“El Congreso volvió a funcionar como una escribanía del kirchnerismo.” (Mauricio Macri, PRO, marzo 2012). “Es fundamental tener un Parlamento independiente que deje de ser una escribanía del Gobierno.” (Hermes Binner, PS, junio 2013). “Venimos al Congreso a defender lo que nos pidió la gente con su voto. Vamos a romper con la lógica de la escribanía.” (Sergio Massa, Frente Renovador, diciembre 2013). “Confiamos en poder torcer el destino de escribanía en que se ha convertido el Parlamento.” (Mario Negri, UCR, enero 2014).

La idea de que el Congreso es una institución subordinada al Poder Ejecutivo y que sus integrantes son meros “levantamanos” a sueldo es uno de los clichés más extendidos en el discurso de la dirigencia opositora local, replicado hasta el hartazgo por algunos medios de comunicación. Sin embargo, el politólogo argentino Ernesto Calvo, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Maryland, se encarga de refutar esa afirmación, así como de desmentir otros mitos que rodean a una institución con alta imagen negativa en la Argentina.

A pocos días de que arranquen las sesiones extraordinarias, el Congreso volverá a tomar cierto protagonismo en un verano intenso en términos políticos y económicos. Entrará de lleno a la cancha la nueva composición legislativa, en la que el oficialismo junto a sus aliados retiene una mayoría ajustada en Diputados y relativa holgura en el Senado. De mantenerse el escenario de fines del año pasado, conservará la capacidad para marcar la agenda parlamentaria y para impulsar con relativo éxito las iniciativas presentadas por el Ejecutivo así como las originadas en el propio Poder Legislativo.

“En comparación, el Congreso argentino desde 1983 rechaza consistentemente alrededor de un 41 por ciento de las propuestas del Ejecutivo y modifica alrededor de un tercio de las iniciativas restantes (21 por ciento del total). Estas tasas de rechazo y modificación posicionan al Congreso argentino como uno de los más constrictivos de la autoridad presidencial, no tan sólo en América latina, sino también en el resto de las democracias”, explica Calvo en el último número de la revista de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), así como en un capítulo del libro ¿Cuánto importan las instituciones? (compilado por Carlos Acuña y editado por Siglo XXI en 2013). Por ejemplo, el Parlamento chileno (país modelo para buena parte de la oposición política local) sanciona el 90 por ciento de las propuestas del Ejecutivo, mientras que el de Brasil avala la casi totalidad de los proyectos fiscales del Ejecutivo. La Argentina tiene una tasa de sanción de proyectos provenientes del Ejecutivo por debajo de la media de sus pares latinoamericanos.

Pero además de no comprobarse empíricamente que el Congreso apruebe automáticamente y sin chistar las leyes impulsadas desde la Casa Rosada, Calvo advierte que es “conceptualmente errónea” la idea de que el rol del Parlamento argentino es actuar como “balance de poder” frente a un presidente supuestamente avasallante. “A nivel conceptual, no existe una ‘tasa apropiada’ de enmienda o de rechazo de leyes del Poder Ejecutivo.

A diferencia del Congreso de Estados Unidos, que está gobernado por la presunción de un ‘balance de poderes’, la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo en nuestra Constitución está gobernada por principios de mayorías y consensos”, explica. Sin caer en una reivindicación acrítica del Congreso y con una mirada más bien negativa sobre sus integrantes, Calvo señala que se trata de una de las instituciones más estables desde el regreso de la democracia.

De acuerdo con el discurso de gran parte de la oposición, el manejo del Frente para la Victoria como fuerza mayoritaria en el Parlamento aparece como excepcionalmente negativo respecto de etapas políticas anteriores. Pero en concreto esas afirmaciones no tienen demasiado sustento. “El Congreso del kirchnerismo es absolutamente indistinguible de otros congresos durante los últimos 30 años. Cuando el Poder Ejecutivo ha contado con mayorías propias, la proporción de proyectos aprobados que corresponden al presidente oscila entre un 40 y un 50 por ciento”, afirma Calvo. Por poner un caso, según estadísticas de la Secretaría de Información Parlamentaria, en el período 1983-85, un 48,6 por ciento de las leyes sancionadas fueron propuestas por el presidente Raúl Alfonsín y sus ministros, mientras que en la actualidad el porcentaje es del 46 por ciento.

Otro de los “mitos” sobre los cuales machaca permanentemente la oposición es la resistencia del kirchnerismo al tratamiento de sus iniciativas. Sin embargo, y a pesar de que no existe ninguna norma que establezca una proporcionalidad entre la cantidad de bancas de cada partido y la cantidad de leyes que son avaladas, Calvo advierte que “los partidos de oposición en el Congreso argentino son decididamente influyentes en la consideración y aprobación de legislación”. Esto incluye una tasa de aprobación de proyectos relativamente elevada y una alta capacidad para obligar al partido de gobierno a consensuar la “letra chica” de los proyectos de ley.

Sobre este tema, el politólogo Andy Tow, autor del blog www.andytow.com, agrega que si bien puede ser poco respecto del número de bancas que tiene dentro de las cámaras, “no es cierto que les niegan todo ni que no quieren saber nada con sus intereses”. “Nunca se le quita la palabra. No se hace todo intempestivamente. En el trabajo en comisiones se puede hablar cara a cara porque es más informal, hay menos personas y es menos pomposo y ceremonial”, señala Tow, conocedor del funcionamiento parlamentario.

Con esta carga de prejuicios, entre otros, no sorprende que el Congreso tenga una muy baja imagen positiva, aun cuando responda al mismo signo político que el titular del Poder Ejecutivo y éste tenga una imagen muy superior. Pero esto tampoco es muy diferente de lo que ocurre en otros países, como Estados Unidos y Chile.