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Mientras el país ardía, el hombre de confianza del diputado Miguel Angel Toma, Armando Franchi, comandó la recuperación del ministerio del Interior y ordenó pagar casi un millón de pesos a un grupo de empleados a los que dispuso ascender de categoría en forma retroactiva a 1994. La resolución fue firmada el 27 de diciembre, a pocas horas de asumir Franchi como secretario de coordinación del ministerio. Quienes se quejaban de la lentitud del gobierno anterior pueden darse por contentos. Ningún trámite administrativo tan complejo, que incluye el análisis de un centenar de resoluciones y legajos y la realización de múltiples cálculos económicos para determinar los montos de cada retroactividad, había llegado a buen fin en tan corto plazo. Si semejante eficiencia se generalizara a toda la administración pública se salvaría el país, y no sólo un pequeño grupo de asaltantes del poder y saqueadores del erario público.
Franchi encomendó una tarea urgente y confidencial: limpiar los sumarios administrativos instruidos contra quienes ocuparon las más altas funciones en el ministerio bajo la conducción de los compañeros José Luis Manzano y Carlos Rückauf. El argumento fue que se trataba de una "persecución política". Se comprende la preocupación: entre los afectados están el flamante canciller Rückauf y el secretario de asuntos militares del ministerio de Defensa, Fernando Maurette, quien fue Secretario de Coordinación de Interior. Entre las penas figura la de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La resolución de recategorización y pagos retroactivos fue la sexta que Franchi firmó como secretario de Coordinación del flamante ministro Rodolfo Gabrielli y por eso lleva el número 0006. Tiene fecha del 27 de diciembre, pero el expediente remitido el 29 de diciembre para que el Banco Sudameris efectuara el pago, lleva el número 111111, como corresponde a su alta prioridad. La suma exacta fue de 842.737 pesos. Aunque los montos que percibió cada agente superaban con amplitud el mínimo no imponible, a ninguno se le descontó el impuesto a las ganancias.
Cuando el radical Federico Storani se hizo cargo de Interior una auditoría puso en evidencia que Rückauf había abandonado el ministerio por la vicepresidencia sin rendir los gastos de administración. Faltaba la mayoría de los documentos respaldaratorios y no había elementos para reconstruir ninguno de los actos administrativos en los que se gastó el dinero. A pedido del fiscal Gerardo Di Masi, la Sindicatura General de la Nación estimó que se había producido un perjuicio fiscal "de significativa importancia económica" y lo estimó en 6,2 millones de dólares. La entrega del dinero se autorizaba mediante un simple memorándum, sin la orden de pago correspondiente ni explicaciones sobre el uso que se le daría.
Así se eliminaban los controles previos. Para colmo, el mismo Maurette firmaba el memorándum de autorización, recibía el dinero y firmaba el recibo. Hay memos de autorización que no calzan con gasto alguno. Muchos pagos corresponden a contratos de locación de servicios. Pero no aparecieron los contratos, la certificación de los servicios prestados ni la factura del contratado. Por gastos protocolares de Rückauf y sus principales colaboradores, se retiraban 104.000 pesos por mes, sin documentación que certificara "la integridad, validez y exactitud del pago". Los pagos a proveedores no incluyen constancia del pedido de compra de bienes o contratación del servicio. Tampoco constan las autorizaciones del gasto ni las órdenes de compra, los contratos o convenios, la recepción de los bienes o la prestación de los servicios por los que se pagó y la factura del proveedor.
Además de Rückauf y Maurette los funcionarios implicados en los sumarios que ahora el lugarteniente de Toma ordenó limpiar son el ex Director de Programación y Control Presupuestario, Carlos María Llaurado y el ex Subdirector General de Administración, Roberto Srour. Ambos volvieron en triunfo con Franchi: Llaurado como jefe de asesores, Srour como director de administración. El ex interventor en la Dirección de Sumarios del Ministerio, Torcuato Alfredo Sozio, quien fue subsecretario de Trabajo de Antonio Cafiero en Buenos Aires, llegó a comunicar lo actuado al Fiscal de Control Administrativo de la Corrupción, José Massoni. Su informe dice que los hechos investigados podrían constituir los delitos de fraude a la administración pública, malversación de caudales y falsificación de documentos.
Armando Franchi fue el abogado defensor del ex director del Banco Nación, Alfredo Aldaco, en la causa por el contrato con IBM, hasta que su cliente admitió en un reportaje que no era inocente. Por romper los códigos se quedó sin defensor. En setiembre de 1999, cuando el gobierno menemista agonizaba, Franchi constituyó junto con el montonero de negocios Rodolfo Galimberti, el abogado defensor de Menem Oscar Salvi y el mayor retirado del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército David Oscar Seri, la empresa de inteligencia y seguridad Universal Control. Dos meses después un acta notarial publicada por el semanario Noticias reveló que ese directorio aborigen dependía de un grupo de accionistas, todos ellos ex funcionarios de alto grado en las agencias estadounidenses de inteligencia CIA o DIA: Arthur Donahue, John Monnet, el coronel Robert Olson, David Manners, James Smith, Frank Anderson y John Allen. Universal Control contrató con el misterioso fondo Exxel Group, del ex citibanker Juan Navarro, la custodia en Ezeiza de las empresas cuya propiedad se atribuía a Alfredo Yabrán.