La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba formalizó ayer una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de ese órgano del gobierno provincial para que evalúe la posible destitución de José Luis Santi, funcionario judicial sindicado como personal civil de inteligencia (PCI) del Ejército durante la última dictadura militar. La denuncia considera “una grave negligencia” por parte de Santi haber ocultado en presentaciones, declaraciones juradas y concursos en su paso por el Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba, que ya tiene a varios ex miembros condenados por secuestros y torturas en el centro clandestino La Perla como subordinados del general Luciano Benjamín Menéndez.

Santi es asesor letrado de ejecución en el fuero penal desde julio de 2002. Desarrolla sus tareas en el tercer piso del ala “Fiscalías” del edificio de Tribunales Dos, ubicado en Artigas y Fructuoso Rivera de la capital cordobesa. Su nombre trascendió públicamente en febrero, cuando la revista Veintitrés publicó las identidades de 4300 personas que prestaron servicios en el Batallón de Inteligencia 601 y en varios destacamentos del interior del país.

La secretaria general de los empleados judiciales, Irina Santaesteban, denunció a Santi el 19 de marzo ante el fiscal general Darío Vezzaro. Reclamó entonces que se investigue si el funcionario es el mismo que actuó como espía mientras trabajaba como empleado del Poder Judicial, al que habría ingresado en febrero de 1975. Santaesteban presentó ayer la nueva denuncia, ahora ante el jury de enjuiciamiento, con el patrocinio de los abogados Eugenio Biafore y Claudio Orosz, letrado de la agrupación Hijos regional Córdoba. El escrito apunta que Santi figura como “agente de reunión” del Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba entre el 16 de noviembre de 1981 y el 31 de diciembre de 1983, días después de la restauración de la democracia y fecha tope sobre la que se conoce información sobre los PCI, por lo que no puede descartarse que haya continuado e incluso continúe en actividad.

Si bien integrar el listado desclasificado por el Ministerio de Defensa no implicaría en sí haber cometido o encubierto delitos de lesa humanidad –a tal punto que figura hasta el general César Milani, quien hizo entrega de esa información como actual titular de inteligencia del Ejército–, Santaesteban y los abogados explican que “haber omitido hacer conocer” su pasado en la estructura de inteligencia militar durante el terrorismo de Estado constituye “una grave negligencia”, que se encuadra dentro de las causales de destitución de los funcionarios judiciales.

“Si hubiera pertenecido al aparato de inteligencia militar que asoló con el terrorismo de Estado en la Argentina”, sostiene la denuncia, Santi “estaría incurso en inhabilidad moral y ética, que integra obviamente la capacidad psíquica del ser humano, para desempeñar su cargo, que consiste nada más ni nada menos que en hacer realidad las garantías y derechos que los tratados internacionales y las constituciones nacional y provincial otorgan a quienes se encuentran penados en conflicto con la ley”.