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Luego de una fuerte polémica, el Senado postergó hasta el próximo 31 de julio la decisión sobre quién se sentará en la banca por la minoría porteña. “Mociono que se acate la decisión de la Corte Suprema de Justicia y se apruebe el pliego de María Laura Leguizamón”, propuso la puntana Liliana Negre de Alonso. De haberse aprobado esta moción, además de haber acatado el fallo de la Corte, el Senado también habría abierto las puertas del recinto a quien salió tercera en las elecciones legislativas del 2001. Cuando el sufragio definitivo determinó que por la minoría había triunfado el socialista Alfredo Bravo, el hoy ministro de Justicia, Gustavo Beliz, había asegurado que no haría presentaciones judiciales. Como por esos días corrían otros aires, Beliz protestó judicialmente y el máximo tribunal terminó dándole a su suplente lo que las urnas le negaron. La fuerte oposición de la frepasista Vilma Ibarra y de los radicales Raúl Baglini y Eduardo Moro fue la barrera que postergó la decisión.
Los legisladores se debaten entre una decisión judicial que favorece a la lista de Beliz y el voto popular que favoreció a Bravo. Al margen del dilema entre la legalidad y la legitimidad está la suerte de una banca en el Senado con un mandato todavía vigente de cuatro años. La primera lectura, la de quienes se quedaron con los parámetros de la vieja Argentina, al decir de una legisladora del oficialismo, muestra que el Gobierno contaría con un voto más en el recinto. Tema no menor.
“Este Senado no está cambiando ningún resultado electoral, está esperando el dictamen de los jueces. Mal podría acusarse al Senado de rechazar la voluntad popular”, señaló la titular de la comisión, la santacruceña Cristina Fernández de Kirchner. La patagónica resaltó que desde que se inició el diferendo, el cuerpo se manifestó por esperar la última decisión de los tribunales. El argumento venía a desestimar el pedido de Ibarra quien reivindicó la posibilidad de hacer consultas a notables constitucionalistas antes de tomar la última decisión.
La senadora porteña había calificado a todo el proceso como “un gran bochorno institucional”. Para llegar a esta conclusión recordó que en un primer momento la jueza con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría había determinado que los votos de Bravo y los del partido Nuevo Milenio, de Juan Carlos Dante Gullo, que lo respaldaba, se sumarían finalmente. Posteriores decisiones de otros tribunales dieron marcha atrás y desestimaron “las reglas de juego” bajo las que se concretó la elección. Ibarra destacó que sin embargo, en la misma elección, la de 2001, para el mismo cargo, senador, en otras provincias los votos de listas distintas se sumaron. Así fue que recordó que el cordobés Juan Carlos Maqueda fue electo senador con la sumatoria de 12 listas electorales distintas y el bonaerense Eduardo Duhalde con la de 4 boletas diferentes. En ambos casos sin oficializar alianzas. La conclusión de la frepasista fue contundente: “a los electores de la ciudad de Buenos Aires se los engañó”.
A esa altura la reunión de comisión se fueron dividiendo las aguas. Por un lado los parlamentarios del PJ se mostraban predispuestos a encolumnarse detrás del fallo judicial y el resto por alguna variante que estuviera a tono con el resultado de las urnas. Aquí fue que Kirchner señaló que según su criterio había tres vías posibles: darle la banca a María Laura Leguizamón, a Susana Rinaldi, suplente de Bravo, o que quedará vacante por el resto del mandato.
“Va a tener que cambiar el carácter, señora presidente”, le dijo el radical Carlos Prades, eterno rival de Kirchner en Santa Cruz. “Ayer le votamos todo y sin embargo nos tiró con el pacto de Olivos por la cabeza”, dijo el senador en tono conciliador. Fue uno de los pocos momentos distendidos de una reunión que era seguida atentamente por los diputadosdel socialismo Rubén Giustiniani y Oscar González, además de Rinaldi y el apoderado partidario Juan Ramón Ramos Padilla. Giustiniani y González recordaban con dolor que “sería la segunda vez en la historia que le birlan una banca al socialismo”. La anterior fue contra Enrique Del Valle Iberlucea quien en 1921 en un acto partidario se había manifestado a favor de la Revolución Rusa del ‘17 y pidió la adscripción del PS a la Tercera Internacional. La intervención de un juez llevó el tema al recinto y en esa ocasión radicales y conservadores lo expulsaron del cuerpo. Al mes Iberlucea moría de cáncer de garganta. A pesar de la caída del muro de Berlín, la historia tiene tantas vueltas que sorprenden los paralelismos.