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En el discurso ante la asamblea legislativa no podía faltar una referencia al caso Southern Winds. El Gobierno no se hizo el distraído en el escándalo por el tráfico de drogas a Madrid. Sobre todo en el Congreso, donde la oposición había intentado interpelar a varios ministros del gabinete. Atento a estos antecedentes, Néstor Kirchner cumplió ayer con las previsiones. Dijo que el contrabando de drogas revelaba “la corrupción de quienes deben controlar”. Luego defendió la purga en la Fuerza Aérea y aseguró que el Gobierno había actuado “en forma drástica” y “sin medias tintas”. “Ahora le toca determinar responsabilidades a la Justicia”, instó. Con esa frase terminó su referencia al caso: algunos interpretaron sus dichos como una defensa sutil del secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
Kirchner mencionó el episodio cuando ya había leído más de la mitad del discurso. Textualmente, dijo que (el contrabando de cocaína) “pone blanco sobre negro que el problema no radica sólo en la existencia o eficacia de los controles, sino también en la corrupción de quienes deben controlar. Aquí estamos frente a algo que ha sido recurrente en nuestro país: la complicidad u omisión de quienes debieran controlar con los delincuentes”.
Luego defendió la actitud oficial ante el caso. “El Gobierno actuó en forma drástica sobre los responsables operacionales de contralor del aeropuerto más importante del país. Lo hizo sin medias tintas. Ahora le toca determinar responsabilidades a la Justicia”, aseguró.
Finalmente, para cerrar su referencia al episodio de las valijas, Kirchner exhortó al cambio dentro de las estructuras del Estado. “Se trata de trocar el escenario de la corrupción estructural por un escenario hostil a la violación de las normas, y en este sentido podemos analizar como caso testigo el episodio de narcotráfico descubierto en Ezeiza”, instó. Mientras el Presidente hablaba del tema no hubo aplausos ni muestras de desaprobación.
Aunque para los legisladores era un tema de interés: desde que estalló el escándalo, la oposición viene reclamando la interpelación del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Planificación, Julio De Vido. El oficialismo, en tanto, postergó para más adelante la visita de los funcionarios. Quería evitar que el tema opacara el discurso de Kirchner en la asamblea legislativa.
Ante los obstáculos que interpuso el PJ, algunos diputados opositores convocaron a una sesión especial para el miércoles 9 de marzo con el objetivo de pedir la interpelación de los ministros. La iniciativa es impulsada por los radicales Margarita Stolbizer y Horacio Pernasetti, el macrista Federico Pinedo y dos miembros del centroizquierda, Alicia Castro (Frente para el Cambio) y Eduardo Macaluse (ARI). Otros opositores, en cambio, convocaron a una sesión especial para hoy: son Héctor Polino (Partido Socialista), Miguel Angel Giubergia (UCR) y María América González (ARI). Estos legisladores temen que el PJ impida que los funcionarios comparezcan ante el recinto.
Justamente, los diputados justicialistas quieren impedir que los funcionarios –como el jefe de Gabinete– sean interpelados ante todo el cuerpo. Lo consideran muy riesgoso.
Por todo esto, la decisión final del oficialismo fue aceptar que Alberto Fernández se presente el martes 8 de marzo –un día antes de la sesión especial convocada por la oposición– a una reunión conjunta de las comisiones que tienen injerencia sobre los asuntos de Seguridad y Narcotráfico. Algunos lo pueden interpretar como una concesión, aunque también puede ser traducido como una movida para quitarle sentido a la sesión especial del día siguiente.