EL PAíS › LA CRISIS ENERGETICA Y LA DEMANDA DE SEGURIDAD JAQUEAN AL GOBIERNO

Termina la luna de miel

Un cambio en el horizonte, la iniciativa política trasciende la Casa Rosada. La pelea del PJ y la crisis energética, dos internas que darán que hablar. La sorprendente marcha del jueves. La legitimidad de las víctimas y los límites de su saber. La histeria parlamentaria y la resurrección de Ruckauf, dos retos para el Gobierno.

 Por Mario Wainfeld

OPINION

“Por suerte la semana que viene es muy tranquila, llena de feriados. Y si refresca puede bajar algo el consumo eléctrico” (lo dice una primera espada del ala política del Gobierno).
“Una semana sin mucha actividad va a venir bien para bajar los decibeles de las discusiones internas y pensar mejor las cosas. Con un poco de suerte, llueve y mejora la situación en las centrales hidroeléctricas” (reflexiona, se ilusiona, uno de los ministros con más cintura política).
Ambos diálogos con Página/12 ocurrieron el viernes y revelan un par de puntos comunes: en el Gobierno esperan “parar la pelota” y, cual en una cultura agrícola, miran al cielo en pos de ayuda para resolver importantes entuertos.
Resulta toda una novedad que un gobierno pleno de iniciativa y de voluntad política busque el sosiego y la ayuda de los hados. Una novedad que es reflejo de otra: acaso por primera vez, en los últimos días, no fue el oficialismo el gran protagonista de la política cotidiana. Consecuentemente, es sensato y astuto tratar de parar la pelota y ganar tiempo. Es que desde hace un tiempito el Gobierno ha perdido la iniciativa y la imposición de los ítem de la agenda pública.
Desde el Congreso peronista de Parque Norte, el gobierno no las tiene todas consigo. Néstor Kir-
chner rigoreó a José Manuel de la Sota y le hizo sentir quién es quién en la interna del PJ. Pero su victoria contra un contendiente débil y apresurado fue demasiado costosa. Entre otras gracias, paralizó las negociaciones sobre la ley de coparticipación. La interna partidaria, para colmo, a pocos interesa y genera el hastío de los más.
La crisis energética coloca al Gobierno de cara a un problema estructural y desatendido. Y reflota lo que ya es un clásico: las discusiones, a veces muy fuertes, entre Roberto Lavagna y ministros más cercanos al Presidente. Algo más se dirá sobre esto, líneas abajo. Pero es tiempo de entrar de lleno en lo que fue el hecho de la semana, la imponente marcha convocada por un ciudadano común, hasta hace pocos días desconocido para la inmensa mayoría de sus pares, hoy erigido en algo así como su representante.
“La gente” y la actualidad
La movilización convocada por Juan Carlos Blumberg sorprendió por su magnitud y (notable proeza) dejó sin habla por un largo rato a la corporación política.
El hecho fue sorpresivo y su concurrencia, inesperada, tanto para los protagonistas como para los intérpretes más calificados. Pero como todo fenómeno social, no es producto de un Bing-Bang ni nace de gajo. Se enlaza en una noble tradición argentina: la de albergar una sociedad civil aguerrida, hasta jacobina, muy predispuesta a “ganar la calle”, meter bulla, ponerle presión a los gobernantes. “Si éste no es el pueblo/ el pueblo dónde está” han coreado, corean y corearán variopintas parcialidades reformulando (por no decir derogando parcialmente) el texto del elitista artículo 22 de la Constitución nacional, ese que postula que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes.
Quienes esta vez, desafiantes, seguros, pisando terreno propio, reclamaron para sí la condición de “pueblo” fueron aquellos que algún sectarismo discriminador con buena prensa ha bautizado “la gente”. “La gente”, ya se sabe, son los integrantes de la clase media porteña y del conurbano, personas bien vestidas y bien ensopadas, cuyo nivel de ingresos los coloca en el primer decil de la injusta pirámide distributiva de ingresos.
Los manifestantes, en número impresionante, testimoniaron su adhesión a la convocatoria de un padre, víctima de un hecho de violencia desolador. Especialistas en derechos humanos proponen, con plena pertinencia, que los deudos de personas asesinadas por acciones, omisiones o negligencias estatales, son “víctimas”. Y más vale que lo son, al unísono con sus seres queridos que ya no están. El padre de Axel es, pues, una víctima, que interpela a ciudadanos similares a él. No los convoca a la solidaridad personal sino a la acción pública. Blumberg prolonga una noble tradición que usualmente se encarnó en voces femeninas: las Madres de Plaza de Mayo, Ada Morales, Norma Cabezas, Diana Malamud, Laura Ginsberg, por no mencionar sino un puñado. “Yo era como vos, hasta que la violencia segó mi vida. Te convoco, te llamo porque lo que me pasó a mí puede ocurrirte a vos, que sos mi par, si no cambian las cosas.” La identificación, la empatía, la pertinencia que confiere el dolor transforma a esos emergentes de la sociedad en valederas figuras públicas. Esta, como el fervoroso hábito de ganar las calles, es una característica formidable de la sociedad argentina.
El dolor confiere legitimidad, y es fantástico que así sea para advertir a las autoridades y transgredir su lógica, que puede devenir burocrática y hasta autista. Pero el dolor no confiere saber ni experticia. Un padre que pierde un hijo (circunstancia tan cruel que el castellano no osa siquiera bautizar, como sí hace con los viudos o los huérfanos) es alguien que merece ser oído, atendido, resarcido en lo poco que se puede. Pero un hombre en estado de shock, sin conocimientos específicos previos, sin intercambio con conocedores, no es un especialista, ni mucho menos una voz inapelable en la compleja disciplina de la seguridad. La necesidad de dispensar Justicia y no violencia concuerda mal con la eminencia legislativa que se asigna a los ofendidos por hechos de sangre. A ellos les compete reclamar la intervención del Estado pero no proponer las sanciones. Su dolor es, a este efecto, un límite infranqueable.
El dolor, la legitimidad, la convocatoria de Blumberg son incuestionables y, como escribió Martín Granovsky en este diario, nadie debe dejar “de oír la marcha” del jueves. El programa del padre de Axel, como cualquier política pública, amerita una discusión seria. Blumberg catalizó un síntoma, una demanda. Las soluciones que él propone son cuestionables, parciales, ideológicas aunque se afirme lo contrario.
El centro de la propuesta del jueves es agravar las penas a los delincuentes, una solución insuficiente por decir lo menos. La impunidad tiene más que ver con la ineficiencia en la prevención de los delitos y con la falta de condenas a los culpables, que con la magnitud de las sanciones. ¿De cuánto vale la amenaza de una condena mayor para un potencial delincuente que tiene altas posibilidades de no ser apresado jamás?
Las medidas propuestas sugieren asesores más avezados en Derecho que Blumberg, y está clara su matriz de pensamiento si se las lee con atención. Marcar, estigmatizar de por vida a quienes sufrieron condenas viola todos los principios de la Constitución nacional (que prohíbe expresamente las penas infamantes) y aun los del Derecho penal posterior al Medioevo. El escritor norteamericano Nathaniel Hawthorne pintó el salvajismo represor de una sociedad represora imaginando que marcaba de por vida con una letra roja a una adúltera. Esa barbarie o las estrellas identificatorias impuestas a los judíos durante la segunda guerra mundial son evocaciones que vienen a la memoria cuando se proponen medidas tan arcaicas como la de “dejar marcados” a delincuentes o pecadores.
La baja de la imputabilidad a niveles literalmente pueriles es una bandera de los apologistas de la mano dura que no explican cuál es el beneficio a largo plazo. Funcionarios del gobierno nacional suponen que quizá fue Jorge Casanovas, un adalid de la mano dura bonaerense, quien asesoró a Blumberg en su propuesta. Se non é vero, é ben trovato.
El gobierno nacional imagina que Blumberg tuvo apoyo de figuras políticas o empresarios mediáticos para armar el acto, sus equipos de sonido, su compleja logística, su transmisión virtualmente en cadena por varios canales de aire. Como fuera, aunque la convocatoria no haya sido totalmente espontánea, conserva su representatividad. No fue una movilización opositora, pero sí increpó al gobierno nacional, aun cuando los mayores reproches fueron para el de la provincia de Buenos Aires.
Kirchner afronta un reto inédito. Hasta ahora pudo combinar, virtuosamente, un estricto apego a su sistema de convicciones con un apoyo masivo de la clase media, que no comparte plenamente su escala de valores. Pero ahora, “la gente” se encolumna tras una demanda que “tira” a derecha, se diga o no se diga, le guste a quien le guste. Y lo hace desde el número y la presencia pública. En un par de ocasiones previas, Kirchner se encontró con llamadas de atención de “la gente”. Fue ante movidas piqueteras, en especial las dos ocurridas en el Ministerio de Trabajo (el bloqueo del año pasado y la ocupación de Raúl Castells) y el piquetazo nacional. En todos los casos, el Gobierno reaccionó, epidérmicamente, en sintonía con “la gente”, coqueteando con endurecer su discurso y su praxis. Se pensó en la brigada antipiquetes, se formularon denuncias judiciales. Luego primó el buen sentido, pasando al archivo las iniciativas y las denuncias. Esta vez el clamor es mucho mayor, no brota de las encuestas, sino de la mera calle. Habrá que ver y medir las reacciones de un Gobierno que hasta el jueves parecía prolongar, sine die, la luna de miel.
Los compañeros
legisladores
El Congreso Nacional deja motivos para la preocupación. El primer reflejo de los bloques peronistas fue patético. Al calor de los cánticos o las consignas cancelaron sus vacaciones y exhumaron viejos planteos, leyes que estaban en trámite y que punen tanto un barrido como un fregado.
Casi nada es más desaconsejable que legislar penalmente bajo el signo de la urgencia. Algo hay peor: hacerlo en forma asistemática. Los legisladores justicialistas pretenden incurrir en ambos dislates, eso sí, pronto. La reaparición pública de Carlos Ruckauf, metiendo bala por vía legislativa esta vez, es sintomática. Kirchner hizo todo un caso de cerrarle a Rucucu el paso a la presidencia de una comisión. Ahora, todos los diputados del PJ van al pie del ex gobernador cual si fuera un oráculo en materia de prevención y represión del delito.
El Ministerio de Justicia viene urdiendo una vasta reforma penal, sistemática, que aborda desde cuestiones de fondo hasta procesales. Incluye la Policía metropolitana de la que se habló, sin mayor precisión, en estos días. Incluso explora la posibilidad de implantar el juicio por jurados, una forma institucional de participación popular en el sistema de Justicia. Algo que la Constitución exige desde 1853 y que jamás se plasmó por la sempiterna desconfianza de los juristas respectos de las gentes del común. Esa reforma no es conocida en su integridad y es prematuro hablar de ella, salvo en un sentido: es el modo cabal en que deben tratarse problemas peliagudos y no mediante espasmos irreflexivos.
“Reaccionaron histéricamente”, fulminó a los legisladores un integrante del Gabinete, avezado en temas legales. Habrá que ver qué hace el Gobierno si, como todo induce a pensar, los compañeros legisladores sacan como chorizos leyes mal redactadas y peor discutidas sobre temas de honda densidad. ¿Revisará el Ejecutivo esas leyes y, eventualmente, las vetará, si así lo imponen sus convicciones y las reglas del Gobierno? ¿Se expondrá a la bronca de “la gente”, hasta ahora buena parte de su imprecisa base social?
Jaque al rey
“Felipe está en posición de jaque al rey”, dice un integrante del gobierno nacional, afecto a la metáfora y a ser drástico. No parece exagerar. La soledad, la debilidad, la falta de reflejos del gobernador Solá son un tópico, un lugar común en la Rosada. “No puede haber un interinato en la cartera de Seguridad” repiten todos, de Kirchner para abajo, incluidos (los hay, en minoría) aquellos que simpatizan con el gobernador bonaerense. Todos miraron con lupa a “Felipe”, aun en su conferencia de prensa, y pocos le prodigaron algo más que un aplazo.
Solá, motivado seguramente por razones emocionales, decidió aliviarle a Raúl Rivara ser centro de la cólera ciudadana en la marcha del jueves. Si el gobernador no lo removía, Rivara la hubiera pasado horrible. Más allá de si la decisión estaba tomada, anticiparla a la marcha fue una gauchada para Rivara, quien en tributo a su amistad personal con Solá aceptó (dicen los que lo conocen, resignado) una brasa ardiente, una responsabilidad política que no podía cumplir debidamente. Pero la conmoción pública requería como presupuesto la inmediata designación del sustituto. No la hubo.
Queda dicho, Rivara no podía ser el encargado de comenzar a rectificar el drama de la inseguridad en la provincia. Su nombramiento respondió más a una gestualidad del gobernador de cara al gobierno nacional que acababa de derrocarle a Juan José Alvarez (una suerte de “quiero retruco” sin demasiadas cartas en la mano), que a la cabal asunción del problema. La unción de Rivara fue hija de la pasión o de los celos de Palacio. Solá ahora paga con usura un error de origen.
Las medidas de saturación policial que prodiga Solá –una táctica que Juanjo Alvarez aconsejaba fervorosamente– pueden disuadir ciertas formas de delito. Mas no son una solución definitiva ni mucho menos. Ni elevar las penas, ni aumentar el número de patrulleros, ni descabezar cúpulas policiales son medidas autosuficientes. Algunas ni siquiera son funcionales.
La prevención, la legislación, el funcionamiento cabal del Poder Judicial son tareas imprescindibles pero parciales. Uno de los nodos a abordar es el financiamiento espurio de la política, el maridaje entre intendentes y policías corruptos para colectar plata. El gobierno nacional habló de intentar resolverlo meses ha, pero a ese descubrimiento siguió una tregua o una parálisis.
Acuciados por la urgencia, el gobernador en jaque y el gobierno nacional en cuitas, deberán pensar más a fondo qué hacer con el conurbano. Qué hacer en serio, amén de llenar sus calles de patrulleros y gendarmes y de encarcelar por lapsos prolongados a los adolescentes que merodeen o trafiquen porciones infinitesimales de merca.
El conurbano, origen del primer peronismo desafiante y plebeyo, de esa ola que pobló las calles, se ha transformado en un foco de desolación y pobreza. No es ya, preponderantemente, el lugar de tránsito de los asalariados en pos de mejores condiciones laborales y más poder relativo. Su núcleo no son los trabajadores con empleo sino los desocupados. Sus masas no bregan por el aguinaldo, por las vacaciones pagas, por el carné sindical, sino por un subsidio. El peronismo de las realizaciones se prolongó, permítaseme redondear, desde 1944 hasta 1952. El parentesco de ese peronismo con el gerenciado por el aparato duhaldista es bien lejano.
Pensado por décadas sólo en términos de represión o asistenciales, el conurbano que alberga pobreza, marginalidad y genera pocas esperanzas, poco trabajo, es un problema integral. Muchos de sus habitantes son ya mayores de edad, imputables aun para las leyes más magnánimas, y jamás han visto trabajar a sus padres. Muchos han aceptado, o han sido empujados a distintos circuitos del delito como una forma (a veces como la única forma) de sobrevivir. Ese cuadro feroz no se cambiará con patrulleros como tampoco se resolvió con una estructura política orientada a contener la pobreza pero no a atacarla.
Un final con energía
Volvamos, por dos párrafos, a la crisis energética. Da para mucho más, pero a los efectos de la congruencia de esta columna baste resaltar que en estos días hubo fuertes cruces de Roberto Lavagna vs. Alberto Fernández y Julio de Vido. Las voces subieron de tono aunque, como es habitual, ahora los contendientes se conformen con explicar que se trata de lógicas diferencias de criterios. Las hay, pero las complejizan dos datos potentes. El primero es la sensación dominante en el ala política del Gobierno: Lavagna es demasiado individualista y demasiado quisquilloso acerca de posibles operaciones en su contra.
A su vez, Lavagna recrimina al ala política, sin nombrar al Presidente pero involucrándolo de algún modo, estar demasiado pendiente de la aprobación pública de cada medida. No aceptar pagar ningún costo actual por decisiones necesarias que quizá resten prestigio ahora pero que apuntalan la gestión futura, como por ejemplo (a su ver) sincerar o implementar un aumento de tarifas.
Este tramo del debate interno del Gobierno es bien pertinente en los actuales días. Tal parece que Kirchner afronta de una vez el intríngulis de elegir entre el ulular de la tribuna que le es afín y sus convicciones. O entre su invicta reputación actual y la necesidad de emprender acciones piantavotos. Quizá sea la sensación de estas horas, pero las fotos de la semana inducen a concluir que la luna de miel terminó. Fue pura suma para el Presidente, que acomete el resto de su mandato potenciado, dominador de la escena, con un considerable capital simbólico.
La luna de miel fue bella y productiva mientras duró. Pero, da toda la sensación, fue.

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