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Detrás del rastro de los autos diplomáticos

El juez Brugo ordenó retirar las computadoras de Franquicias de la Cancillería y solicitó la nómina del personal involucrado. Habría un caso en que ni siquiera intervino un diplomático.

El juez en lo penal económico Jorge Brugo dispuso ayer nuevas medidas en la causa que investiga las supuestas irregularidades en la importación de los “superautos” con franquicia diplomática. En las primeras decisiones que tomó desde que reemplazó el viernes pasado al juez Marcelo Aguinsky, Brugo ordenó a la Policía Federal que retire de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores tres computadoras del Departamento de Franquicias –de donde partían las autorizaciones para importar los vehículos a nombre de embajadores y diplomáticos extranjeros– y solicitó “con carácter urgente en un plazo que no exceda los cinco días”, se le entregue “un organigrama completo” de las “distintas áreas y funcionarios” que entre 2004 y 2007 “intervenían en la concesión de franquicias diplomáticas” en el ámbito de Cancillería. “Total cooperación” prometieron fuentes del ministerio, que aseguraron estar trabajando “con la mayor celeridad posible”.

En su resolución, Brugo también solicitó se le informe “la nómina del personal sumariado o sancionado” con motivo de las irregularidades detectadas a través de una auditoría realizada por la propia Cancillería, a cargo de Jorge Taiana.

Pero eso no fue todo. Con particular interés, el juez pidió información de una franquicia en particular. Se trata de la 17/2006, en la que no se ha detectado el nombre del diplomático que ingresó el vehículo al país ni si goza de inmunidad. “La sospecha es que en esta operación, en la que aparece el nombre de una particular, ni siquiera intervino un diplomático y fue traída de manera directa, lo que agravaría el delito”, explicaron fuentes del juzgado.

Respecto de este caso, desde la Cancillería precisaron a Página/12 que se trata “de un funcionario extranjero de un organismo multilateral”, que el auto comprado en 2006 es un Audi y que, según los registros del ministerio, no consta que se haya hecho el trámite de nacionalización. “En principio, la situación no sería regular”, añadieron.

Brugo también libró oficio al Departamento Delitos Federales de la Policía Federal para que “se constituya en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación” para retirar “las computadoras” identificadas como WS5615, WS5609 y WS5603. Esta decisión va en la misma línea de lo dispuesto por Aguinsky el jueves pasado, cuando visitó la Cancillería y se reunió con el subsecretario de Coordinación y Cooperación Internacional, Rodolfo Ojea Quintana, el auditor interno, Alejandro Peyrou, y el responsable del Departamento de Franquicias, Eduardo Michel. En aquel momento, funcionarios del ministerio le informaron al juez que entre diciembre y enero todas las computadoras habían sido cambiadas. Es por eso que ayer Brugo envió también un oficio a la Cancillería para “solicitarle arbitre los medios necesarios para que se remita a este tribunal” una CPU que estaba en esa sede, pero fue reemplazada y remitida a otro domicilio.

Por su parte, en Cancillería argumentan que una vez que las computadoras solicitadas por Aguinsky –las mismas que ahora pide Brugo– fueron identificadas, puestas bajo custodia y a disposición de la Justicia por el magistrado, fueron trasladadas a otro edificio. Según las fuentes consultadas, probablemente mañana los CPU serán enviados al juzgado correspondiente. Brugo también requirió copias “de los backups del sistema Unix, así como también del sistema Ceremoni y soportes magnéticos con formatos .xls o .txt, correspondientes a los años 2004 al 2007”, los mismos por los que Aguinsky había solicitado información la semana pasada.

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Jorge Brugo está a cargo de la causa desde el viernes pasado.
 
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