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El gobernador Felipe Solá tuvo otro día de protestas piqueteras por la baja de 22.500 planes del programa Barrios Bonaerenses. Los desocupados volvieron a levantar los peajes de las autopistas, mientras en la ciudad de La Plata unas 20 personas se encadenaron en el Ministerio de Desarrollo Social para iniciar una huelga de hambre. Por la tarde, 300 desocupados interrumpieron un acto encabezado por el ministro Juan Pablo Cafiero en el Salón de los Espejos del ex edificio del Jockey Club. En la ceremonia estaba anunciada la presencia de Solá, quien no concurrió.
Desde el mes de febrero, cuando la provincia canceló 22.500 subsidios, ha habido reclamos y negociaciones frustradas. El ministerio argumenta que hizo un reempadronamiento por el que dio de baja a ñoquis o a beneficiarios que no presentaron los papeles para la nueva inscripción. Las organizaciones piqueteras sostienen, en cambio, que miles de sus integrantes fueron sacados de los listados de manera discriminatoria.
Los piqueteros vinculan este recorte en el gasto social con las presiones de los organismos de crédito internacionales. Así como ayer reclamaron a la provincia, la próxima semana le pedirán al gobierno nacional que universalice los programas de asistencia, ya que existen 900 mil argentinos sin trabajo ni cobertura.
Al término de la jornada de lucha, el gobernador ratificó que no ampliará la cantidad de subsidios. “Intentan hacerme una especie de extorsión para que dé de alta planes, pero no lo vamos a hacer. Las movilizaciones no me van a hacer cambiar, y la presión de los cortes la derivamos a los jueces”, dijo Solá.
La protesta en los peajes se realizó en cinco puestos, los ubicados en Hudson y Dock Sud (de la autopista Buenos Aires-La Plata), el Mercado Central (de la autopista Ricchieri), 197 y Panamericana e Ituzaingó (autopista del Oeste).
Los manifestantes permitieron el paso gratis de los vehículos desde el mediodía hasta las seis y media de la tarde en los tres primeros lugares, donde tuvieron una presencia masiva. Y los levantaron antes de las cinco en el resto (donde la cantidad de desocupados era menor), tras recibir una intimación del juez federal Arnaldo Corazza.
La orden judicial para desalojar los peajes se produjo en un contexto sustancialmente distinto del de las protestas anteriores, ya que la semana pasada la Cámara de Casación Penal (el máximo tribunal penal del país) sostuvo en un fallo que los cortes piqueteros son delito, aun cuando se realicen en reclamo de derechos constitucionales.
Participaron de esta medida las organizaciones que integran la Asamblea Nacional de Trabajadores, que nuclea a los piqueteros de los partidos de izquierda como el Polo Obrero, el Movimiento Territorial de Liberación, el Teresa Vive, la Coordinadora de Unidad Barrial y la CTD Aníbal Verón. Su petitorio tuvo cuatro puntos:
- Restitución de los planes caídos.
- Entrega de alimentos para los comedores populares.
- Universalización de los programas.
- Aumento del subsidio, de 150 a 350 pesos.
Al mismo tiempo, el MTD Aníbal Verón, el Movimiento de Unidad Popular y otras organizaciones autónomas de los partidos políticos hicieron el escrache a Cafiero. Los desocupados concentraron inicialmente frente a la Torre II del ministerio, donde 20 militantes se encadenaron para empezar una huelga de hambre. Una vez allí, enterados de que el gobernador Solá y el ministro participarían de una entrega de subvenciones a ONG que trabajan con dispacitados, 300 manifestantes marcharon al lugar del acto. Llegaron al antiguo edificio del Jockey Club (hoy en manos de la Universidad de La Plata) cuando Cafiero encabezaba la ceremonia. Entraron al Salón de los Espejos y, luego de unos minutos de bombos y gritos, se retiraron a un aparte con el funcionario.
El ministro les concedió una entrevista en Desarrollo Social, que continuaba al cierre de esta edición. Esperando su resultado, unas 700 personas acamparon en la plaza Moreno.
La jornada de lucha tuvo un corte en el Puente Pueyrredón, aunque por un motivo diferente: el pedido de justicia por el asesinato de Javier Barrionuevo, crimen del que ayer se cumplieron 27 meses.
Los piqueteros volverán a salir el próximo miércoles, esta vez con un reclamo a la Nación. La novedad es que la ANT llegó a un acuerdo con la Corriente Clasista y Combativa liderada por Juan Carlos Alderete. No estarán juntos en la ruta, pero sí manifestarán el mismo día, por la universalidad de los planes y en contra del pago de la deuda externa.
El entendimiento marca que la sociedad de la CCC con la agrupación de Luis D’Elía (la Federación de Tierra y Vivienda, de la CTA) ha llegado a su fin. Las dos organizaciones nacidas en La Matanza fueron, durante la gestión de Fernando de la Rúa, el sector más poderoso del movimiento. Sus caminos se comenzaron a separar con la llegada al poder de Eduardo Duhalde. Juntos todavía en los primeros meses del gobierno de Kirchner, D’Elía y Alderete parecen ahora definitivamente distanciados.