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En un nuevo gesto hacia la integración continental y la política exterior estadounidense, la Cámara de Diputados intentará avanzar esta semana con la aprobación de un acuerdo contra el terrorismo donde además de controlar el financiamiento de esta actividad, también se excluyen los motivos políticos como argumento para negar la extradición de terroristas.
El proyecto que busca otorgarle rango constitucional a la convención ya cuenta con media sanción del Senado.
Es por ello que Jorge Argüello, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, se arriesgará a conseguir hoy el despacho de comisión que le permita llegar al recinto la próxima semana. Es poco probable que lo consiga. No por falta de voluntad política de sus colegas, sino más bien por la falta de sesión prevista para mañana, extendiendo así el fin de semana largo.
Para los legisladores oficialistas la convención es importante porque avanza sobre el control del financiamiento de las organizaciones terroristas. Argüello tiene además un interés especial en esta norma, porque la considera esencial para poder avanzar en una modificación de la ley de lavado de dinero cuya autoría es de la dirigente del ARI, Elisa Carrió.
Según trascendió, el texto compromete a los países miembros a intensificar su cooperación e intercambio de información de inteligencia, a endurecer los controles fronterizos y a confiscar los fondos y otros bienes de grupos identificados como terroristas.
La convención para que entre en vigor debe contar con la ratificación de 22 países miembros.
Por ahora hay 15 y si la sanciona la Argentina se integrará a este lote que respalda la convención que fue impulsada por los Estados Unidos después de los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Nueva York.
El dato novedoso de la convención es que por primera vez los países firmantes excluyeron expresamente los motivos políticos como razón para negar la extradición de un detenido que es requerido por otra nación para juzgarlo por terrorismo. “Es una cláusula que está expresamente dirigida a los autores de atentados terroristas”, señaló Argüello.
La clave, en ese caso, será qué definición de terrorista aplica la nueva legislación.
La aprobación de esta norma se encuentra por estos días en el primer lugar de la lista de prioridades de la comisión que preside el justicialista porteño.
La semana pasada ya consiguió la aprobación del envío de tropas a Haití y de los ejercicios combinados con los Estados Unidos y otros países latinoamericanos, en el marco de lo que se denominó programa Unitas.
Tanto la participación de la Fuerzas Armadas argentinas en operaciones internacionales y en ejercicios de entrenamiento, como el impulso a la convención contra el terrorismo, implican señales del Congreso, coordinadas con la Cancillería, que sintonizan con los objetivos de la política exterior estadounidense para Sudamérica.