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La carrera en leyes de la jueza Emilia Martha García constituye un ejemplo acabado de lo que fue la vida institucional argentina. Desde que comenzó a trabajar junto a los Grupos de Tareas armados por la dictadura, el suyo en la ESMA, hasta la clausura del campo clandestino como sede militar y la habilitación jurisdiccional plena de la Corte Suprema de Justicia para investigar y sancionar. La impunidad que debía terminar con la ruptura dictatorial del ’83 no se desterró y mutó enquistando a asesinos y ladrones con uniforme y, sin ellos, a las jerarquías del Estado capaces de garantizar en el tiempo impunidad. Hecha la detallada faena sobre los torturados cuerpos y afanadas, todas, todas las pertenencias-bienes de los secuestrados-desaparecidos, el poder obtenido sirvió para negociar ante el nuevo poder político –en este caso– la incorporación a la judicatura de la eficaz profesional.
García estrenó su matrícula de notaria y abogada participando activamente desde 1977 en la asociación ilícita que formó el dictador Massera desde la jefatura de la Armada.
El intenso “compromiso profesional” de García hizo que viajara con su esposo en mayo del ’77 a Mendoza en patota, con el Tigre Acosta, el capitán Astiz, el feroz asesino y buitre Rádice, el Duque William Whamond, y otros –mi padre, el doctor Conrado Gómez, apoderado y accionista de Cerro Largo SA, yacía sometido en la ESMA desde enero– a la fiesta de inauguración de la inmobiliaria creada para vender las 26 hectáreas del loteo de Chacras de Coria. Luego trabajó hasta 1981 hasta ascender en la jerarquía societaria creada para el despojo. Siendo síndico suplente, titular, y finalmente accionista con poder general sobre la empresa, para entregársela en mano tras sucesivos nombres fantasma al guante blanco y sangriento de la familia Massera.
“Personas muy correctas que jamás le produjeron desconfianza alguna”, afirmó en su descargo judicial en 1984 la señora, cuando le preguntaron sobre los represores navales Jorge Rádice y Francis William Whamond, con quienes trabajó varios años. Otra admisión de mérito acumuló la imputada en 2001 ante el Consejo de la Magistratura, en el que volvió a admitir su tarea: “En todo ese tiempo jamás percibí un centavo y lo hice como practicante para aprender el oficio”.
Esta notaria devenida en jueza de la democracia en 1984 intentó una nueva técnica defensiva ante el Jury del Consejo: llorar. Intentó desligarse de sus delitos apelando a su hermana abandonada del amor de Acosta –la misma que interrogaba y mandaba a los prisioneros en el campo clandestino, tal una torturadora– que la sostenía de los hombros en el show, argumentando que había recordado tras treinta años que su actividad había sido para protegerla a ella, habitante ambulante de la ESMA. Por su probada participación en el obrar criminoso, el juez Claudio Bonadío pidió su remoción al Consejo para ser indagada, hace cuatro años, en tanto el juez Sergio Torres ha optado por no citarla a comparecer hasta tanto el Consejo de la Magistratura no resuelva su destitución/situación. La Cámara Federal en 2001 sentenció en la causa Conrado Gómez “que la escribanía Sosa Moliné/García era un apéndice de la ESMA con fines notariales”. Es sano que la doctora García llore en público en el marco del funcionamiento institucional y no en un campo de concentración sin derecho a defensa alguno. Algún día todos seremos iguales ante la ley, muy a pesar suyo. Sí, con García sin toga ni tongo mediante, será justicia.

* Periodista, querellante de la causa Astiz. Hoy declara ante el Consejo de la Magistratura.