EL PAIS › LA MITAD DEL CAMINO HACIA EL 2011

A un año

El Grupo Ahhh... impuso esta semana por primera vez su agenda legislativa. No es seguro que llegue a convertir en ley sus proyectos sobre el Consejo de la Magistratura, el INDEC y el sistema previsional. El sainete en torno de las negociaciones comerciales con Venezuela puede ser un gol en contra, como ya ocurrió con el intento de bloquear la designación de Marcó del Pont. El gobierno reglamentó la ley electoral para los comicios de 2011.

 Por Horacio Verbitsky

Imagen: Télam.

Al cumplirse un año de las elecciones en las que el gobierno nacional perdió la mayoría en ambas cámaras del Congreso y un año antes de la designación de las fórmulas para 2011 el Grupo Ahhh... consiguió imponer esta semana su agenda legislativa, por primera vez desde que sumó Pinos con Pinedos en la rebatiña de los cargos. Como secuela de aquella operación, también se apoderó ahora de la presidencia de la Comisión Bicameral de Control de los organismos de Inteligencia, logró dar media sanción en Diputados a la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura, citó a declarar en la misma Cámara al ex embajador en Caracas Eduardo Sadous, consiguió dictamen en el Senado para revertir la vandalización del INDEC y en varias comisiones de ambas cámaras para el aumento de las jubilaciones hasta el 82 por ciento de los ingresos de los trabajadores activos. Poco habituado a las votaciones adversas, el gobierno tampoco cedió la iniciativa y en la misma semana reglamentó la ley electoral que regirá la renovación presidencial del año próximo.

Cada una de estas decisiones legislativas tienen su dinámica propia, pero todas comparten una definición general: el Grupo Ahhh..., ahora con la disidencia en algunos temas de Proyecto Sur, procura colocar al oficialismo a la defensiva y deslegitimarlo frente a la opinión pública en temas con posible resonancia electoral. La calidad y la viabilidad de los proyectos recibe una atención subordinada a ese objetivo principal. Tampoco hay mayor preocupación por el cumplimiento de acuerdos previos, como la cesión al Frente para la Victoria de la comisión fiscalizadora de los organismos de Inteligencia. En algunos casos, que tienen que ver con las funciones de control cuyo ejercicio por la oposición es razonable, para llegar al dictamen y/o la media sanción, se introducen mejoras en los textos. En otros, que hacen en forma nítida a la gestión, no importa la congruencia de la norma que se vota, ya que la finalidad excluyente es desgastar al Poder Ejecutivo, colocándolo en la disyuntiva de vetar o resignarse a que la oposición gobierne desde el Congreso. Ni aun así es seguro que el Grupo Ahhh... consiga los votos suficientes para aprobar esas enmiendas.

El 82% móvil

El discurso opositor recuerda el de los gobiernos que se sucedieron a partir del derrocamiento de Juan Perón en 1955. Por ejemplo, la Convención Constituyente, convocada por un decreto de Pedro Aramburu e Isaac Rojas para reformar la Constitución Nacional, derogada por otro decreto de los mismos dictadores, sólo alcanzó a aprobar un añadido al artículo 14 que consagró en el papel todos los derechos del trabajador que el gobierno había eliminado en los hechos: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagos, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática. También prometía los beneficios de la seguridad social obligatoria, jubilaciones y pensiones móviles, protección integral de la familia y acceso a una vivienda digna. El mismo gobierno que había intervenido la CGT, ilegalizado las huelgas y fusilado trabajadores, les ofrecía en el papel a los gremios convenios colectivos, conciliación y arbitraje sobre salarios y condiciones de trabajo, estabilidad en el empleo de los delegados y derecho de huelga. El artículo fue votado por unanimidad, en una Convención de la que había sido proscripto el partido mayoritario. Los convencionales y el público aplaudieron de pie y entonaron el himno nacional. Pocas veces el divorcio entre la palabra y la acción había sido más nítido. El espejismo del 82% móvil fue obra del gobierno radical que sucedió a aquella dictadura, presidido por Arturo Frondizi y Alejandro Gómez, el mismo que decretó el plan CONINTES y militarizó a los trabajadores en huelga, de modo que personal militar llegó a conducir trenes. El 82% sólo correspondía al salario mínimo, para los más altos no llegaba al 15% y para los medios apenas superaba el 50%. Pero aun para los mínimos su vigencia fue efímera. El derecho existía, pero se acumularon los juicios, hasta que la dictadura de Juan Onganía los paralizó en la década del 60. La hipótesis de que el gobierno que mejor ha tratado a la clase pasiva desde entonces y que casi ha duplicado la cantidad de jubilaciones y pensiones que se pagan pueda ser acorralado en este tema por las mismas fuerzas políticas que desfinanciaron el sistema previsional al reducir las contribuciones patronales, que lo privatizaron para que diera lugar a un negocio financiero, que endeudaron a la sociedad para cubrir ese bache y que hasta redujeron ingresos nominales revela un optimismo a toda prueba. Nada indica que el Grupo Ahhh... consiga siquiera llevar al recinto la cuestión. No obtuvo dictamen en la estratégica comisión de Presupuesto y en la única que le resultó propicia, la de Previsión Social, no pudo unificar un dictamen y presentó dos. Uno de la mayoría (Pro, Peornismo opositor, CCL, Socialistas, UCR, Gen) que se despreocupa por cómo financiar el incremento de las prestaciones, y otro de minoría (Proyecto Sur) que para ello propone restituir los aportes patronales suprimidos en 1993 por el dúo Menem-Cavallo. Es obvio que quienes se batieron hace apenas dos años en contra de las retenciones agropecuarias no apoyarán ahora la restitución de los aportes patronales al régimen previsional. Y sin los votos de Proyecto Sur no podrán dar sanción legislativa a su gesto ampuloso. Tal vez la cuestión se zanje con una nueva mejora jubilatoria dispuesta por el gobierno y el subsiguiente debate con la oposición, que se adjudicará el haberlo obligado a hacerlo, como ya ocurrió con la Asignación Universal por Hijo.

El consejo de los jueces

El principal argumento del Grupo Ahhh... fue que con la reforma impulsada por CFK cuando era senadora, el oficialismo logró influencia decisiva para designar magistrados adictos, impedir su remoción e intimidar a quienes no se le sometan. Las estadísticas del Consejo en el lapso posterior a la reforma muestran un cuadro distinto. En el período 2007-2009 se aprobaron 163 ternas por unanimidad y sólo tres con votos en disidencia, ninguno de los cuales del oficialismo. Además se resolvieron por unanimidad 1307 expedientes en materia de disciplina y juicio político y sólo 19 con disidencias. En siete de esos 19 casos, el oficialismo votó con los consejeros de la oposición y de los abogados y en contra de los tres consejeros magistrados, que se oponían a la sanción contra colegas; en cuatro la disidencia sólo versó sobre la magnitud de la sanción a imponer y en tres los votos del oficialismo se dividieron entre mayoría y minoría. En un solo caso los consejeros del oficialismo votaron solos contra todos los demás, y quedaron en minoría. No hay un solo caso en el que los consejeros del oficialismo, votando en bloque, hayan impuesto una decisión.

La media sanción de Diputados, conducida por el ex juez y ministro radical Ricardo Gil Lavedra, tiende a incrementar los niveles de transparencia, publicidad y rendición de cuentas en las actuaciones del Consejo. Con la nueva composición, ningún estamento del Consejo podría formar quórum propio ni tendría poder de veto. Sobre todo, la inclusión de las tres primeras fuerzas políticas parlamentarias asegura una diversidad representativa de la voluntad popular y la de un académico de las ciencias sociales amplía la mirada sobre el funcionamiento de la Justicia. Pero no es alentador que se debilite el estamento político en relación con aquellos no representativos de la voluntad popular. Esto pudo evitarse en el plenario, gracias a los reclamos de las ONG asumidos como propios por Proyecto Sur, pero no en las Comisiones. Aunque esta combinación consiguió que se creara un consejo asesor integrado por organismos de la sociedad civil, se designara por concurso público de oposición y antecedentes al Administrador General del Poder Judicial, el Secretario General del Consejo y el Jefe del Cuerpo de Auditores, y se establecieran auditorías semestrales al funcionamiento de los juzgados, no pudo evitar que en las comisiones se acentuara el sesgo corporativo sobre el componente democrático. Por ejemplo, en la de selección de magistrados sólo hay tres diputados, contra cuatro abogados, tres jueces y los representantes del ámbito académico y científico; en la de disciplina y acusación seis senadores y diputados convivirán con dos abogados y dos jueces; en la de reglamentación la mayoría estará formada por cuatro jueces y abogados, contra dos legisladores y el representante del Poder Ejecutivo; en la de escuela judicial dos legisladores quedarán en minoría frente a cuatro jueces y abogados y los representantes del ámbito académico y científico; en la de administración y finanzas sólo habrá dos legisladores y el representante del Poder Ejecutivo, pero tres jueces, dos abogados y un representante del ámbito académico y científico. Es decir que se fortalecerá el estamento judicial que, en los últimos años es el único que actuó en forma corporativa. Esa comisión de selección podrá modificar el orden de mérito dispuesto por el jurado en vez de limitarse a resolver las impugnaciones. Pese a toda la retórica acerca de la supuesta actitud hegemónica del gobierno, la media sanción no limita la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para ignorar el orden de mérito al elegir entre las ternas elevadas por el Consejo. Esto le permitiría postergar a los más idóneos.

No hay libro

La semana pasada el director de la filial argentina de una gran editorial europea almorzó con un colega español a cargo de la sucursal mexicana y con otros directivos y autores de la casa. El visitante preguntó si la corrupción en el gobierno era tan abrumadora como leía en la prensa. La respuesta fue que había menos casos que en otros períodos de la historia argentina y que en otros países en la actualidad. Para ejemplificarlo el anfitrión contó que la editorial había pedido un libro sobre Néstor Kirchner a un periodista opositor, celebrado por sus investigaciones sobre hechos ocurridos en distintos mandatos presidenciales, incluyendo los dos últimos, uno de los cuales derivó en el procesamiento de funcionarios de primera línea. Estuvo trabajando con una colaboradora durante cuatro meses, pero renunció a la tarea al concluir una investigación preliminar. “No hay libro”, dijo. El editor agregó que confiado en ese proyecto rechazó otro que le propuso un periodista también muy conocido pero por sus programas de peleas en televisión. “Todavía me arrepiento. Lo llevó a otra editorial y tuvo éxito. Juntó algunos expedientes judiciales, notas ya publicadas y algunas entrevistas y compuso un libro superficial pero efectista que se vendió bien”. La conversación derivó a la compleja relación del kirchnerismo con el Grupo Clarín y a la comparación con lo que sucede en España entre el Grupo Prisa, editor del diario El País y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Otro capítulo de esa saga se escribió esta semana con la declaración en el Congreso del ex embajador Sadous, las alternativas cambiantes sobre su carácter secreto o público y la difusión parcial de fragmentos textuales en los diarios Clarín y Tiempo Argentino. En España, sin embargo, la oposición de derechas retiene mayores márgenes de autonomía respecto del principal diario de aquel país, tal vez porque expresa la lucha entre líneas internas del PSOE y surgió luego de la dictadura franquista. La combinación de un arco opositor exacerbado y disperso y una prensa subordinada a los negocios y dispuesta a morir o matar es un fenómeno propio, que ha alcanzado acentos operísticos en torno de la relación con Venezuela. La intervención del Congreso es accesoria, dado que existe un expediente judicial, a cargo de uno de los jueces federales menos conocidos y más respetados, Julián Ercolini. Según el gobierno la solicitud de que se publique el testimonio completo de Sadous coloca a la oposición en un dilema: puede perder puntos ante la sociedad si se niega, pero de aceptarla quedará en evidencia la falsedad de las versiones difundidas por los diputados que violaron el compromiso de confidencialidad y de los titulares periodísticos. Lo central es la confusión entre el conocimiento que Kirchner tuvo de la denuncia que Sadous hizo hace cinco años sobre los negocios financieros y cambiarios hechos con el dinero del fideicomiso por la parte venezolana y de la denuncia que ahora hace el ex embajador sobre hechos que habrían ocurrido después de su período en Caracas y que, por dichos de oídas, involucrarían a funcionarios argentinos. La misma jugada se repetirá esta semana con el dirigente del peornismo opositor Eduardo Mondino, quien al mismo tiempo pidió que su declaración fuera secreta y adelantó por la prensa que hablará de las comisiones que se habrían pagado. El equívoco ya está instalado: las comisiones fueron pactadas en contratos entre empresas productoras y de comercialización, pero la misma palabra se lee como equivalente de sobornos. Cuando era Defensor del Pueblo, Mondino firmó un dictamen según el cual se cerró el expediente sin formular denuncia penal porque no se encontraron irregularidades.

El Grupo Ahhh... tiene el número suficiente como para estirar este escándalo pero no para constituir una comisión investigadora, porque su ala izquierda es sensible a los argumentos que vertió en la última sesión el diputado oficialista Fratacho Rossi: “¿Por qué molesta la relación comercial con un país al cual le hemos comprado commodities y vendido valor agregado? ¿Por qué molesta que empresas cuyo destino era exclusivamente el mercado interno tengan un horizonte de negocios distinto, como la empresa de maquinaria agrícola? ¿Por qué molesta que el INVAP haya provisto de aparatología médica a Venezuela? ¿Por qué molesta que hayamos vendido incubadoras? ¿Cuál es la intención de estigmatizar una relación comercial claramente beneficiosa para nuestro país?”. Está por verse si la prolongación de este caso desgasta al gobierno o, como ocurrió con el intento de bloquear la designación de Mercedes Marcó del Pont, debilita por hastío a la oposición que lo infla cuando es notorio no da para más.

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