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Un sector del Consejo de la Magistratura, liderado por el kirchnerista Miguel Pichetto, intenta archivar la investigación contra el juez Claudio Bonadío, acusado de obstruir el esclarecimiento de las irregularidades en la causa del atentado a la AMIA. El martes último, en una reunión de la Comisión de Disciplina del organismo, el diputado intentó que se votara sobre tablas un dictamen para desestimar el expediente contra el magistrado federal. No lo logró en el momento, pero la votación no demoraría: está prevista para mañana. Todo esto ocurre a pesar de que el Estado argentino se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por decreto a desentrañar la trama de encubrimiento que rodeó al ataque terrorista.
Bonadío había sido denunciado por la Unidad Especial AMIA del Ministerio de Justicia, a cargo de Alejandro Rúa, y por la Cámara Federal, a raíz de su actuación en la causa en la que debía determinar cómo se desvió, incluso con pistas falsas, la pesquisa sobre el ataque terrorista a la mutual judía. Las primeras presentaciones fueron aun previas al fallo del Tribunal Oral 3, que describió una red política y judicial responsable de desvirtuar los hechos.
Al juez se le imputa haber tenido el expediente, que comenzó en 2000, prácticamente inactivo durante cinco años y haber obstaculizado sistemáticamente el acceso de la Unidad AMIA y la Oficina Anticorrupción a la causa. Se le cuestiona, además, haber eludido avanzar especialmente en relación al ex ministro del Interior Carlos Corach, de quien había sido estrecho colaborador en el gobierno menemista. Las denuncias advierten que cuando se negó a apartarse del caso pese a aquella relación, omitió especificar que había trabajado con Corach en la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría Legal y Técnica. Esta fue una de las razones por las que otro tribunal del alzada, la Cámara del Crimen porteña, resolvió apartarlo de la investigación definitivamente. “Genera serias dudas sobre la corrección de su conducta”, falló, y también giró una denuncia al Consejo.
Las denuncias contra Bonadío tuvieron un trámite fuera de lo común en el Consejo de la Magistratura. Sortearon los filtros habituales destinados a ponderar la gravedad de las denuncias y fueron directamente a la Comisión de Disciplina, que sólo está facultada para proponer sanciones o multas a los jueces, a diferencia de la comisión de Acusación que puede promover la destitución. A mediados de octubre, la presidenta de Acusación, la diputada Marcela Rodríguez (ARI), reclamó su competencia en los expedientes contra este juez federal por el tenor de los Cargos planteados, pero no obtuvo respaldo del plenario.
En la reunión de Disciplina de la semana pasada, Pichetto apareció con un dictamen de 115 páginas que promueve el archivo de las acusaciones contra Bonadío. Intentó que fuera tratado en el momento, pero sus compañeros le pidieron una semana para leerlo. El apuro se debe a que este mes cambiará la composición del cuerpo y ahora tiene algunos apoyos, como el de Jorge Yoma, garantizados. En esta comisión, por lo general, los consejeros no acostumbran a hacer dictámenes en disidencia. Otro rasgo que la diferencia del resto del Consejo, es que sus actuaciones son secretas.
La propuesta de Pichetto, a la que accedió Página/12, concluye que no es “una conducta reprochable” haberle impedido a la Unidad AMIA consultar la causa sobre las irregularidades. Dice que la decisión estuvo “debidamente fundada” por el juez aunque reconoce explícitamente que la Cámara Federal la revocó. Sobre la relación de Bonadío con Corach, lo defiende así: “claramente planteó que su currículum era público y notorio, con lo cual no escondió nada”. Sin embargo, el juez nunca aclaró los puestos que ocupó junto al ex titular de Interior. El dictamen agrega que “Corach no estuvo involucrado en la investigación de la AMIA hasta que el Tribunal Oral 3 introdujo la cuestión en septiembre de 2004”. Eso, dice, fue después de que Bonadío fuera recusado. Sin embargo, el ex funcionario figura en el expediente desde un principio. Pichetto afirma, por último, que “no se advierte” que Bonadío haya “retardado el accionar judicial”.
La primera vez que Bonadío llamó a indagatorias fue a comienzos de este año. Allí convocó al ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, a varios agentes, al ex juez Juan José Galeano y a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. Sin embargo, hizo coincidir la mayoría de las citaciones con el juicio político contra Galeano, lo que impidió que declararan ante el jury de enjuiciamiento como testigos, con el argumento de que podría autoincriminarse. Después, cuando entró en evaluación la conducta del propio Bonadío, las citaciones quedaron suspendidas y la investigación quedó casi paralizada.
La Comisión de Disciplina la integran, además de los kirchneristas Pichetto y Yoma, el radical Carlos Prades, el salteño renovador Ricardo Gómez Diez, el abogado Lino Palacio, el académico Juan Gemignani y los jueces Claudio Kiper, Victoria Pérez Tognola y Abel Cornejo. Lo que voten pasará luego por el por el plenario de consejeros, que tendría su última reunión el 15 de este mes.
Consultado por este diario, Rúa dijo que “el Consejo de la Magistratura no está advirtiendo la real dimensión de las denuncias contra el juez Bonadío, que compartimos también con la Oficina Anticorrupción, Memoria Activa, el CELS y el Cegil. Por empezar, el expediente siempre debió estar en Acusación, no en Disciplina”. Las organizaciones y organismos que el funcionario menciona son los que lograron, con una demanda ante la CIDH, que la Argentina reconociera su responsabilidad en el encubrimiento del atentado y se comprometiera pública y formalmente a investigar y a sancionar a los responsables.
“Me sorprende que una iniciativa como la de Pichetto va en contra de lo que el presidente (Néstor) Kirchner firmó en un decreto y ante la CIDH, comprometiéndose a sancionar a todo aquel que haya tenido que ver con las maniobras de encubrimiento”, dijo Diana Malamud, de Memoria Activa, a Página/12. “Bonadío tuvo parada la causa durante más de cuatro años y merece ser juzgado. Si eso no es una maniobra dilatoria ¿cómo se llama? –advirtió–. Archivar las denuncias no tiene consonancia con la política presidencial.”