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El 35 por ciento de los porteños, en particular los más jóvenes, desconoce los juicios por delitos de lesa humanidad durante la dictadura que se realizan en todo el país desde hace una década. El 84 por ciento, sin embargo, manifiesta estar de acuerdo con los procesos y sólo un tres por ciento dice estar en desacuerdo. Los datos surgen de una encuesta realizada por estudiantes de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires en una iniciativa conjunta con Memoria Abierta, institución integrada por cinco organismos de derechos humanos que trabaja precisamente para aumentar el nivel de información y la conciencia social sobre el terrorismo de Estado y para enriquecer la cultura democrática.

El conocimiento de los juicios “pareciera ser insuficiente teniendo en cuenta los sucesos ocurridos en la dictadura, el posterior Juicio a las Juntas Militares y el proceso actual de juzgamiento a los diferentes responsables”, concluyen los investigadores a partir de la encuesta que respondieron 1137 hombres y mujeres de entre 16 y 60 años residentes en la ciudad de Buenos Aires. Si bien la gran mayoría está al tanto del golpe de Estado, “se destaca el desconocimiento general sobre el proceso de justicia posterior, por ejemplo de los diferentes sectores (además de los militares) que fueron juzgados”, advierten. El trabajo se realizó en el marco del seminario “Metodología de la investigación: el ámbito de la opinión pública”, a cargo del profesor Jorge Vujosevich, que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Interrogados sobre “sucesos importantes de la década del 70”, las respuestas mayoritarias fueron “dictadura militar” (cincuenta por ciento) y “golpe de Estado” (49). En un segundo escalón aparecen eventos “deportivos” (veinte por ciento) como el Mundial de Fútbol y luego desapariciones (19), secuestros (14) y torturas (11). “Esto puede deberse al debate y conciencia que fue surgiendo con los años acerca de las desapariciones, tema que estuvo oculto durante mucho tiempo”, recuerdan. Los encuestados de entre 16 y 20 años y los de nivel socioeconómico (NSE) bajo son los que más respondieron “no sabe/no contesta” en tanto el rango etario de 21 a 38 años aparece como “el más crítico y/o consciente sobre lo sucedido en la dictadura”.

Entre los sectores “impulsores o promotores del golpe de Estado”, es inequívoca la responsabilidad de los militares (74 por ciento). En segundo lugar aparecen los grupos económicos (25,4 por ciento), los civiles (18,6), los partidos políticos (14,7), la Iglesia Católica (12,6), “sectores internacionales” (11,7) y los medios de comunicación (8,2). Las respuestas sobre los últimos tres actores “demuestran que todavía falta profundizar sobre su participación y responsabilidad”, advierten, y apuntan que el rol de los grupos económicos y los civiles se menciona a medida que crece el NSE y la cercanía con organismos de derechos humanos. Como impulsores directos aparecen los dictadores Videla (71 por ciento) y Massera (42). El único civil es el ex ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz (21 por ciento).

Como “principales víctimas” de la dictadura, una amplia mayoría respondió “toda la sociedad/gente inocente” (58,6 por ciento), sin discriminar en sectores o grupos. Debajo aparecen “estudiantes” (24,8 por ciento), “trabajadores/sindicalistas (20,2) y “jóvenes” (18,5). Un 14,4 por ciento respondió “los militantes”. Apenas un 6,6 por ciento alineado con la desterrada teoría de los dos demonios dijo “los guerrilleros/los que mataban”.

Menos de la mitad (43,7 por ciento) respondió que los responsables del golpe de Estado “fueron juzgados”, sólo un 21,2 conoce que fueron “juzgados y condenados”, en tanto una cuarta parte (24,4) no sabe o no contesta. También es amplio el desconocimiento total (34,7 por ciento) sobre los condenados en el Juicio a las Juntas. Los más recordados son Videla (53,3 por ciento) y Massera (32,4). Más de la mitad de los encuestados (53,7 por ciento) respondió que se cumplieron las condenas del Juicio a las Juntas, es decir desconocen los indultos que dictó el presidente Carlos Menem. Entre quienes sabían que las condenas no se cumplieron la mitad citó como causa los indultos (52,6 por ciento) y un alto porcentaje las leyes de obediencia debida (37) y punto final (34), que en realidad fueron las herramientas utilizadas por el gobierno de Raúl Alfonsín para cerrar el proceso de justicia que ya abarcaba a represores de distintas jerarquías citados a indagatorias por varias cámaras federales de todo el país. Un 31,3 por ciento nunca escuchó hablar de la ley de punto final y un 26,8 ignora qué fue la ley de obediencia debida.

Como “impulsores” del juicio a las juntas un 40,5 por ciento nombró a “Alfonsín/el gobierno”. El 29,1 por ciento no sabe o no contesta y recién después aparece el movimiento de derechos humanos: organismos de DD.HH. (25,1 por ciento), Madres de Plaza de Mayo (20,7), Abuelas de Plaza de Mayo (15,7) y “familiares y amigos de desaparecidos” (12,5). En el medio aparece mechada la respuesta “Conadep”, la comisión de “notables” elegidos por el presidente Alfonsín para recibir testimonios en 1984, que encabezó el escritor Ernesto Sabato.

La gran mayoría se expresó a favor del juicio realizado en 1985: algunos “de acuerdo” (cuarenta por ciento), otros “totalmente de acuerdo” (46,7), aprobación creciente a medida que aumenta la edad y el nivel de estudios de los encuestados. En la franja de 16 a 20 años, “si bien en su mayoría están de acuerdo con los juicios, un amplio margen tiene una actitud indiferente”, advierten los futuros sociólogos. “Esto se puede dar ya que al haber nacido en democracia tienen una forma de acceder al conocimiento sobre el proceso dictatorial y los posteriores juicios más ajenos, lo que dificulta la apropiación de estos como medidas de memoria y justicia”, agregan.

El conocimiento de las causas que se iniciaron en el exterior es aún mayor: el setenta por ciento las desconoce. Cuando se indaga sobre víctimas o imputados puntuales, a la cabeza aparecen “las monjas francesas” Alice Domon y Leonie Duquet (30,9) y el ex marino Alfredo Astiz (25,8), condenado en ausencia en Francia mientras reinaba la impunidad en la Argentina. Luego figuran “los vuelos de la muerte” (10,8 por ciento) y el ex capitán Adolfo Scilingo (11,1), el marino que confesó los vuelos primero ante el periodista Horacio Verbitsky y luego en España, donde finalmente fue juzgado y condenado.

Sobre los procesos iniciados a partir de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, que el juez Gabriel Cavallo dictó en 2001 y la Corte Suprema de Justicia confirmó en 2005, el 35 por ciento dice no conocerlos. En la franja de 16 a 20 años las proporciones prácticamente se invierten: el 61,6 por ciento no está al tanto de los juicios. Los juicios por delitos de lesa humanidad que incluyen a civiles como imputados son aún más desconocidos: un 67 por ciento lo ignora. En todos los casos el conocimiento crece a medida que aumenta la edad y el nivel socioeconómico. Consultados sobre “a qué civiles se está juzgando”, la mayoría (44,6 por ciento) arriesgó empresarios (el primero sometido a juicio oral es Joaquín Lavín, titular de La Veloz del Norte, mientras otros más notorios como Pedro Blaquier o Vicente Massot se han beneficiado con asombrosas “faltas de mérito”). El 36 por ciento no sabe o no contesta, después aparecen los funcionarios con el 18,1, los sacerdotes (13,5) que en la práctica siguen impunes (la excepción es el ex capellán Cristian Von Wernich), los médicos (9,3) –que por lo general sólo son condenados por su participación en las apropiaciones ilegales– y los jueces (8,7), también blindados por la corporación de la que forman parte, con pocas excepciones como la que tiene lugar en Mendoza.