El Subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, Martín I. Plaza, es hijo del último interventor militar en la provincia de Salta durante la dictadura, José Edgardo Plaza, quien condujo el proceso electoral de 1983. Pero antes de llegar a la gobernación de facto, ya en 1976 Plaza padre fue interventor del Instituto Provincial de Seguros, y luego Secretario de Estado de Seguridad Social y Secretario General de la Gobernación. Plaza conoció al ahora ministro Arturo Puricelli en el Organismo Regulador de Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). Lo presidía Rodolfo Barra, Puricelli era su segundo y Plaza el Gerente de Coordinación y Asuntos Legales. La relación de Plaza con Barra fue muy estrecha, organizaron varias actividades y congresos en la Universidad Católica de Salta y en 2008 fueron coeditares del libro Derecho Administrativo de Salta. Plaza llegó a ese cargo, cuando desde la presidencia se objetó al primer candidato de Puricelli, el licenciado Fabián Lavallén Ranea, prosecretario académico de la carrera de relaciones internacionales de la Universidad del Salvador, porque su padre, el oficial del Ejército Heriberto Lavallén, fue procesado en Rosario en la causa contra el general Ramón Díaz Bessone por la privación ilegal de la libertad, la desaparición forzada y/o el homicidio de veinte personas. Lavallén explicó que repudiaba los actos de su padre, con quien no tiene diálogo, y fue contratado como asesor. Desde la Secretaría, Plaza propuso “actualizar” en la nueva Directiva Estratégica Militar que está en elaboración, las misiones de las Fuerzas Armadas de modo de enfrentar las nuevas amenazas identificadas en el capítulo de diagnóstico del escenario global y regional. En el mismo sentido apuntan las propuestas de la Directora Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, Lourdes Puente Olivera, una egresada de la Universidad Católica y con un posgrado en el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa, que llegó al cargo como Personal Civil de Inteligencia de la Armada. Según Puente Olivera, debe fortalecerse el sistema de Inteligencia para la Defensa, a fin de “alertar, anticipar y prever posibles riesgos, amenazas y oportunidades para el interés nacional” y contribuir a la “construcción de escenarios para la toma de decisiones estratégicas para la Defensa”. Esto excede las atribuciones de una dirección que debe limitarse a proveer la Inteligencia estratégica militar para que otras instancia superiores se encarguen del planeamiento. La referencia a riesgos, amenazas y oportunidades remite a la discrecionalidad con que la Inteligencia militar se manejó en el pasado y que, por esta vía, pugna por reaparecer. En otro documento, Lourdes se refirió a “nuevas tendencias en la caracterización del ámbito regional desde la defensa y la seguridad”, mencionadas en forma indistinta. “Se insinúa la tendencia a un mayor involucramiento del instrumento militar en cuestiones de seguridad pública”, agrega. A su juicio, la nueva Directiva Estratégica Militar debe prever “un marco legal que en función de los escenarios futuros legisle” el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas “con organismos de seguridad”. Sostiene que esta actividad “interagencial” es precisa en caso de “amenazas transnacionales o amenazas no militares”, es decir las tareas que Estados Unidos postula para las Fuerzas Armadas de nuestros países y que la legislación argentina rechaza. Un asesor de Lourdes Puente Olivera es el columnista de Clarín Juan Battaleme, profesor del think tank liberal UADE-Ucema, quien hace dos semanas publicó un artículo en ese diario donde cuestiona la naturaleza “cerrada y refractaria de Unasur” y en cambio alaba la naturaleza “abierta y flexible” de la Alianza del Pacífico compuesta por Chile, Colombia, México y Perú, países “que comprenden que comercio exterior y seguridad internacional están unidos” y por eso “sirven de puerto para unidades de la IV Flota de los Estados Unidos”. Lo que no dice, pero los selectos lectores que a Battaleme le interesan no lo ignoran, es que durante la gestión en Defensa de Nilda Garré, la Argentina se negó incluso a designar un enlace ante la IV Flota, con sede en la base de Mayport.