En su libro Hacer la Corte (1993) el periodista Horacio Verbitsky describe un agasajo al segundo de Eduardo Bauzá en la Secretaría de la Presidencia, Félix Borgonovo, en el Regimiento Granaderos a Caballo, donde “un hombretón jovial, sanguíneo y buen bebedor agarró la guitarra, cantó y contó chistes. Cuando comenzó con las alusiones antisemitas, las risas se apagaron”. Borgonovo preguntó quién era. “Es Riggi, uno de los candidatos que ustedes nos quieren meter en la Cámara de Casación”, cuenta Verbitsky que respondió el subsecretario de Justicia Daniel Castruccio.

Las impugnaciones lo mostraban cercano el ex ministro Rodolfo Barra, quien tuvo que dejar la cartera de Justicia en 1996 por denuncias de adhesión a una agrupación de extrema derecha y antisemita, y que este año reinstaló su capacidad de influencia en nombramientos como jurado en el concurso para jueces del fuero contencioso administrativo, clave en causas contra el Estado.

Riggi es uno de los integrantes originales que siguen en Casación. Dos semanas atrás se lo vio eufórico, al enterarse de que el juez Luis Rodríguez (designado con aval de Barra en 1994) lo desvinculó de la causa por presuntos sobornos para salvar a José Pedraza y la patota acusada de matar a Mariano Ferreyra, a pesar de que detectó que tenía contacto con un agente de la SIDE, viejo conocido en Casación que ofició de intermediario. Pero en el Consejo de la Magistratura tiene un pedido de juicio político del Centro de Estudios Legales y Sociales. En la causa fueron procesados dos ex secretarios suyos: Octavio Aráoz de Lamadrid y el prosecretario Luis Ameghino Escobar.

Otros de los primeros jueces que continúan en Casación son David –casi el único que llegó con antecedentes– Catucci, Raúl Madueño, juez en la última dictadura, y Gustavo Hornos. En los últimos años desfilaron, pero ya no están, algunos controvertidos subrogantes como Guillermo Yacobucci, quien solía escribir en la revista Cabildo, el house organ de la dictadura, quien junto con Luis García firmó en 2008 la libertad de Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta, que luego no se concretó. A la dupla de sumó Madueño en la resolución que ordenó a Marcela y Felipe Noble Herrera la extracción compulsiva de material genético para conocer su identidad, pero acotó el cotejo de ADN a un grupo de familias de desaparecidos. También fueron suplentes en Casación Mariano González Palazzo, mencionado en las escuchas que relevaron sobornos ligados a Pedraza, y Augusto Diez Ojeda, denunciado por beneficiar con un curios sobreseimiento a su concuñado y a otra decena de implicados en la privatización del espectro radioléctrico.