeros trimestres del año, lo cual constituye un record en los 18 años posteriores a su enajenación. El saldo del año, que se conocerá dentro de un mes rondaría los 700 millones de dólares. En los nueve primeros meses de ese año, la producción superó las 200 mil toneladas mensuales de laminados, a partir de octubre cayó a 120 mil y se prevén 70 mil en febrero. La familia Rocca anunció que debido a las condiciones de mercado suspendería la construcción de un nuevo alto horno de fundición de palanquilla, en el que llevan invertidos 730 millones de dólares desde 2005. El anunciado plan de inversiones hasta 2011 era de otros 1.200 millones de dólares, de los cuales apenas 70 en este año. Techint argumenta que invirtió gran parte de sus utilidades en el nuevo horno, lo cual es verosímil si se observa que en 2008 sólo distribuyó dividendos por 157 millones de pesos. En su anuncio a la Bolsa de Comercio dijo que continuaría la ampliación cuando se recuperara la demanda, local e internacional, y que había ordenado a los subcontratistas que suprimiera los puestos de trabajo correspondientes a ese proyecto. Techint utilizó esta situación para presionar al gobierno: si intercedía ante el presidente de Venezuela, teniente coronel Hugo Chávez, y éste indemnizaba la expropiada participación del grupo italiano en Siderúrgica del Orinoco (Sidor), invertiría ese dinero en Siderar. El gobierno respondió que no pensaba inmiscuirse en una cuestión que no le concierne, por cuestiones que ocurren fuera del territorio nacional. En cambio anunció que aceptaría la reprogramación de la obra a más largo plazo pero no que quedara paralizada y dispuso estudiar las condiciones jurídicas para una eventual expropiación. Las voces oficiales aclaran que preferirían no llegar a ese extremo pero que es imprescindible estar preparado por si la empresa incurre en alguna provocación, sobre todo si esto ocurriera en sintonía con una nueva escalada de la agresión agromediática, anunciada para este mes, de acuerdo con el objetivo expuesto por Buzzi de desgastar al gobierno. El propio Buzzi, Mario Llambías y Luciano Miguens contemplan incluso la presentación de candidaturas legislativas por distintos partidos pero con una idea compartida, de apurar el fin del proyecto iniciado en 2003. La revista Imagen informó que cada entidad ya tiene su agencia de comunicación preparada para el próximo round: Felipe Noguera (Sociedad Rural), Silvia Mercado (CRA) y Diego Serrano & Asociados (FAA). Paolo Rocca y el CEO de Clarín, Héctor Magneto, son los hombres fuertes de la Asociación Empresaria, AEA. Los Rocca fueron reduciendo sus aspiraciones: de 2400 despidos bajaron a 1000, más adelante los plantearon como suspensiones y en los últimos días se ha estado discutiendo si esas suspensiones serían de dos semanas por mes, con la correspondiente reducción salarial, o de una, que es lo máximo que estarían dispuestos a aceptar la UOM y sobre todo la Uocra, que sería la principal afectada. La fórmula con mayor probabilidades reprogramaría la obra, de modo que el horno terminara de construirse en noviembre, sin despidos y con una rotación de suspensiones. Cada turno trabajaría dos semanas y cobraría tres, más las asignaciones familiares y los aportes por obra social, para que nadie pierda su cobertura médica. Durante el proceso de privatización, el secretario de la UOM de San Nicolás, Naldo Brunelli, resistió al apagado del alto horno y participó en marchas de trabajadores sobre Buenos Aires. También compitió con Luis Barrionuevo, y le ganó, con una empresa de San Nicolás, creada ad hoc, por la provisión del refrigerio que por estatuto se debe servir a todos los trabajadores y que por entonces implicaba 12.000 sandwiches y 12.000 coca-colas por día, medio millón de dólares al año. Ahora, Brunelli hizo saber que apoyaría la hipotética renacionalización.

Momento de decisión

En su simplicidad, Maurizio Macri describió de modo conciso el razonamiento y/o plan de la oposición: el oficialismo puede retener la primera minoría en las elecciones de este año, pero quedará debilitado con vistas a 2011, cuando cualquiera que lo represente concitaría en la segunda vuelta un 70 por ciento de los votos en contra. Es decir, aquella situación que indujo a Menem a no presentarse al ballottage de 2003. Con vistas a ese momento han comenzado los acercamientos y aproximaciones entre distintas fuerzas y postulantes. Por un lado, la diáspora justicialista junto con Macri, por otro los remanentes del naufragio radical con una fracción del socialismo. E incluso la posibilidad de un puente entre ambos hemisferios de la apopléjica constelación partidaria opositora. Los grandes efectores de esta recomposición son el ex senador Eduardo Duhalde y la ex diputada Elisa Carrió. La principal diferencia es que Duhalde ya sabe que no tiene ninguna posibilidad de obtener una victoria electoral y sólo lo impulsa el deseo de venganza, que explica el tono virulento de sus exabruptos contra Kirchner, a quien llamó burro y loco. Hace coro con él Luis Barrionuevo, quien se refirió al secretario general de la CGT, Hugo Moyano, con la misma metáfora siniestra del ex obispo castrense Antonio Baseotto: “se lo llevan en el avión a España. Si lo pueden tirar de arriba lo van a tirar, porque no lo quieren”. Ambos se han puesto a tono con los dicterios de la jefa de la Coalición Cívica Libertadora, quien nunca economiza adjetivos cuando habla de la pareja presidencial,y con la exasperación de la dirigencia agropecuaria. Del socialismo al PRO hay un continuo en general plácido, con algunos chirridos entre ciertas partes adyacentes. El radical a secas Gerardo Morales comparte carpa con Elisa Carrió y ha firmado las paces con Julio Cobos, lo cual aun no significa que Consenso Federal vaya a coincidir con la CCL. Macri y su primo inteligente coinciden con el ex gobernador bonaerense Felipe Solá y con el aspirante a ese cargo Francisco de Narváez, pero entre ellos no hay afinidades. Desde el centro del dispositivo, Carrió ofrece abrir la puerta para el ingreso de Carlos Reutemann, quien no cree necesitar tanta ayuda para llegar segundo a la meta.

Condiciones

El gobierno entiende tan bien como la oposición cuánto se juega en los comicios legislativos de este año. El kirchnerismo debe renovar las bancas obtenidas en su mejor elección, la de 2005, cuando CFK triplicó los votos justicialistas de Duhalde en la provincia de Buenos Aires. Esto implica tanto cantidad como calidad: en aquel año pudo colocar en las listas de distintas provincias a candidatos muy identificados con su política, como el propio Rossi o la diputada cordobesa Patricia Vaca Narvaja. Por mejor que le fuera este año, es improbable que los bloques legislativos conserven su número y que los reemplazantes tengan el mismo grado de proximidad y adhesión. Esta debilidad relativa permite, además, que los liderazgos provinciales impongan al poder central condiciones antes inimaginables. En ese nuevo contexto, una de las variables de ajuste es la política de derechos humanos, que nunca entusiasmó al aparato partidario. El resultado de octubre se definirá en la provincia de Buenos Aires, con casi el 40 por ciento del padrón nacional, y en Mendoza, donde Cobos intentará canjear por votos su popularidad obtenida con un gesto bizarro en una madrugada de invierno porteño. Conscientes de ello, los gobernadores Daniel Scioli y Celso Jaque llevan adelante políticas represivas contradictorias con las obligaciones internacionales del Estado Nacional, sin temor a represalias o presiones del poder central. Con el argumento de la inseguridad Scioli enterró la trabajosa reforma emprendida por el ex ministro Carlos Arslanian y devolvió todo su poder a la policía bonaerense, con las consecuencias conocidas: la pata policial en el secuestro de Bergara y la confraternización de su personal con los traficantes de cocaína descubiertos en San Miguel con el mayor cargamento de cocaína secuestrado. La reforma procesal aprobada a pura presión desobedece las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia sobre el uso de la prisión preventiva y el propio gobernador se permitió disentir en público con la presidente acerca de la despenalización del consumo de sustancias psicotrópicas. Jaque también reformó los códigos para dificultar las excarcelaciones, en conflicto no sólo con la Corte Suprema sino también con el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, y hasta creó un cuerpo policial secreto, sin uniformes ni identificación en los vehículos. La contradicción entre las audaces medidas económicas con que el gobierno de CFK se para frente a la crisis y las alianzas políticas en las que se sustenta dentro del PJ es cada día más evidente y permite sospechar que, en algún momento, uno de los dos términos excluirá al otro.