Imagen: Laura Gallo.

El retroceso en la reforma de seguridad pública iniciada en los últimos años, la hegemonía de las ideas autoritarias ante la llamada “ola de inseguridad” y autonomización de la policía fueron las preocupaciones más recurrentes de la jornada sobre “Gestión civil, transformación democrática y seguridad”. Entre los oradores reunidos en el Pasaje Dardo Rocha, en La Plata, hubo diputados de distintas fuerzas políticas, especialistas como León Arslanian o Marcelo Saín y referentes de organizaciones sociales. Todos firmaron el Acuerdo para la Seguridad Democrática en la Provincia de Buenos Aires, impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Es un paso gigante acordar un piso mínimo más allá de las diferencias”, dijo el diputado Martín Sabbatella. A su lado estaban, entre otros, Ricardo Alfonsín y Felipe Solá.

La jornada constó de dos paneles, en el primero se expusieron conceptos sobre la seguridad como política de Estado, en el segundo disertaron expertos en la materia. Uno de los organizadores, Alejandro Mosquera, de la Comisión por la Memoria, objetó la actual “demagogia punitiva” por su “rasgo antidemocrático y autoritario y la ineficacia comprobada para mejorar la seguridad”. “Estamos aquí para decirle ‘nunca más’ a la mano dura, a la violencia policial y al hacinamiento carcelario”, dijo Mosquera, quien propugnó una solución integral al problema a partir de más y mejores políticas sociales.

Juan Carlos Morán, de la Coalición Cívica, remarcó el avance del narcotráfico en la provincia como generador de violencia. “Tenemos que combatirlo sin criminalizar a los consumidores”, aclaró el diputado. Luego habló Eduardo Macaluse, del bloque Solidaridad e Igualdad, quien citó al politólogo Murray Edelman: “Establecer una serie de sucesos como un problema implica una doble operación ideológica. Es priorizar un tema y a la vez contrabandear una solución enlatada”. La crítica era para los medios de comunicación y la “política delivery”. “Dan soluciones en cinco segundos: aumento de la penas, mano dura o pena de muerte”, dijo.

¿Por qué a los progresistas les cuesta tanto hablar de la inseguridad? La pregunta, planteada por el diputado Gerardo Milman del GEN, recibió la misma respuesta en diferentes intervenciones: porque el tema siempre fue patrimonio de la derecha autoritaria. “Esa derecha siempre relaciona inseguridad con pobreza, pero en los sectores altos están los delitos más complejos y tecnificados, como el narcotráfico internacional”, indicó Milman. Jorge Ceballos, de Libres del Sur, retomó la asociación entre pobreza y delito y mencionó las estigmatizaciones por clase y edad: “Nosotros decimos que los jóvenes no son peligrosos, están en peligro”. En representación de la CTA disertó Hugo Godoy, quien mencionó algunos retrocesos: el cambio en la jerarquía policial, la unificación de los ministerios de Justicia y Seguridad bonaerenses y la gran cantidad de jóvenes dentro de la población carcelaria. A su lado, Martha Arriola recordó los intentos frustrados por democratizar la seguridad pública, por ejemplo la reforma policial implementada por Arslanian o los foros de seguridad ciudadana. Ricardo Alfonsín llegó justo para cerrar el panel. Agitado, el radical criticó la doble moral de la derecha: “Es fácil ser bueno y respetar la ley cuando uno come, sus padres trabajan y tienen casa”.

Entre el público había defensores, fiscales, jueces, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo e integrantes de diferentes organizaciones sociales. También estaban Horacio Verbitsky, presidente del CELS; el diputado del Peronismo Federal Felipe Solá y el rabino Daniel Goldman. El auditorio del primer piso del Pasaje Dardo Rocha congregó alrededor de 300 personas, que pudieron llevarse una copia del acuerdo suscripto por la personalidades presentes y otras tantas que no estuvieron.

El segundo panel, el de los expertos, fue coordinado por el presidente de la Comisión por la Memoria, Hugo Cañón. El primero en hablar fue el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, quien al igual que Milman mostró su preocupación por “la criminalidad de los poderosos”. Chillier también aseguró que la violencia en los sectores de bajos recursos “es muchas veces la única opción de construir identidad y reconocimiento por lo que deberíamos buscar otros mecanismos para construir identidad, vínculos y redes sociales”.

Para Alberto Binder, en la última década los sectores autoritarios lograron rearmarse y entrar al escenario político. “Si no fortalecemos la seguridad estatal, nos vamos a quedar limitados a construir una vida artificial de paz”, dijo el jurista, en una alusión a la expansión de los countries. “La sociedad pide cambios de fondo –estimó–, pero sólo se hacen cambios de instrumentos. Hace falta sentar las bases pensando en 20 años adelante. Por lo pronto, tenemos que establecer la base para que el próximo año electoral no arrastre a una demagogia pueril y perdamos de vista el objetivo de una democracia inclusiva.”

La persona más mencionada en los distintos discursos de los panelistas fue Arslanian, quien cerró el panel recordando algunos hitos de su gestión al frente del Ministerio de Seguridad bonaerense. “Nosotros convocamos a trabajar a otros sectores académicos y educativos, por ejemplo. Y sancionamos dos leyes, la 12.154 y la 12.155, para reformar la política de seguridad”, dijo Arslanian, quien denunció el actual “policiamiento”. A su parecer, hay una “necedad absoluta” entre los que creen que la policía puede resolver todo: “Tienen que saber que la seguridad no es un problema de la policía, al contrario, la policía es parte del problema”.