Desde Tucumán

Las retenciones a la exportación de productos agropecuarios no sólo se discutió ayer en las comisiones de la Cámara de Diputados. El ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, quien en más de una ocasión funciona como voz desafinada en el coro del Mercosur, planteó que las retenciones eran incompatibles con el bloque y que debían ser debatidas hasta llegar a una postura común en el marco del Código Aduanero que aún se discute. El canciller Jorge Taiana le respondió que las retenciones eran una medida que la Argentina tomaba como una cuestión inherente a su política económica, que era soberana. Fue un cruce en una sesión del Consejo del Mercado Común –que une a cancilleres y ministros de Economía de los países miembros– que por lo demás corrió por los carriles habituales y tuvo su novedad en la resolución que determinó que se podrá circular por todos los países de América del Sur sin necesidad de pasaporte.

Astori es mencionado como seguro candidato presidencial del Frente Amplio, por lo tanto muy posible sucesor de Tabaré Vázquez en la presidencia de Uruguay. Para el Mercosur eso representa un enigma porque Astori ha sido siempre en el gobierno uruguayo quien menos entusiasmado se mostró en el funcionamiento del bloque y el principal impulsor de un tratado de libre comercio entre Uruguay y Estados Unidos. Ayer tiró sobre la mesa el tema de las retenciones. Fue luego de que Paraguay se quejara por el perjuicio que le ocasionaban los cortes de rutas en la Argentina, dado que como país mediterráneo depende de sus vecinos para sacar sus productos por tierra y mar.

El ministro uruguayo aprovechó para hablar de las retenciones. O “derechos de exportación”, como los llamó. Se quejó porque dijo que distorsionaban el funcionamiento económico del bloque al formar un valor irreal de los productos en el país que los aplica, en este caso Argentina. Según Astori, Uruguay se ve perjudicado al tratar de vender su producción en Argentina, porque no puede competir con los precios “achatados” por culpa de las retenciones. Por eso planteó que los “derechos de exportación” son incompatibles con el funcionamiento normal del bloque.

La intervención, obviamente, encrespó los ánimos de la delegación argentina. “Astori habló pensando en Uruguay, fue un discurso para consumo interno”, decía un funcionario que estuvo en el encuentro. Según esta visión, el ministro uruguayo buscó fortalecer su imagen de aspirante presidencial mostrando una posición enfrentada a la Argentina en defensa de los intereses uruguayos.

El canciller brasileño Celso Amorim habló después con una postura intermedia. Brasil tuvo y planea reponer las retenciones a algunos de sus productos como fórmula para contener el alza imparable de alimentos. Sin embargo, resultó perjudicado por la crisis argentina y debió acudir a Estados Unidos y Canadá para satisfacer sus necesidades de trigo que desde aquí no se podía satisfacer. Amorim atendió en parte los planteos de Astori, pero sostuvo que de ninguna manera eso podía detener la sanción del estratégico Código Aduanero, que se intentó sancionar en esta cumbre y ahora prometen para la próxima.

En la delegación argentina aseguraban que de ninguna manera era cierto lo que sostenía Astori, en cuanto a que la insistencia criolla en incluir las retenciones como un derecho soberano de cada país en el Código Aduanero fue lo que impidió su sanción. “No se aprobó por un pedido de Paraguay, que solicitó que se esperara que asumiera su nuevo gobierno para dar el okay”, respondían en la delegación argentina.

Más grato, en cambio, fue el anuncio que corrió por cuenta de Amorim sobre la anulación del uso de pasaporte entre todos los países de América del Sur a excepción de los “anglófilos” Guyana y Surinam. En rigor, entre los países ya se daban muchos casos donde se había exceptuado de esta obligación. Para Argentina, significará agregar a la lista a Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador.

La norma fue interpretada como una respuesta –simbólica porque no había sido pensada con ese sentido– a la siniestra Directiva de Retorno aprobada por la Unión Europea, que establece prisión de hasta 18 meses sin necesidad de juicio a los inmigrantes ilegales.