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El Gobierno convocó ayer a una reunión en la Casa Rosada para analizar el cronograma electoral y garantizar la transparencia de las elecciones. El encuentro estuvo encabezado por el ministro del Interior, Jorge Matzkin, y reveló una de las máximas aspiraciones de Eduardo Duhalde: entregar el mando en forma ordenada. Asistieron a la cita los 24 jueces electorales del país –uno por cada provincia–, los secretarios y fiscales electorales, los miembros de la Cámara Nacional Electoral, el administrador de la Corte Suprema Nicolás Reyes, y el general Alfredo Lafuente, director del Comando Nacional Electoral. Tanta energía concentrada en la organización del escrutinio demostró, otra vez, que el Ejecutivo quiere salir al cruce de cualquier sospecha de fraude, un tema que a esta altura se ha convertido en obsesión.
Hace unas semanas, el propio Duhalde encargó a Matzkin y su segundo en la cartera, Cristian Ritondo, que supervisaran hasta el más mínimo detalle de la organización de las elecciones. El objetivo era no dejar margen a eventuales cuestionamientos de los candidatos, una posibilidad que comenzó a ganar espacio luego de los incidentes en Catamarca y de que Eduardo Menem y Elisa Carrió hablaran de un fraude en gestación. La preocupación del Presidente se comprobó ayer a la mañana en el Salón Colón de la Casa Rosada. Luego de los discursos de cada invitado, el Gobierno difundió la cifra de personas que intervendrán en el escrutinio: un total de 278.000 personas, de distintas reparticiones públicas y privadas.
La novedad principal es, sin embargo, que a partir de esta elección los presidentes de mesa recibirán un pago de 20 pesos. Los voluntarios cobrarán esa suma como compensación por su tarea –un día custodiando las urnas– a través del Correo Argentino, aunque con unos días de retraso. Los montos destinados a esta remuneración provendrán de los 14 millones de pesos que las leyes 25.600, 25.610 y 25.611 destinan a la financiación de los partidos políticos y la realización de las elecciones. El 10 por ciento de esos 14 millones se usará para imprimir las boletas y pagarles a los presidentes de mesa. Con esta novedad, el Gobierno espera asegurar que cada urna tenga las autoridades de mesa correspondientes.
“No hay ningún indicio que marque que en las próximas elecciones pueda pasar lo de Catamarca”, juzgó ayer el viceministro del Interior, Ritondo, en diálogo con Página/12. La confianza del Ejecutivo en que no habrá irregularidades –aunque la paridad de los primeros candidatos promete conflictos antes de la segunda vuelta– se fortaleció luego de la “reunión de trabajo” con todos los funcionarios y técnicos involucrados en el tema. Además de los jueces y miembros del Estado, en la discusión participaron los gerentes de las empresas privadas Indra (de origen español, encargada del escrutinio provisorio) y Correo Argentino, cuya infraestructura es clave para el traslado de urnas y la administración de los datos. Por Indra estuvieron Marisa González Clemente y Guillermo La Madrid, y Rolando Visconti y Manuel Alvite por la empresa de propiedad de Franco Macri y el Banco de Galicia.
Los gerentes de Indra y Correo Argentino expusieron acerca de la operativa que realizarán sus compañías. Entretanto, el general Lafuente contó que más de 85.000 efectivos de las Fuerzas Armadas controlarán la seguridad de los comicios. A primera vista, parece un despliegue algo exagerado para una tarea que se supone será muy tranquila. De todas formas, las autoridades del Gobierno quieren asegurarse que no habrá sospechas de fraude. Y para eso ya invitaron a varios observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que vengan a la Argentina y observen el desarrollo del escrutinio. “Es algo muy común, nosotros, por ejemplo, estuvimos en las elecciones de Paraguay y en Brasil”, dijeron a este diario desde el Ministerio del Interior.