EL PAIS › QUIEN ES QUIEN EN EL OBISPADO CASTRENSE

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Además de desconocer a Baseotto, el Gobierno dispuso reclamar al Vaticano por las “inadmisibles irregularidades” del Nuncio Bernardini. El vicariato general castrense queda interinamente a cargo de un monseñor que antes fue oficial del Ejército y rebelde carapintada. Y el secretario general es un ex capellán de la ESMA en los años en que tirar gente al mar no era una frase retórica. Las líneas internas del Vaticano se cruzan con la política argentina. El silencio corporativo del Episcopado.

 Por Horacio Verbitsky

Además de declarar vacante la Oficina Castrense y desconocer como funcionario público al Obispo Antonio Baseotto, el gobierno nacional instruyó a la embajada ante el Vaticano para que reclame a la secretaría de Estado por las “inadmisibles irregularidades” cometidas en el trámite de la cuestión por el Nuncio Adriano Bernardini. La directiva fue comunicada en forma telefónica al embajador Carlos Custer por el canciller Rafael Bielsa. El cese en sus funciones de Baseotto requiere una resolución rápida, ya que el Vicario General que queda en forma interina a cargo es un ex teniente primero carapintada, dado de baja luego de la rebelión de la Semana Santa de 1987 y el Secretario General que lo acompaña es un ex capellán de la ESMA denunciado por confortar con parábolas bíblicas a los marinos que arrojaban prisioneros al mar en 1977.

Irregularidades

Estas son las actitudes que el gobierno considera irregulares y la posición oficial sobre cada punto:

1. Según la comunicación verbal del Nuncio Adriano Bernardini al gobierno no había razones canónicas para separar del Obispado castrense a Baseotto. Pero el gobierno no planteó que Baseotto dejara de ser obispo ni que hubiera violado el Código Canónico que regula la conducta de los sacerdotes. Sólo pidió que dejara de estar a cargo del cuidado religioso y la formación espiritual de los militares, a cuyas nuevas generaciones es necesario enseñarles que tirar a la gente al mar está mal.

2. Bernardini también explicó que para el Vaticano la oposición al aborto era irrenunciable y que cualquier ablandamiento sería interpretado en forma equívoca. Apenas calificó como “desafortunada” la frase de Baseotto y advirtió que el retiro de un obispo era una decisión grave, que afectaría las relaciones entre ambos estados. Pero al presentar la solicitud de retiro de Baseotto, el canciller Rafael Bielsa aclaró que la causa no era su oposición al aborto sino la instigación al asesinato del ministro de Salud, Ginés González García. El gobierno no ha fijado posición sobre la despenalización del aborto ni prevé hacerlo ahora.

3. El Nuncio comunicó la decisión al ministro de Defensa, José Pampuro, y no al canciller, como correspondía. El canciller está fastidiado porque transmitió a la Comisión de Relaciones Exteriores una visión optimista, con elogios al Nuncio y alusiones a los tiempos que la Iglesia se tomaría para acceder al reclamo oficial de retirar a Baseotto, sin saber que el Vaticano ya se había negado.

Tres hipótesis

Cuando se enteró, al regreso del Senado, Bielsa llamó al Nuncio. Bernardini le confirmó que el secretario de Estado Angelo Sodano había ordenado rechazar la solicitud de reemplazo de Baseotto. Le pidió que el gobierno no reaccionara y le sugirió que en dos o tres meses podría ser designado un obispo coadjutor o un administrador apostólico que se hiciera cargo del Obispado. Es lo mismo que la Iglesia hizo a la caída de Perón, cuando el cardenal arzobispo de Buenos Aires Santiago Copello fue trasladado a Roma y en su lugar asumió como administrador apostólico el obispo cordobés Fermín Lafitte, quien había participado en la sublevación y gozaba de la confianza de los militares golpistas. El mismo Laffite se convirtió en 1957 en el primer Vicario General castrense. Su nombre fue una condición del gobierno militar para la creación del entonces Vicariato Castrense, que en 1986 Juan Pablo II convirtió en Obispado.
La designación del coadjutor había sido en su origen una propuesta de Bielsa al Nuncio, el sábado de la semana anterior. Pero la publicidad de la confirmación de Baseotto creó una situación nueva. Ante esa respuesta provocativa, el gobierno analizó tres posibilidades, ordenadas de menor a mayor:

- Aguardar los tres meses mencionados por el Nuncio, momento en que la relación quedaría normalizada.

- Desconocer a Baseotto como titular del Obispado Castrense pero mantener su estructura, a la espera de que la Silla Apostólica cubra la vacante con un nuevo titular.

- Denunciar el tratado por el cual se creó el Obispado Castrense y disponer que los militares sean atendidos en sus actividades religiosas por las estructuras territoriales de los distintos credos, tal como ocurre en la actualidad con los escribanos y los cartoneros, que rezan donde les place y no se sienten discriminados por eso.

El presidente Néstor Kirchner se inclinó por la posición intermedia, nítida pero conciliadora, e instruyó a todos los funcionarios para que dejaran en claro que no se trataba de un conflicto con la Iglesia sino con un funcionario de la administración pública, dependiente en forma directa del Poder Ejecutivo, sólo por sus declaraciones que, como dice el decreto, “reivindican los métodos de la dictadura, apoyan a los ejecutores de tales crímenes y lejos están de aportar a la paz y la armonía o al cuidado espiritual de las Fuerzas Armadas”.

El interinato carapintada

Un gesto de buena voluntad oficial fue retirar el acuerdo sólo a Baseotto, lo cual implica que en forma interina quede a cargo el vicario general. Se trata del monseñor Pedro Candia, un protegido del integrista arzobispo de La Plata, Héctor Aguer; de Esteban Caselli, el ex secretario de culto de Eduardo Duhalde y Carlos Rückauf y actual gentilhombre del Vaticano, y del sustituto de la Secretaría de Estado vaticana, el obispo argentino Leonardo Sandri. El año pasado, antes de que estallara este conflicto, Aguer y Caselli solicitaron al secretario de Culto Guillermo Oliveri en el Vaticano que la Cancillería propusiera la designación de Candia como Obispo coadjutor, con derecho a sucesión de Baseotto. Dijeron que contaban con el apoyo de Pampuro y llegaron a presentar el texto de la carta, para que fuera copiada en papel oficial y firmada. Bielsa se negó, aduciendo que no compete al gobierno sino al Vaticano la propuesta, a partir de una terna elevada por el Episcopado. El Poder Ejecutivo retiene la facultad de dar o negar el acuerdo al propuesto. En el caso del obispo castrense esto es explícito desde 1957 (el gobierno debe dar su “previo acuerdo”) y para el resto de los obispos está implícito desde el Concordato de 1966 (el Vaticano realiza una “prenotificación oficiosa” y el gobierno tiene un mes para responder si tiene “objeciones de carácter político general” que oponer). Sin embargo, en 2002, Duhalde pidió a Juan Pablo II la nominación de Baseotto, quien no figuraba en la terna del Episcopado, que promovía al entonces adjunto de Eduardo Miras en Rosario, Luis Armando Collazuol.
Cuando Baseotto instó a fondear en el océano al ministro González García y Bielsa le comunicó al Nuncio que dada la historia de la Argentina resultaba inadmisible su continuidad, Bernardini mencionó el posible nombramiento de un administrador apostólico. Bielsa le anticipó que el gobierno no aceptaría la designación de monseñor Candia, porque tenía un hermano carapintada del Ejército y demasiados contactos con ese sector. Tibio: no era un hermano, sino el propio Candia. Las fechas históricas son significativas en su vida: nació en 1957, seis meses antes de que se creara el Vicariato Castrense, e ingresó al Colegio Militar tres semanas antes del golpe militar de 1976. Egresó en 1979 como subteniente de la Promoción 110 del Ejército. En mayo de 1987, abortada la rebelión carapintada, se fue de baja con el grado de Teniente Primero e ingresó al seminario. Además tiene dos primos oficiales en actividad en el Ejército. Uno de ellos, Luis Alejandro Candia, tiene destino en la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa. El otro, en una unidad de Infantería. Luis Alejando fue detenido en abril de 1987 por su participación en el alzamiento de Semana Santa y pasado a disponibilidad por el Ejército. Su jefe de Estado Mayor, general Dante Caridi, lo acusó entonces de participar en un secuestro extorsivo para financiarse, delito que no se probó ante la justicia.
Candia no es la única alhaja del Obispado Castrense. Su secretario general es el presbítero Alberto Angel Zanchetta, quien en 1977 era uno de los capellanes de la ESMA que, según el relato de Adolfo Scilingo, consolaban a los oficiales que volvían turbados de las misiones en las cuales cumplían con los detenidos-desaparecidos los deseos que ahora Baseotto expresó respecto de GGG.

Rezos en familia

La comparación de este conflicto con los de 1884 y 1955 es poco pertinente. En el primer caso, el general-presidente Julio Roca puso en un barco rumbo a Montevideo al Nuncio Luis Matera, quien viajó a Córdoba en campaña de agitación pública en contra de la ley de educación laica. En el segundo, el también general-presidente Juan Domingo Perón expulsó del país al obispo Manuel Tato y al presbítero Ramón Novoa, por lo que fue excomulgado. Se trataba de confrontaciones abiertas entre el gobierno y la Iglesia y formaban parte de una escalada de años. La ofensiva liberal y laica sobre las posiciones eclesiásticas se daba en todo el mundo, con picos notables en Italia (en 1881 manifestantes masones intentaron arrojar al Tíber el féretro de Pío IX), Francia y Alemania (donde el canciller Bismarck declaró la guerra cultural contra la Iglesia). Cuando el muy anticatólico ministro de Instrucción Pública, Eduardo Wilde, respondió que “el señor Matera nada tiene que ver con las escuelas de la República”, el Nuncio pidió explicaciones. El gobierno se las negó y Matera le escribió a Roca, acerca de un episodio de las luchas intestinas por la capitalización de Buenos Aires: “Si usted no tiene manchada la frente de sangre humana derramada dentro de las paredes de un lugar sagrado, lo debe exclusivamente a mí”. Roca le devolvió su pasaporte y le dio 24 horas para salir del país.
En 1955 la escalada de confrontación con la Iglesia, que era el eje articulador de la oposición, ya llevaba un año. El gobierno había derogado la enseñanza religiosa obligatoria y autorizado el divorcio y los prostíbulos, suprimió los espacios radiales que tenía la Iglesia, patrocinó actos de la CGT en los que se acusó a curas y obispos de conspiradores y oligarcas, auspició grandes concentraciones espiritistas y protestantes en estadios deportivos y prohibió procesiones católicas. Con el agravante para la jerarquía de que las figuras de culto del cristianismo que el discurso oficial denominaba auténtico y de fondo y opuesto a otro que se desdeñaba como clerical o de forma, no eran las tres personas de la Santísima Trinidad sino las dos de la pareja presidencial. En respuesta a su excomunión y al bombardeo de la Plaza de Mayo por la aviación naval, Perón al menos consintió el incendio de templos por sus partidarios.
Más razonable es la comparación con el conflicto suscitado en la década de 1920 con el gobierno de Marcelo T. de Alvear, cuando Pío XI rechazó la propuesta de designar a Miguel de Andrea como Arzobispo de Buenos Aires. Entonces, como ahora, estaban en juego un hombre y líneas internas del Vaticano. Los antecedentes personales de Kirchner no hacen prever una escalada. Ya con el texto del decreto de desconocimiento de Baseotto en su escritorio, en la mañana del viernes Kirchner recordó las costumbres familiares de su abuelo croata-chileno, en cuya casa se rezaba con el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, y el fervor religioso de su madre. A la inversa de lo que hicieron Roca y Perón, su hermana Alicia retiró del ministerio de Desarrollo Social un busto de un prócer liberal y entronizó en su lugar una imagen de la Virgen María. Desde la oposición abundarán los esfuerzos por alinear a la Iglesia como el aglutinante del que carece y es imaginable que lo mismo harán Aguer, Caselli, el vocero Joaquín
Navarro Valls y Sandri, a quienes la postración de Karol Wojtyla dio un poder desmesurado en Roma. El Episcopado y el Gobierno no desean prestarse a ese juego. Así lo sugieren los diálogos que mantuvieron el sábado el secretario de Culto Oliveri y el secretario de la comisión ejecutiva de obispos, Sergio Fenoy. Sus consecuencias fueron una declaración del Episcopado más conciliadora de lo que hubiera deseado el Nuncio y las instrucciones del Presidente al Canciller para que la cuestión se maneje con la mayor cautela y ningún funcionario haga declaraciones.
Bernardini reclamaba un completo alineamiento con Navarro Valls, quien habló de una posible violación a la libertad religiosa. Es cierto que los obispos calificaron de unilateral y apresurada la respuesta oficial y nada dijeron de la tremenda frase que la provocó, con lo cual desaprovecharon la oportunidad de ajustar cuentas con un período vergonzoso de su historia, pero de todos modos, instaron al diálogo y la prudencia para superar un conflicto que llamaron pasajero y sugirieron que existían intenciones encubiertas, sin precisar si en Buenos Aires o en Roma. Una de las frases que se escucharon en los diálogos de ayer fue que ‘Baseotto puede dar todas las misas que quiera, pero gratis, porque ya no es funcionario a sueldo del Estado’. Bielsa también tomó nota de que si el Episcopado solicita audiencia, Kirchner lo recibiría de inmediato y con cordialidad. En cambio, ante una homilía provocativa de Baseotto en Semana Santa avanzaría hacia la tercera opción, que no es su preferida, y suprimiría el Obispado Castrense. Le toca jugar a la Iglesia.

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