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La derogación del decreto que rechaza todo pedido de extradición podría provocar reclamos de otros países que iniciaron juicios contra los militares de la última dictadura. Francia fue el primero en juzgar en ausencia al represor Alfredo Astiz y desde 1990 pide la entrega del ex marino, condenado por la desaparición de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet. El mismo Astiz, que se mantiene impune salvo por una pena menor por hablar de más, fue detenido a pedido de un juez italiano y otro sueco. Pero fue liberado y sus eventuales extradiciones paradas. El represor Jorge Olivera logró escaparse de Italia y no ir a prisión en Francia falsificando un documento. Pero en París todavía quieren que responda por el asesinato de la joven Marie Anne Erize. En la Justicia argentina aún sigue adelante un pedido de extraditar a Alemania a los represores Juan Bautista Sasiaiñ y Pedro Durán Sáenz. Italia, además de Astiz, podría reclamar al grupo de prefectos responsable del asesinato de Martino Mastinu. Estos procesos están basados en la nacionalidad de las víctimas. Baltasar Garzón, en cambio, invoca el principio de justicia universal para juzgar el genocidio.