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El 30 diciembre de 2003, cinco ingenieros de Telefónica fueron citados por un gerente a su despacho. Según su relato, allí escucharon que debían desafiliarse de su sindicato si querían recibir un aumento de sueldo que se preparaba para el sector. De no hacerlo, aseguran que dijo el gerente, el futuro profesional de los cinco se vería “seriamente afectado”. Los reunidos dicen que hubo señales de incomodidad y que entonces el gerente les mostró una planilla con los nombres de todos los empleados a su cargo. La lista detallaba, al lado de cada cual, quién estaba afiliado al sindicato y quién no. Dos columnas más adelante figuraba el aumento que percibirían. Todos tenían asignada una mejora de entre el 5 y el 22 por ciento, a excepción de los sindicalizados, denunciaron.
Siempre según su relato, el gerente les indicó que para desafiliarse debían enviar telegramas al gremio, a Recursos Humanos de Telefónica y al Ministerio de Trabajo. Pero los cinco se negaron. Como se podrá adivinar, a partir de entonces aseguran que sufrieron repetidas situaciones de hostigamiento.
El caso, tal como se cuenta, figura en dos demandas judiciales en curso ante el fuero del trabajo. Los abogados laboralistas aseguran que el acoso en el trabajo es una situación frecuente en la Argentina. Pero son contadas las veces que, como ésta, llegan a los tribunales. Por miedo o por falta de pruebas –ya que el poder de la amenaza reside en formularla en privado, sin dejar testigos– quedan silenciadas.
Las denuncias de presiones contra la sindicalización de los profesionales de Telefónica se dan en un contexto que vale la pena conocer. En el año 2002, como respuesta a la crisis, el Congreso sancionó la Ley de Emergencia Económica, que estableció el pago de una indemnización doble en el caso de despidos.
A mediados de ese mismo año, Telefónica intentó desprenderse de prácticamente el grueso de sus profesionales. Inició un expediente ante el Ministerio de Trabajo para suspender a 800 personas, casi todos ellos ingenieros. La empresa argumentó razones de costos para hacerlo, y se especuló que su idea era traspasar las tareas especializadas y de desarrollo tecnológico a su casa matriz, en España. Las nuevas tecnologías permiten –de hecho, en algunas áreas se realiza hace tiempo– el trabajo a distancia.
Hubo una reacción y las suspensiones masivas se frenaron. Pero se implementaron suspensiones parciales. “Aunque en julio pudimos parar el intento de las 800, poco después se concretó la suspensión de 350 personas, con el 70 por ciento del sueldo. Todo el 2002 y el 2003 fue así: tuvimos 200 suspendidos más como represalia contra los trabajadores que habían firmado en solidaridad con los afectados, después siguieron otras trescientas, extendieron por seis meses la situación de los suspendidos iniciales. Te mandaban a tu casa sin nada que hacer, en una situación que parecía el preludio al despido”, recuerda José Zas, hoy dirigente del Centro de Profesionales de Empresas en Telecomunicaciones (Cepetel). Los profesionales aseguran que eran tentados al mismo tiempo con retiros voluntarios de entre 100 mil y 250 mil pesos. Pero las aceptó sólo una minoría: en el país del 2002, todo el mundo tenía en claro lo que significaba quedarse sin trabajo.
La recomposición sindical
Comenzaron a reunirse en asambleas. En la década menemista, el gremio del sector –el Cepetel– había sido desarticulado sin oposición interna: en los ’90, muchos profesionales adoptaron el discurso de que sindicalizarse les quitaba jerarquía. El sindicato ya no tenía edificio porque sus bienes habían sido liquidados, pero todavía contaba con personería jurídica.
Las asambleas y el principio de organización gremial les sirvió para menguar los retiros y las suspensiones. Con la excepción de un caso, la totalidad de los empleados suspendidos debieron ser reincorporados. En este marco comenzaron las presiones por la desafiliación.
Los denunciantes son Juan Valmaggia, Pedro Filipuzzi, Marcelo Grossi, Jorge de Franco y Carlos Otegui, integrantes de la Gerencia de Redes Dedicadas de Telefónica. Todos superan los 45 años. Ninguno tenía experiencia sindical. En la actualidad tampoco son militantes. Su rechazo a desafiliarse, cuentan, tuvo motivos sólidos. “En la época de las suspensiones empezamos a entender cuál era la estrategia de la empresa. La más frecuente era asustar para que el suspendido diera su conformidad: ‘Si no firmás, viene el despido’, decían, y muchos firmaban. Pero empezamos a ver que se podía decir que no, y que el que no firmaba seguía trabajando”, dice Pedro Filipuzzi. Telefónica alegaba estar en crisis para justificar sus medidas, pero los profesionales dieron una discusión ante el Ministerio de Trabajo en la que sostuvieron que la crisis de la empresa no era de la hondura alegada. En esa pelea, consiguieron sentar a un debate en Diputados a Telefónica y al Gobierno. En aquella oportunidad, la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, criticó el sistema de retiros voluntarios.
Tal como había anticipado el gerente, los cinco sindicalizados no recibieron los aumentos de sueldo. Cuatro meses más tarde, el mismo gerente llamó a una segunda reunión, esta vez con los 21 profesionales de su área. En esa instancia aseguran que les informó que “Recursos Humanos tenía un filtro para los afiliados al Cepetel que iba a incidir en la calificación”.
La abogada Mariana Rocha, patrocinante de los cinco profesionales, denunció que tampoco cobraron los aumentos otorgados por los decretos presidenciales. La empresa adujo que no les correspondía porque son personal fuera de convenio. En septiembre, los profesionales presentaron un pedido de amparo para que se ordene a la empresa cesar en “su actitud de hostigamiento”.
Sin tareas
El análisis del acoso laboral está poco desarrollado en la Argentina. Los especialistas europeos, donde el fenómeno es más difundido, señalan que el recurso para deshacerse sin costos de un trabajador apela a la ofensa o el desprecio. Así mencionan como típicos casos de gerentes que dejan de ser llamados a las reuniones de directorio y de profesionales a quienes se deja sin ninguna función que cumplir.
Quienes han trabajado en el tema señalan que el acoso laboral siempre se apoya en la permisividad del resto del personal. “La persecución psicológica se desarrolla en medio de un sorprendente silencio e inhibición de los observadores que, aunque conscientes del abuso e injusticia de la situación, se abstienen de intervenir, sea por complicidad implícita con el plan de eliminación del acosado, sea para evitar convertirse ellos mismos en objeto de represalia”, sostiene el psiquiatra José Luis González de Rivera. Por eso recomienda hacer prevención mucho antes de llegar a la Justicia.
En el caso de Telefónica, señaló José Zas, del Cepetel, el gremio tuvo “treinta desafiliaciones en el 2003 motivadas por el acoso de la patronal. Los presionados son profesionales o jerárquicos, gente que está acostumbrada a manejar proyectos de manera independiente, a quienes les quitan su tarea y les dan otra de menor jerarquía. Si alguien estaba desarrollando un proyecto, lo mandan a revisar cables, o a controlar la cartera de clientes de otro colega”. Por este motivo, el Cepetel impulsó su propia demanda judicial.
El gremio tiene en la actualidad 350 afiliados. Su reorganización es parte de la tendencia de recomposición sindical registrada en los últimostiempos. El año pasado, el Ministerio de Trabajo reconoció la existencia legal del Cepetel. La empresa todavía se niega a hacerlo. Junto con Telecom, Telefónica es la principal empleadora de la actividad, para la que la Universidad Tecnológica Nacional tiene a disposición una carrera específica, la de Ingeniería en telecomunicaciones. No es difícil imaginar las consecuencias que tendría que las concesionarias del servicio adoptaran cualquier política que sacara esos puestos de trabajo fuera del país.