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1 Implementar las obras proyectadas en el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad, que contempla no solamente “obras duras” (canales aliviadores para el Maldonado, por ejemplo) sino también “obras blandas” (compatibilización del Código de Planeamiento con las áreas de riesgo hídrico de la ciudad). Las obras proyectadas (solo para el Maldonado) requieren una inversión de 130 millones de dólares (aprobado por préstamo del Banco Mundial). Las obras demandarían no menos de 5 años y un máximo de 7.

2 Movilidad para todos. En primer lugar, se trata de priorizar el transporte público y ampliar las competencias de la Ciudad en los modos autotransporte (colectivos) y trenes metropolitanos, incluyendo los subtes. En segundo lugar, continuar y acelerar el programa de ampliación de la red de subterráneos de Buenos Aires, colocando a este modo, junto al ferroviario, como centro de la estrategia de rediseño de la red de transporte metropolitano de Buenos Aires. Para ello se requiere acelerar el ritmo de inversión, mediante un shock de inversión en subtes. Es decisivo terminar velozmente el trazado completo de la línea H, y encarar las líneas F, G e I. También sería necesario prolongar la línea D hasta La Boca (por Paseo Colón-Alte. Brown).

En tercer lugar, es necesario articular el automóvil particular con el transporte público, generando grandes playas de estacionamiento y transferencia en las cabeceras de las líneas de subtes.

También es necesario generar mejorar sustanciales en la articulación y complementación de los modos subte-ferrocarril-colectivo. Los tranvías no se adaptan en cualquier lugar de la ciudad, estarían bien como complemento del subte hacia los bordes de la ciudad. Otra obra prioritaria es la Autopista Ribereña.

3 Buenos Aires sigue siendo una ciudad sucia. El problema exige el doble camino de medidas de gobierno y conciencia ciudadana. Hay que trabajar en separación de los distintos tipos de residuos garantizando infraestructura que lo permita, y revisión del contrato de recolección de residuos y cambio del organigrama.

4 Incorporar a los cartoneros como actores formales del proceso de recolección de residuos. Esto implica cooperativizarlos y articularlos con la empresa estatal en el área. Supone también evitar situaciones caóticas promoviendo el agrupamiento o la instalación de plantas donde los cartoneros puedan desarrollar su tarea, garantizando fiscalización que impida la conformación de mafias y la explotación por parte de las empresas. Además, formalización laboral y contención de la problemática de la población juvenil e infantil que participa de estas tareas.

5 La ciudad de Buenos Aires cuenta con organismos e instrumentos aptos para adquirir y vender inmuebles y desarrollar emprendimientos residenciales y productivos en los inmuebles de dominio privado del GCBA, muchos de ellos subutilizados o expuestos al uso discrecional de los políticos de turno. Sólo la Corporación Buenos Aires Sur podría disponer a través de la administración fiduciaria, de un conjunto de inmuebles públicos localizados en el sur cuya superficie construible supera los 900.000 metros cuadrados, es decir el equivalente a 18.000 viviendas de 2 dormitorios, dando solución habitacional a más de 70.000 personas. Por su parte, el Instituto de la Vivienda de la ciudad también puede constituir “bancos de tierra” públicos para intervenir en el mercado inmobiliario, comprando y asignando socialmente terrenos o viviendas según las necesidades. Si se destinara alrededor del 6 por ciento anual del presupuesto de la ciudad, con políticas adecuadas, en 4 años podría resolverse al menos el déficit habitacional de la población en villas.

6 Hay que consensuar criterios y prioridades en el ordenamiento de los usos del suelo y la edificabilidad de las parcelas con las futuras autoridades comunales y el conjunto de los actores y organizaciones barriales previo a la actualización de los instrumentos urbanísticos y de planificación urbana (Código, Planes).

Además, vamos a promover la rehabilitación edilicia y urbana a fin de recuperar y valorizar áreas urbanas de alto valor patrimonial, evitando la demolición indiscriminada de valiosos edificios y sectores urbanos que conforman la identidad barrial. También hay que distribuir equitativamente la inversión de las obras públicas entre todas las comunas conforme con criterios y prioridades acordadas en cada una de ellas.

7 Es imprescindible evitar que Buenos Aires replique las situaciones de drogadicción, violencia y muerte que viven las favelas de Río de Janeiro y San Pablo. En este sentido las políticas de reconstrucción del tejido social –en materia de empleo, vivienda, educación y salud– junto con el combate a la corrupción policial y la conformación de una nueva policía, son las claves para una política de seguridad integral. La jurisdicción sobre el delito debe estar en manos de la Ciudad. Respecto del traspaso y la reforma policial, proponemos un proceso de transición donde se constituya un fondo fiduciario en el que la Nación deposite el dinero que hoy sostiene a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana y sobre el cual la Ciudad realice aportes adicionales.

8 Impulsamos una política de desarme de la población civil, garantizando el “monopolio estatal de la violencia”; regulación y coordinación pública de la seguridad privada y la conformación de un mapa del delito que identifique áreas conflictivas para impulsar políticas de prevención.

9 Básicamente, recuperar una ciudad para todos, promoviendo un fuerte debate en torno de un modelo de ciudad deseable, que se exprese en un modelo de territorio y sociedad productiva, incluyente y solidaria. La idea es recuperar a la ciudad como un espacio de trabajo y de producción de calidad, que potencie y valorice la creatividad, capacidad e inteligencia de los porteños, que son el principal recurso que tiene la ciudad para su desarrollo. En esa dirección, tenemos tres iniciativas centrales: asignación universal para todos los pibes, como modo de erradicar ya la pobreza; presupuesto participativo para organizar la participación de la comunidad en la asignación de los recursos públicos, y promover la conformación de Sistemas Económicos y Productivos barriales.