Y un buen día el juez federal Luis Armella, ex fiscal y conocido como el Virrey de Quilmes, se encontró con mucho poder en sus manos y habría decidido hacer negocios. Página/12 publicó documentos que lo involucran en el otorgamiento de millonarios contratos sin licitación para el saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza a empresas vinculadas con sus familiares y amigos. La atribución de ser la única instancia de revisión judicial de las decisiones de la autoridad de la cuenca le había sido otorgada por la Corte Suprema, organismo que tras la denuncia periodística le ordenó que hiciera un descargo sobre estas sospechas. El magistrado ya cumplió con este mandato, aunque no trascendió si su contenido resultó “preciso y circunstanciado” como se lo solicitaron.

Además, ya están en marcha sendas investigaciones en manos del Ministerio Público y del Consejo de la Magistratura, en el primer caso por su presunta responsabilidad penal en los hechos descriptos en los artículos del periodista Horacio Verbitsky, y en el segundo por el supuesto mal desempeño en que habría incurrido Armella, con su consecuente posible destitución. La presidenta Cristina Kirchner mencionó ayer el caso y advirtió que ese mismo juez tiene parada la obra de la autopista Perón.

El expediente que involucra a Armella ingresó al Consejo el 20 de septiembre. Por su parte, la Comisión de Acusación ya comenzó a recabar pruebas. Entre ellas pediría una copia del descargo de Armella en la Corte y citará al magistrado para tener una versión de primera mano de sus argumentos. También se sumaría lo que pueda aportar el informe que está elaborando la Auditoría General de la Nación.

“Hay pruebas para hacer dulce”, dijo a Página/12 una fuente del Consejo, y afirmó que más allá de la eventual destitución, que podría demandar un largo proceso, es atribución de la Corte designar a otro magistrado para que ejerza el control de las obras de recuperación ambiental del Riachuelo.

Los documentos provenientes de la propia Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) muestran un mismo modus operandi que se repite: el juez intima a la Autoridad, bajo apercibimiento de aplicar sanciones graves, a que realice determinados proyectos y además le fija un plazo. Amparada por esa presión, la Acumar omite el llamado a licitación y las obras terminan siendo otorgadas a empresas cercanas al mismo magistrado que ordenó tales emprendimientos, esto es Armella, con valores de costo que, en algunos casos, llegan a implicar tres veces más que los precios de mercado.

Tras la difusión de estos documentos, la Corte resolvió investigar “los hechos” respecto de Armella, que comprometen “la transparencia en el manejo patrimonial de la cosa pública”. Pero no son los únicos que están tras los pasos del magistrado.