El ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry podría verse obligado a rendir cuentas ante la Justicia argentina por el asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurridos en Buenos Aires en 1976. El pedido de que sea citado a indagatoria lo hará la abogada querellante Hebe Martínez Burlé, según ella misma le adelantó ayer al juez Daniel Rafecas en una visita que realizó a Buenos Aires para interiorizarse del avance de la investigación de ese crimen. Acompañada por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, Martínez Burlé también se reunió con ese propósito con el juez Guillermo Montenegro.

Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron secuestrados el 18 de mayo de 1976 y sus cuerpos aparecieron dos días más tarde junto con los de los militantes tupamaros William Whitelaw y Rosario Barredo. Rafecas investiga el asesinato en el marco de la causa del Primer Cuerpo de Ejército, mientras que Montenegro tiene intervención por tener en sus manos el expediente sobre el Plan Cóndor, como se denominó el operativo represivo implementado de manera coordinada por las dictaduras latinoamericanas.

Martínez Burlé representa a los familiares de Michelini y Gutiérrez Ruiz. En Buenos Aires se interiorizó del estado de ambas causas y también acordó con los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos la recopilación de información en Uruguay que pueda ser de utilidad para el avance de las investigaciones.

La abogada le anticipó a Rafecas su intención de solicitar la indagatoria de Bordaberry y también de Juan Carlos Blanco, quien fue su canciller. Ambos están acusados como responsables intelectuales de los crímenes de Michelini y Gutiérrez Ruiz y ya fueron indagados en Uruguay en el marco de las causas judiciales que allí se tramitan. Sin embargo, las investigaciones en ese país no han avanzado demasiado.

Para indagar a Bordaberry y Blanco en Buenos Aires, habría que pedir su extradición y Montevideo debería concederla. Rafecas le explicó a Martínez Burlé que aún debe profundizar la investigación y la abogada se fue de su despacho con la impresión de que, llegado el momento, resolverá su solicitud en función de las pruebas que pueda aportarle para fundamentarlo.

A principios de este mismo mes fue Montenegro quien pidió a Uruguay la extradición de siete militares involucrados en el asesinato de María Claudia García Irureta Goyena, la nuera del poeta Juan Gelman, en agosto de 1976. Como el de Michelini y Gutiérrez Ruiz, ese crimen también se cometió en el marco del Plan Cóndor. Martínez Burlé le comentó a Montenegro que es posible que las extradiciones sean concedidas dado que Montevideo aceptó en su momento entregar a represores reclamados por Chile.