La audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia para analizar la marcha del proceso de limpieza del Riachuelo pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles 17. Pero el martes 16, en forma sorpresiva, el tribunal la suspendió sin fijar nueva fecha. La escueta comunicación firmada por el secretario Cristian Abritta dice que es imposible su realización por “circunstancias imprevistas”. Funcionarios de la Corte que no osan decir su nombre sostienen que la causa de la suspensión fue la asistencia de los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda a la Quinta Conferencia Nacional de Jueces, que sesionó en Mendoza. Pero la audiencia debía celebrarse el miércoles y la Conferencia se inició el jueves, de acuerdo con un programa que desde hace meses preveía la presencia de los tres miembros de la Corte que, además, integra el Comité Organizador de la Conferencia. Allí Lorenzetti pronunció su discurso más político y, al mismo tiempo, corporativo y fue ovacionado cuando implicó que los jueces/unidos/jamás serán vencidos. También avisó que “no vamos a ceder ante las presiones, no importa que sean poderes políticos o económicos”. Ese doble discurso en que el ex alumno del colegio marista de Rafaela ha devenido virtuoso, fue simplificado sin contemplaciones por Clarín, que lo convirtió en una advertencia al gobierno en medio de su “avanzada por la ley de medios”, y por La Nación, para la que Lorenzetti exhortó a los jueces a no ceder “ante las presiones del poder”. Punto.

Entonces, ¿cuáles son las circunstancias imprevistas a las que se refiere la Corte? Las más notorias tienen que ver con el conflicto que la Cámara en lo Civil y Comercial Federal y el bloque de la oposición en el Consejo de la Magistratura plantearon al gobierno nacional. En vez de aplicar la ley de subrogancias judiciales Nº 26.376/08, la Cámara optó por un procedimiento de su creación pretoriana para cubrir el juzgado Nº 1 de ese fuero: convocatoria de jueces jubilados o designación de jueces rotativos por una semana y sorteos para disponer quién falla en una causa. El 1 es el juzgado que debe decidir sobre la constitucionalidad de un artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que Clarín considera inconstitucional. El gobierno pidió la intervención de la Corte para que la Cámara aplacara su creatividad desbocada y cumpliera con lo que indica la ley que sancionó el Congreso. Además presentó una denuncia penal contra los miembros del Consejo de la Magistratura que, al mismo tiempo, bloquearon la designación de un titular del mismo juzgado y otra ante el Consejo contra los camaristas con ley personal. La Corte respondió que no intervendría, pero se las ingenió para que la Cámara entendiera que se había colocado en situación de prevaricato y aceptara seguir el simple procedimiento fijado por la ley: designar para cubrir la vacante al titular del juzgado del mismo fuero que le sigue en el orden de prelación. El presidente de la Corte también analizó con el Poder Ejecutivo el proyecto de per saltum. Lorenzetti opinó que existiendo una ley no habría objeciones al avocamiento de la Corte, en los casos que (a su juicio, no al de las partes) revistieran gravedad institucional.

Pero también hay razones propias del expediente “Mendoza” sobre la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo. En la primera parte de la audiencia pública, el miércoles 10, el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza–Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi, trastabilló ante las preguntas que le dirigió Lorenzetti sobre la contratación de obras sin licitación con empresas vinculadas por lazos familiares con el juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, en quien la Corte delegó ejecutar su fallo que ordenó la limpieza del Riachuelo. Antes de la audiencia, Lorenzetti se había reunido con Mussi, quien no preveía pasar los aprietos que lo demudaron. Durante casi una hora y media, Mussi entonó un canto a sí mismo, en el que ponderó los extraordinarios logros de la ACUMAR. Cuando ya habían transcurrido 85 minutos del partido, Lorenzetti preguntó por qué ACUMAR no incluyó en su informe la clausura dispuesta por Armella de una gran cantidad de canteras (que compiten con la que le interesa al juez). Desde entonces, Mussi balbuceó respuestas poco satisfactorias. El peor momento fue cuando el presidente de la Corte, que empezó su carrera judicial por la cúspide de la pirámide, pero sabe preguntar como un acucioso instructor, quiso saber si en los convenios firmados con AYSA y CEAMSE, ACUMAR ejercía sus facultades de control y auditoría contable. “En el caso de CEAMSE hay una sola obra que está incluida con esas empresas...”, contestó Mussi. “Esas empresas”, por las que nadie le había preguntado, son las del Grupo Armella, cuyos vínculos señalados en esta página confirmó la Auditoría General de la Nación. Mussi añadió que AYSA y CEAMSE tienen sus propios organismos de control y que ACUMAR no había detectado irregularidades en la ejecución de las obras. Cuando Lorenzetti dijo que ACUMAR delegaba la ejecución de las obras, pero retenía las facultades de control, Mussi adujo, nerviosísimo, que no tenía incumbencia en obras que AYSA realiza con su propio presupuesto y que “por casualidad” están en la cuenca. Lorenzetti lo acorraló: con la creación de ACUMAR se pretendió que hubiera un control centralizado, también en materia presupuestaria. La asombrosa respuesta de un cada vez más incómodo Mussi fue que ACUMAR ni siquiera tenía un equipo para ejercer ese control, al que los convenios que firmó la obligan.

El Riachuelo está algo más limpio, pero el procedimiento para limpiarlo apesta.