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Diputados del Frente para el Cambio, el ARI, Izquierda Unida y el Frente Grande pidieron una sesión especial para mañana con el objetivo de tratar dos proyectos de juicio político a la Corte Suprema, que proponen la remoción de todos sus miembros y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. La sesión especial va a coincidir con la quinta caceroleada contra los integrantes del máximo tribunal. Que Diputados llegue a tratar la cuestión o no dependerá de si los bloques mayoritarios (peronismo y radicalismo) dan quórum; en el peor de los casos, los legisladores que impulsan la iniciativa tratarán el tema en minoría.
La remoción de la Corte a través del juicio político es, de los caminos posibles, el que tiene más aceptación dentro de la comunidad jurídica, pero no es fácil de concretar. Desde 1991 hubo casi un centenar de cuestionamientos contra los ministros que terminaron desestimados.
Los proyectos que ahora quieren tratarse coinciden en responsabilizar a los jueces de mal desempeño y delito en el ejercicio de sus funciones. Uno fue presentado por Alicia Castro y Alfredo Villalba y el otro por el ARI. El pedido de sesión especial es un mecanismo por el cual los diputados, siendo como mínimo diez, pueden pedir que se trate un proyecto aunque no tenga despacho de comisión. El reglamento de la Cámara dice que con reunir esas diez firmas de legisladores es suficiente para convocar a sesión especial; a partir de allí la clave pasa a ser si el resto da quorum.
Si el jueves lo hubiera, se necesitarían los votos de los dos tercios de los miembros presentes para aprobar el inicio del juicio político. En estos casos la Cámara de Diputados actúa como acusadora y los senadores como jurado, donde también se necesitan dos tercios para la destitución. Es evidente que tiene que haber un consenso muy alto para reunir tantos votos en cada cámara.
La solicitud de sesión especial fue realizada por los diputados del Frente para el Cambio, Alicia Castro y Alfredo Villalba, del Frente Grande, José Vitar, de Izquierda Unida, Patricia Walsh, del ARI, Marcela Bordenave, y del Polo Social, Francisco Gutiérrez y Daniel Carbonetto, entre otros.
En la Comisión de Juicio Político se acumulan pedidos formulados por particulares y legisladores, presentados a lo largo de los últimos dos meses, pero que aún no han recibido tratamiento. Justamente, un indicio del escaso interés en los bloques mayoritarios por el tema es que desde que se renovaron las bancas en diciembre la Comisión de Juicio Político no se conformó.
A principios de enero, los diputados del Frente para el Cambio enviaron cartas documento a todos los miembros de la Corte pidiéndoles que renuncien. El mensaje les reprochaba haber convalidado “la emergencia económica, los decretos de necesidad y urgencia, las tarifas usurarias, el retroceso de los derechos laborales, la impunidad de los genocidas y corruptos y la concentración económica”.
“Esta en vuestras manos presentar la renunciar que reclama todo un pueblo y empezar a transitar así el camino de reconstrucción de nuestra institucionalidad, que nos permita alcanzar la paz social y consagrar la justicia”, concluía el mensaje.
El único que respondió la carta documento fue Adolfo Vázquez, quien -informaron los diputados– “rechazó el pedido de renuncia y expresó que el mecanismo institucional adecuado para retirarse de la más alta magistratura es el juicio político”.