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- Margarita Groper (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora): “Cuando mandaron al represor Cavallo a España estábamos muy contentas de que se lo juzgara afuera. El tema es que mientras no se anulen las leyes de Punto Final y Obediencia Debida no tenemos la seguridad de que se los pueda juzgar acá, que es lo que nosotras queremos. En tanto no se anulen estamos de acuerdo con que se los juzgue donde sea”.
- Estela Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo): “No hay duda de que la justicia tiene que estar en nuestro país. Si no hubiesen existido las leyes de impunidad ya hubiéramos tenido la justicia que debemos tener. Pero existieron y por eso tuvimos que ir a buscar justicia afuera. Para el resto del mundo los represores son tratados como criminales que han cometido delitos. Aquí, según quedó demostrado luego del Juicio a las Juntas, los dictadores fueron llevados a cárceles de lujo, donde podían recibir a sus familiares y hasta salir a dar un paseo. La esencia corporativa de las Fuerzas Armadas provoca, evidentemente, que la Justicia actúe en consecuencia. A pesar de esto, insisto en que deben ser juzgados y encarcelados aquí cumpliendo con todos los pasos jurídicos debidos”.
- Hebe de Bonafini (Madres de Plaza de Mayo): “Considero que hubiera sido mejor que juzguen a los asesinos de la dictadura en nuestro país pero en su debido momento. De esa manera, hubiéramos podido disfrutar de ver juzgados y presos a los genocidas. Sin embargo, como aquí no se logró juzgarlos debido a la complicidad de los políticos, está bien que lo hagan afuera. El tema es que se los condene: de cualquier manera y en cualquier lugar. Aquí debería haber sido en aquel momento, ahora hay cosas muy importantes de que ocuparse en nuestro país”.
- Mabel Gutiérrez (Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas): “Siempre dijimos que los juicios deben realizarse en el país donde se cometieron los delitos. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dejan como única solución que los represores sean juzgados afuera. Es interesante que cuando comienzan los juicios en España, aquí se presentan nuevas causas que por ahora están esperando ser tratadas en la Corte. La anulación del decreto es correcta, ya que ese decreto es un mamarracho que va en contra de las leyes de extradición. De hecho fue el segundo punto que le pedimos a Kirchner cuando nos reunimos en Casa de Gobierno. El primero fue la anulación de las leyes de impunidad”.
- Patricia Walsh (diputada nacional Izquierda Unida): “Estoy a favor de la posibilidad de que los represores sean juzgados en el exterior. Siempre sostuvimos que los delitos cometidos por los genocidas son de lesa humanidad y en tanto afectan la dignidad de cualquier persona en cualquier lugar del planeta, pueden ser juzgados en cualquier país del mundo. Por otra parte, yo también presenté en el Congreso el proyecto parlamentario para la anulación insalvable de las leyes de impunidad. Prefiero que a los represores se los juzgue aquí, ya que esto lograría no sólo que estén presos sino que recuperemos en nuestro país la capacidad de impartir justicia. Pero aquí la impunidad está instalada”.
- Jorge Rivas (diputado nacional Partido Socialista): “Creo que lo principal es que los represores sean juzgados, independientemente del lugar. Lo óptimo sería que fuera en la Argentina. No nos causa agrado ver que son jueces de otros países los que juzgan algo que debería ser juzgado aquí. Lo que habilita la derogación del decreto es que puedan ser procesados y condenados en aquellos lugares donde los juicios estén avanzando. Esto nos permite retomar cierta dignidad republicana, poniéndonos a tono con los tratados internacionales de rango constitucional. Ante la imposibilidad del juicio en la Argentina por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, es razonable que los procesos se den en otros lugares del mundo. En nuestro país la Justicia federal se caracteriza por seguir una línea de obsecuencia con el poder de turno. En este caso Kirchner está dando muestras de querer modificar esa lógica”.
- Alicia Pierini (ex subsecretaria de Derechos Humanos): “El decreto lo único que hace es darle una indicación al Ministerio de Relaciones Exteriores. Si no existiera el decreto, el trámite iría directamente a los juzgados. La aplicación se rige por las convenciones y pactos bilaterales. Con respecto a la anulación del decreto, creo que es un filtro menos. Es mejor que resuelvan los jueces. En relación al juzgamiento de los militares en el exterior, yo prefiero que se haga todo dentro de nuestro país, no vaya a ser cosa de que mañana venga un juez iraní y pretenda juzgarlos con sus propias leyes. Yo creo que hay posibilidades de juzgarlos en el país. Las leyes de obediencia debida y punto final están derogadas y hay varios casos en que los jueces de tribunales inferiores han dictado la inconstitucionalidad y han seguido adelante”.