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Como en aquella primera reunión de febrero, la Comisión de Juicio Político volvió a sesionar ayer a puertas abiertas. El encuentro, breve, de apenas media hora de duración, sirvió para que los diputados definieran el 25 de abril próximo como la fecha tope para emitir el dictamen de condena a los nueve integrantes de la Corte Suprema que será puesto a consideración de la Cámara baja. La decisión provocó desazón entre algunos legisladores duhaldistas que pretendían extender este plazo a más allá de mayo y es, a todas luces, una maniobra para frenar los intentos del oficialismo de congelar el sumario contra los cortesanos. El período que ahora se abre hasta la redacción del dictamen será de fuertes discusiones internas en los bloques, sobre todo en el PJ donde conviven en un precario equilibrio defensores y denunciantes de los magistrados.
La fecha del 25 de abril acelera los tiempos. Los miembros de la comisión buscan definir si hacen varios dictámenes o uno solo con capítulos para cada miembro de la Corte, donde se explicitarían los cargos y la acusación si así correspondiese. No se descarta que el formato del despacho tenga algunas variantes antes de su emisión pero la decisión es acusar a los nueve integrantes.
Sin duda, la decisión de la comisión no fue para nada inocente y arrebatada. Así como en los bloques hay diferencias con este tema, hacia el interior de la comisión que preside el justicialista Sergio Acevedo conviven varias corrientes de opinión que, con el avance del proceso, se fueron agudizando y hasta enfrentando. El sector que pretende continuar con el juicio –por ahora mayoritario– es un verdadero conglomerado de representantes de diferentes bloques. En él conviven justicialistas como Acevedo y el tucumano Ricardo Falú, los aristas Elisa Carrió y Héctor Polino, Nilda Garré del Frepaso, María América González (Frente Grande) y todos los radicales, entre los que resalta Carlos Iparraguirre.
En la vereda de enfrente están los defensores de los magistrados. Y allí sobresalen los menemistas como Alejandra Oviedo. La riojana no sólo es la más férrea opositora al juicio, sino que también muchos de sus argumentos son sensiblemente similares sino iguales a los que suele utilizar Gregorio Badeni, el defensor de los jueces Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor y Guillermo López. En una línea similar pero mucho menos visible está el porteño Miguel Angel Toma, quien suele susurrar en las orejas de sus colegas la inconveniencia de continuar con el proceso.
En una nebulosa se encuentran legisladores como Ricardo Bussi, el hijo del genocida de Tucumán, quien desde un principio ni siquiera hacía uso de la palabra ahora optó simplemente por desaparecer. En la misma nebulosa se encuentra el justicialista y propulsor de la mano dura, Jorge Casanovas.
Hay un tercer grupo y es aquel donde están los legisladores que bailan de acuerdo a la música del gobierno central. Dos son las figuras más fuertes; José María Díaz Bancalari y Graciela Caamaño. En un principio fueron muy activos en cuanto al avance de las causas, pero con el correr de los días sus fuerzas fueron menguando al mismo ritmo en que se acrecentaban las versiones de las conversaciones entre el gobierno de Eduardo Duhalde y la Corte para encontrar una salida negociada a la crisis. De todas formas, Bancalari –quien suele mantener cierta autonomía a las decisiones presidenciales– no deja de repetir que “una vez que estamos en el medio de la laguna, con algún pescado tenemos que volver”.
En tanto, en la bancada oficialista juran que los defensores de la Corte son minoría y sostienen –a manera de justificativo– que en realidad lo que preocupa a la mayoría de los legisladores “no es cuántos jueces se cargan, sino quiénes serán los reemplazantes”.
Curiosamente, los más decididos a avanzar con el juicio son los radicales, y su decisión se la transmitieron el miércoles a Duhalde durante la reunión que mantuvieron en Olivos.