EL PAíS › LOS EX FUNCIONARIOS DE IRAN APELARON SU CAPTURA EN LA CAUSA AMIA

Defensa argentina para los iraníes

Una defensora oficial porteña, que representa a los nueve acusados por el juez Canicoba Corral, objetó que el ataque a la mutual judía se considere como un crimen de lesa humanidad. El gobierno de Teherán analiza nombrarles un abogado propio.

 Por Raúl Kollmann

La defensora oficial Perla Martínez de Buck, designada para representar a los ocho iraníes y al libanés imputados en la causa AMIA, apeló ayer las órdenes de captura y cuestionó que se haya declarado el ataque contra la mutual judía como un crimen de lesa humanidad. El argumento de la defensora es que en el momento del atentado no existía en las normas argentinas el tipo penal de crimen de lesa humanidad, por lo que no se puede aplicar en forma retroactiva. Martínez de Buck fue notificada ayer mismo que debía asumir la defensa de los acusados en la causa AMIA, pero el martes próximo el gobierno de Teherán decidirá si finalmente designa un abogado para que intervenga ante la Justicia argentina. El letrado sería Juan Martín Cerolini. Ayer, el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, firmó una declaración contra el denominado Congreso sobre el Holocausto que se desarrolló en Teherán.

Como se sabe, el juez Rodolfo Canicoba Corral firmó el 9 de noviembre pasado las órdenes de captura contra altos dirigentes de Irán, incluyendo un ex presidente, un ex ministro de Relaciones Exteriores, un ex ministro de Información, el que fuera embajador de Irán en la Argentina; el ex agregado cultural en Buenos Aires y un cuadro militar de Hezbolá, la organización libanesa proiraní a la que los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos le adjudican la autoría material del ataque. En esa misma resolución, Canicoba declaró el atentado como un crimen de lesa humanidad, asimilando el ataque a un genocidio. Como adelantó este diario, el juez tenía la decisión tomada de designar un defensor oficial para que represente a los iraníes y al libanés en el proceso judicial, con lo que se produce una paradoja: el Estado argentino defiende al iraní en la causa AMIA.

La designación recayó en Martínez de Buck, quien fue defensora oficial de María Julia Alsogaray. Los defensores oficiales ya tuvieron una actuación notoria en el caso AMIA, en el que defendieron a los policías acusados como cómplices y, como es conocido, los imputados resultaron absueltos. Fueron elogiados por casi todos los que participaron del juicio.

Martínez de Buck recibió ayer la notificación de que debía intervenir y presentó ante el juez un recurso contra las órdenes de captura y contra la declaración de crimen de lesa humanidad. Es probable que Canicoba Corral rechace los planteos, pero entonces tendrán que resolver los jueces de la Cámara del Crimen que fueron elegidos para constituir el tribunal de segunda instancia en el caso AMIA. De todos modos, ese proceso tardará, y mientras tanto, no habrá novedades porque los iraníes y el libanés –según dicen– están a buen resguardo en Irán y es difícil que los detengan.

Esta semana, la Corte Suprema se expidió sobre un pedido para que el atentado contra la Embajada de Israel sea declarado delito imprescriptible. El planteo lo hizo el abogado Ignacio Irurzun en nombre de Carlos Susevich, padre de una joven que murió en el atentado. La Corte no se expidió sobre el carácter de crimen de lesa humanidad del ataque, pero en el escrito deslizó esta frase: “Con las constancias de autos no se puede descartar que sea un delito imprescriptible”. Así, los ministros dejaron una puerta abierta pero evitaron un pronunciamiento categórico ya que, por ejemplo, los llevaría a tener que sentar posición sobre otros atentados, inclusive los cometidos por organizaciones guerrilleras argentinas antes y durante la dictadura. Definir en qué caso hay terrorismo y crimen de lesa humanidad no será fácil.

Por lo pronto, la mayor novedad podría producirse el martes. Ese día el gobierno de Teherán definiría si designa un abogado para que represente a sus funcionarios en la causa AMIA, lo cual implica una decisión política de importancia. Se sabe que hay un sector del gobierno de Irán que rechaza de plano las imputaciones y cree que no hay que sentarse de ninguna manera en el banquillo de los acusados. Otros sostienen que la acusación es muy endeble y que conviene desbaratarla participando directamente de la causa. En esta última línea, las conversaciones con Cerolini están muy avanzadas y la definición se produciría en la semana que empieza el lunes.

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Ocho iraníes y un libanés tienen pedido de captura de Canicoba Corral por el atentado a la AMIA.
 
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