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Uno de los acusados tenía que haber estado en su celda de la cárcel de Caseros en la noche del asalto; otro es un guardiacárcel, de los que lo habrían dejado salir para robar y le habrían suministrado las armas. Ambos serán juzgados a partir de hoy, en el juicio oral y público por el asalto al restaurante Dolli, en 1998, donde fue asesinado un policía. Otro de los supuestos autores apareció ahorcado en su celda de Caseros. Un preso que iba a denunciar la complicidad de miembros del Servicio Penitenciario fue baleado por la espalda en un “intento de fuga”. Otros dos acusados sobreviven y serán juzgados a partir de hoy. Dos magistrados que intervinieron en la causa fueron amenazados de muerte. Para el juicio se ha montado un gigantesco dispositivo de seguridad, con participación de la Gendarmería.
El 18 de julio de 1988, tres hombres armados asaltaron el restaurante Dolli, en Figueroa Alcorta y Tagle (posteriormente su propietaria, Dolly Yrigoyen, decidió cerrar el establecimiento, que ya había sido asaltado otras veces). El cabo de la Policía Federal Rubén Juárez, que trabajaba allí como custodio, intentó resistir, fue muerto a quemarropa y los asaltantes huyeron sin robar. Testigos reconocieron a uno de ellos como Alejandro Heber Núñez. Pero el juez Alberto Baños, a cargo de la instrucción, descubrió que el sospechoso debía estar preso en la cárcel de Caseros (posteriormente desactivada).
El juez Baños allanó personalmente esa unidad penal. Ocultas en el piso 18 se encontraron armas, lo cual sustentó la sospecha de que personal del Servicio Penitenciario Federal dejaba salir y equipaba a presos para delinquir.
El 4 de enero de 1999, Maximiliano Noguera, otro detenido por el asalto al restaurante, apareció ahorcado en su celda de Caseros. También murió Miguel Arribas, quien se había manifestado dispuesto a declarar sobre complicidades entre detenidos y guardiacárceles: el 12 de mayo de 1999, al bajar de un celular en el que era trasladado a declarar en otra causa, fue baleado por la espalda en un supuesto intento de fuga.
Otro detenido confesó a Baños que había sido enviado para asesinarlo; mostró conocer detalles de los movimientos del magistrado, lo cual sugería que éste había sido objeto de seguimientos. Esto fue investigado por la jueza Vilma López, quien a su vez fue amenazada mediante un paquete que contenía un pequeño ataúd con una bala en su interior.
En abril de 2000, Página/12 dio a conocer una carta escrita por Alejandro Núñez: “Mis salidas del penal son ciertas. (...) De todas las salidas se encargaba el anterior jefe de seguridad interna y el jefe de requisa, actual de sección visita (...) Supuestamente ellos le dan una parte al jefe del penal, que estaba (al tanto) de mis salidas. Yo (debía) abonar el pago de la supuesta salida que es 150 mil dólares y la tercera parte de lo que me brindaran los frutos de mis atracos (...) Si no, pregúntele a Arribas, Miguel, que estaba al tanto de que yo salía porque estaba en el piso 14b”. La carta agregaba: “Me encuentro muy preocupado sobre mi situación y bienestar físico. Ya que no creo que yo siga vivo (...). Algunas autoridades penitenciarias de esta unidad han sido destinadas a otras unidades y nada puede evitar tomar represalias hacia mi persona (...) Si me pasara algo, nadie sospecharía de estas personas, que sí pueden dirigir a otras a ejecutar algún cometido hacia mi persona”.
En el juicio que empieza hoy ocuparán el banquillo, además de Núñez, el cabo penitenciario Christian Franco, Oscar Chazarreta y Pablo Argañaraz. Los cargos son “homicidio, robo y encubrimiento”. La audiencia será conducida por los jueces Alejandro Becerra, Fátima Ruiz López y Rafael Oliden, y la duración del juicio está prevista en ocho días.