La Corte Suprema de Justicia citó ayer a representantes del gobierno nacional, el bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que informen sobre las medidas tomadas respecto de la contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo. Durante la audiencia pública que se realizará el próximo 20 de febrero, los magistrados pedirán detalles de “las medidas de toda naturaleza adoptadas y cumplidas hasta la fecha en materia de prevención, de recomposición y de auditoría ambiental”, en base al plan de saneamiento presentado el 20 de junio del año pasado. Esta decisión, tomada en el primer acuerdo de los Supremos luego del receso de verano, busca impulsar la causa judicial iniciada por vecinos del lugar, donde se calcula residen casi cinco millones de personas, ya que la cuenca abarca parte de la Capital Federal y trece partidos bonaerenses. Además, el máximo tribunal preguntará sobre evaluaciones de impacto ambiental de las empresas demandadas, 44 en total, y sobre acciones que se estén realizando para la atención de la salud y la prevención de enfermedades entre los pobladores del lugar.