EL PAIS › RAUL ZAFFARONI HACE UN BALANCE DE LA CORTE QUE TERMINA Y CRITICA EL COMPORTAMIENTO DE UN SECTOR JUDICIAL “PARTIDIZADO” CONTRA EL GOBIERNO

“La Justicia va a terminar con un enorme desprestigio”

El ahora ex juez de la Corte dice que si el tribunal queda con cuatro miembros “va a haber dificultades”. Habla de la pelea entre jueces, fiscales y el Gobierno: “Hay un sector del Poder Judicial que se está alineando claramente con un partido, y cuando hablo de partido quiero decir Clarín”.

 Por Irina Hauser

Raúl Zaffaroni es un hombre desacartonado. En la Corte Suprema, donde muchos funcionarios visten como si fueran a una fiesta de gala, su imagen quedó estereotipada como la del juez que va al trabajo sin corbata, incluso en guayabera. Su colega Carlos Fayt consiguió que en un viaje le comprara una de regalo, en “reconocimiento” a las acotaciones que en cada plenario hacía sobre su atuendo. Pero más allá de lo que el vestuario simboliza, recién ahora a Zaffaroni se lo ve alivianado. Se ríe mucho y con ganas, bromea más de lo habitual y combina ese humor con su profundidad habitual. Se explaya. Está tirado hacia atrás en una silla de su living comedor poblado de artesanías latinoamericanas, una colección de pesebres que tapizan el suelo, vitrinas y espejos. Las piernas extendidas, cruzadas y un cigarrillo encendido. “Lo que más voy a extrañar de la Corte es el chofer”, ironiza. Luego será generoso en la charla. Dirá que a sus colegas los pudo “el terrorismo mediático”, que la independencia judicial no existe, defenderá la reforma procesal, pedirá una Corte ampliada, dirá que Clarín es el partido que quiere gobernar al que un sector de jueces responde, que son jueces en guerra con el Gobierno a causa de su temor a perder poder, pero vaticina que lo único que perderán será prestigio.

–¿Se quedó con ganas de hacer algo en la Corte?

–Lo que más me duele que no salió es la inconstitucionalidad de la prohibición de la sindicalización de la policía. Hice un borrador de voto con esa propuesta, empezó a circular y no terminó la circulación.

–¿Qué objetivos se puso cuando lo nombró Néstor Kirchner y pudo cumplir?

–Traté de ser coherente con lo que había pensado y escrito siempre. Llevaba en mente el problema de las leyes de punto final y obediencia debida, el del corralito, porque creía que había que devolverle todo el dinero a la gente. También pensaba que había que reforzar las garantías. Por ejemplo, el doble conforme no existía, es decir, el derecho a que la sentencia condenatoria sea revisada, algo elemental. En una época la Cámara de Casación no le abría la causa a nadie porque decía que era cuestión de hecho y prueba, fuera de su incumbencia. Cuando decidimos lo del doble conforme hubo que llamar a un camión volcador y entrar a repartir causas entre la Casación Federal y las provincias. Hay mucho más. La inconstitucionalidad de la tenencia para consumo de estupefacientes; la inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar. A medida que se iban presentando las cosas las íbamos resolviendo.

–Usted inició caminos en la Corte, como un fallo donde sus colegas lo acompañaron en la inconstitucionalidad de la reclusión por tiempo indeterminado en casos de multirreincidencia, pero cambiaron de opinión y lo dejaron solo cuando tuvieron que fallar sobre la simple reincidencia en plena discusión del Código Penal. ¿Es otro asunto frustrado?

–Pasa algo bastante grave en materia penal en la Corte. Mis disidencias suelen ser tres líneas que piden correr vista al procurador, que implica abrir la instancia. Pero mis colegas no abren la instancia. ¿Por qué? No son penalistas, y toda cuestión penal es problemática porque sale en el diario. Mis colegas tienen miedo, el miedo del que no es penalista. No es que sean reaccionarios o fascistas. Temen el escándalo periodístico, este terrorismo mediático que sufrimos. Es un problema que está sufriendo toda la judicatura de la región. Hay países donde un juez hace una sentencia garantista y lo echan automáticamente.

–¿Lo dice por algún caso en particular?

–Ha ocurrido en Honduras. Acá y en toda la región hay un terrorismo de medios que está empeñado en montar un aparato represivo fuerte, que corresponde a los intereses transnacionales, que quieren imponer una sociedad treinta/setenta, una sociedad excluyente. En una sociedad excluyente, al setenta por ciento lo tenés que controlar e ideológicamente creen que lo van a controlar. Salvo algunos países donde ya no es necesario porque se controla matándose entre ellos en forma masiva, como México.

–¿O sea que la mayoría de nuestra Corte cedió ante ese terrorismo?

–Tienen miedo. Se asustaron. Yo no le puedo hacer entender a un civilista estas cosas.

–¿Cómo se contrarresta la mala prensa que tiene el garantismo?

–Yo diría la mala televisión que tiene el garantismo, lo que más cuenta es la televisión, que se maneja emocionalmente. Pero lo fundamental en América latina es que si no superamos el monopolio de medios, no vamos a salir del pozo en el que estamos. Porque sin una pluralidad de medios no hay información suficiente, y el monopolio u oligopolio de medios es análogo a los autoritarismos de mediados del siglo pasado. En América latina, en este genocidio por goteo que estamos viviendo, el equivalente de los judíos de la Shoá son los pibes de nuestros barrios precarios, que están muriendo por miles. Y Televisa, Rede Globo, TV Azteca, todo eso lo minimizan. O te dice que lo de Guerrero (el estado mexicano donde fueron desaparecidos 43 estudiantes) es un hecho puntual, de un municipio, o que la violencia no empeora, porque hemos llegado a la meseta.

–“Superar el monopolio de medios”, decía, pero no se logra aplicar la ley de medios que traza ese camino, avalada por la Corte el año pasado.

–Lo que tenemos que hacer en la región es elevar la prohibición de monopolios audiovisuales a norma constitucional. Si no, no salimos de esto. Se reforma la Constitución un día y se pone. No hay democracia si el pueblo no tiene pluralidad de fuentes de información. Aunque haya un fallo de la Corte, la estrategia es que no se logre aplicar, ante cada cosa hacen un planteo.

El sillón vacío

–Entonces ahora va a faltar un/a penalista en la Corte.

–Lo que faltaría es una Corte divida en salas que tenga una sala penal. Sería indispensable. Tendría que tener por lo menos once miembros. Primero porque no se puede tener una enorme concentración de poder en cinco personas, más allá de quién sea cada uno. No es sano. Y hay una cuestión de funcionamiento. Según la Constitución de 1853/1860, nuestra Corte es de control de constitucionalidad normativo, tiene que decir si hay leyes que son inconstitucionales. Un día, en 1904, la Corte empezó a analizar la arbitrariedad de las sentencias. Empezó a romper sentencias. Con otro nombre, empezó a hacer casación, como creación pretoriana de la propia Corte. Eso que fue excepción, al cabo de 110 años se convirtió en la regla. Hoy, por inconstitucionalidad normativa, en la Corte no hay más que cien causas. Las 14 mil restantes son por arbitrariedad. Entonces, si estamos haciendo casación, lo que necesitamos es tener salas especializadas.

–Hay juristas que sostienen que esa división es inconstitucional.

–Porque piensan que votaría cada sala por todo. Pero no sería así. Sólo las cuestiones de constitucionalidad normativa las votarían todos los jueces.

–¿Por qué propuso a Julio Maier para reemplazarlo?

–Me gusta, aunque sé que no tiene viabilidad política. Es un penalista, el gran procesalista que tenemos nosotros, el mejor de toda la región latinoamericana, sabe, es íntegro y sano.

–Pero está cerca de los 75 años.

–Le pueden dar un acuerdo por cinco años, que es lo que permite la Constitución a partir de esa edad. Después se lo pueden renovar. Pero antes es una función privativa de la Presidenta proponerlo.

–¿Aunque las fuerzas políticas de oposición digan que no van a votar ningún candidato que proponga este Gobierno?

–Sin duda que tiene que proponer y hacerlo en un término razonable. Si la Corte queda con cuatro miembros va a haber algunas dificultades, porque hay un gran número de causas y mi ausencia va a dejar unas cuantas causas dos a dos.

–La jueza Elena Highton de Nolasco pidió que nombren a otra mujer.

–También sería razonable. Pero para mí hay que aumentar el número, aunque sea mantener el de siete que tuvimos, porque funcionamos bien.

–Se menciona mucho a la decana de Derecho (UBA), Mónica Pinto.

–También podría ser.

–¿Se terminó una era en la Corte?

–Se terminó una Corte, no una era. Por lo menos se desarmó. Eramos siete, quedan cuatro. Ahora dependerá de cómo se reconfigure. Como dice el tango, yo sé que ahora vendrán caras extrañas.

Peleas de poder

–Cuando habló en la despedida que le hicieron en la Universidad de San Martín, en un momento se lo notó enojado, por los hostigamientos que vivió en estos años.

–Enojado no, conté cosas que me pasaron porque son indignantes. Procedimientos que están reñidos con la ética. Mandar dos nenitas a tocarme el timbre con una cartita que decía “quiero tomar la merienda con vos” es sucio. Uno pelea de frente y esas cosas son aberrantes. Lo que sí pensé fue: “Algo bueno debo estar haciendo si éstos se molestan tanto”, por eso decidí seguir en la Corte más de lo pensado. Seguramente uno toca intereses, intereses pecuniarios.

–Hablando de intereses, ¿piensa que los jueces federales están tomando represalias valiéndose de causas que tramitan contra funcionarios?

–Hay causas que parecen bastante groseras. Tener procesado al vicepresidente de la República por un formulario 08 falso de hace veinte años de un auto que se transfirió, que no damnificó a nadie, me parece que es un poco exagerado. Otras causas mucho no conozco. Hay una lucha entre jueces federales y fiscales, porque los jueces pierden el poder con el nuevo Código Procesal Penal. Serán jueces de garantías, se les toca una isla, una concentración de poder que se verá afectada.

–¿Tanto poder manejan?

–Claro. El juez de instrucción en el sistema que nosotros tenemos es un comisario judicial, por sí y ante sí decide. Ahora los fiscales serán los que piden las medidas. Toda la tendencia procesal penal mundial va hacia el sistema acusatorio.

–¿Le gusta cómo quedó redactado el Código Procesal Penal?

–Puedo tener críticas, pero en general me gusta. Todo lo que pueda ir al sistema acusatorio es positivo por porque acaba con esa figura del policía judicial. El juez tiene que ser un juez imparcial. Un juez investigador no es imparcial.

–¿Qué no le gusta?

–La expulsión de extranjeros es inconstitucional y es aberrante. La tenemos en el anteproyecto del Código Penal, pero está regulada de otro modo.

–¿Cuán lejos cree que puede llegar la pulseada? Los jueces toman una medida tras otra, el oficialismo los denuncia, y parece una espiral imparable.

–Si no se baja el nivel de conflictividad que se está generando, todo esto va a quedar como una lucha política y va a causar un enorme desprestigio de la Justicia, que aunque provenga de un sector afecta a todos.

–¿Cree que la escalada de escándalos con causas de corrupción puede causar un daño real al Gobierno?

–El mensalao brasileño tuvo cierta eficacia, pero al final Dilma ganó. Es lo mismo en otro nivel.

–¿Por qué es tan directamente atacada la procuradora Alejandra Gils Carbó?

–Por eso, porque es la procuradora (jefa de los fiscales). Es parte de la misma lucha, que está tomando una característica abiertamente política. Sería conveniente que toda esta lucha política baje, que pare la mano todo el mundo. Porque esto nos lleva a un desprestigio total de la Justicia y nos vuelve a una situación parecida a la de 2003. Y al afectar a toda la Justicia, después legitima que se haga cualquier cosa. En realidad, el Poder Judicial pierde poder con todo esto. No se empodera.

–¿Le gusta y qué de Justicia Legítima?

–Me gusta. Por lo menos hay un sector dentro de la Justicia que dice otra cosa, con lo cual puede salvar un poco la imagen.

–¿Le pareció acertada la idea de democratizar la Justicia?

–Nunca entendí muy bien lo que se quería decir con eso. Yo diría que la mejor democratización de la Justicia es perfeccionar los concursos, sacar pibes nuevos y formar juristas populares que entren a la Justicia.

–¿Qué son juristas populares?

–Que tengan un sentido de realidad social. Para eso están las universidades del conurbano. La Constitución es un programa cuya realización hay que impulsar, como realización de derechos. Un jurista popular es aquel que teorice el avance de los derechos y fundamentalmente del derecho al desarrollo humano. Que esté del lado de una relativa redistribución de renta.

–¿Va a enseñar en esas universidades?

–Sí, estoy armando una red en las de Avellaneda, San Martín, La Matanza y Quilmes.

–¿Y cómo hará si lo nombran en la Corte Interamericana?

–No es incompatible, sólo se reúne tres veces al año.

La Justicia “partidizada”

–¿Ve al sistema judicial más discutido que en otros tiempos?

–Por supuesto. Se ha producido una judicialización de la política a la cual está respondiendo mal el Poder Judicial. Responde con una partidización, no con una politización. Hay un sector del Poder Judicial que se está alineando claramente con un partido, y cuando hablo de partido quiero decir Clarín, un monopolio que tiene intereses que están vinculados con el capital transnacional. La partidización es grave y va a terminar en un desprestigio generalizado.

–Pero se intentaron reformas, desde este Gobierno.

–Yo no estuve de acuerdo. En el caso del Consejo, me limité a decir que no era inconstitucional, pero yo no hubiera hecho la elección popular que proponían. Hubiera ampliado la Corte, eso derrama sobre el resto del Poder Judicial. Es una forma de bajar línea.

–Si uno se guía por los discursos del presidente de la Corte, los grandes problemas son el narcotráfico y la falta de seguridad. ¿Está de acuerdo?

–No, porque ésos son los grandes problemas para Clarín. Pero no son los grandes problemas del país. El gran problema del país están en aumentar la redistribución de la renta y acortar las desigualdades, lo otro son consecuencias. Cuanta más desigualdad, más muertos.

–¿Qué puede hacer el Poder Judicial?

–Darle vigencia a la legislación que intenta acortar desigualdades, ocuparse de la cuestión agraria, de los agrotóxicos, del medioambiente, de la salud, de por qué la gente se muere o la matan antes de tiempo. ¿Quién se ocupa de esto en la Argentina? A nadie le interesa resolver la realidad sino qué dice la televisión.

–¿Es viable discutir el Código Penal que redactó la comisión que usted presidió?

–Este año no quiero, pero lo decidirá el Gobierno. En un año electoral no existe la mínima calma necesaria para discutir un código penal. Por otra parte, hay un señor, el señor (Sergio) Massa, que es un inescrupuloso maravilloso y no hay que darle nuevos argumentos para que se siente a hacer una campaña electoral demagógica, inmoral y para que la televisión lo apoye incitando públicamente al linchamiento. Pero esto no es un partido de fútbol. Un código se va haciendo a través de sucesivos proyectos y cuando llegue el momento político, que va a llegar, lo importante es que haya un documento trabajado. La labor de la comisión ha sido buena y hay unos treinta dictámenes de universidades con los que voy a elaborar un informe final.

–En su despedida también dijo que usted quisiera lograr fe en el derecho. ¿Qué significa?

–Si no confiás en el derecho, no confiás en las soluciones jurídicas, y entonces la única que queda es la violencia. En nuestro país, en nombre de la república, las instituciones, el derecho, la democracia, la libertad, se cometieron cuantas aberraciones se pudieron cometer. A diferencia de los regímenes alemanes u otros europeos, como el fascismo de Mussolini, donde cada uno apareció con su cara, aquí todo se hizo con la careta jurídica del derecho, la democracia y los principios. Esa es la confianza que hay que crear.

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Imagen: Pablo Piovano
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